Argentina. Milei y su agenda ultraliberal

   El portal digital de la agencia de noticias Télam aparece inactivo, al intentar acceder a ese sitio se observa un mensaje de “Página en reconstrucción” y resulta imposible leer algún material publicado en el medio argentino que se fundó hace casi ocho décadas.

   La caída del sitio web de la organización periodística no está relacionada con una falla técnica ni con algún tipo de mantenimiento momentáneo, sino con una controvertida decisión gubernamental que ya generó fuertes críticas dentro del país sudamericano.

   El cierre de Télam, un medio que cuenta con más de 700 empleados, es una de las más recientes acciones del presidente Javier Milei. Como candidato a la Casa Rosada, el ahora jefe de Estado había emprendido una campaña abierta contra ese medio, al acusarlo de parcialización a favor del kirchnerismo, nombre con el cual se conoce al movimiento político gestado en torno al fallecido exgobernante Néstor Kirchner (2003-2007), y a su viuda y también exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

   Desde su llegada al poder el 10 de diciembre pasado, Milei ha implementado un extenso paquete de medidas calificado por la prensa nacional y foránea como un plan de ajustes sin precedentes, que mientras ha cumplido su propósito de reducir considerablemente el gasto público, no ha resuelto muchas de las urgencias económicas que enfrenta el país.

   Pese a resultados que varios expertos y analistas consideran adversos, el 1 de marzo, en su discurso de apertura del 142 período de sesiones en el Congreso de la Nación, el mandatario manifestó que buscará llevar adelante sus medidas, ya sea con el apoyo del legislativo o mediante decretos, porque, de otro modo, “Argentina no tiene futuro”.

   Fue en esa misma intervención en la que anunció un paquete de leyes “anticasta”, dio a conocer la intención de firmar un nuevo contrato social e informó sobre el controvertido cierre de Télam.

   PACTO DE MAYO

   El presidente argentino se dirigió por primera vez al Congreso durante 70 minutos, y en las afueras de la sede de ese órgano se concentraron partidos de izquierda y organizaciones sociales que protestaron contra sus acciones de ajuste, así como algunos grupos oficialistas favorables a su plan de gobierno.

   Uno de los momentos más significativos de su alocución resultó el llamado a gobernadores, expresidentes y líderes de partidos políticos a deponer las diferencias y encontrarse el venidero 25 de mayo para firmar un acuerdo que bautizó como Pacto de Mayo, el cual, según explicó, busca sentar las bases “de una nueva Argentina”.

   La propuesta fue dada a conocer en un contexto de enfrentamientos con los mandatarios de provincias, luego de que el presidente decidiera recortar el envío de financiamiento a esos territorios, lo que llevó a varios de ellos a interponer demandas en contra del gobierno nacional.

   De acuerdo con Milei, un ultraliberal que busca reducir el Estado al mínimo, este Pacto de Mayo constituiría un contrato social destinado a establecer los 10 principios de un nuevo orden económico argentino, el cual estaría dirigido a revertir lo que él considera un modelo empobrecedor que se ha alargado por un siglo y que se profundizó durante los últimos 20 años.

   Los primeros cinco puntos de la propuesta son la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno a un 25 por ciento del Producto Bruto Interno; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos.

   Además, la iniciativa promueve el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que impulse el trabajo formal; una reforma provisional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación; una  reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados; y la apertura al comercio internacional.

   Sobre tales principios, el periódico Página 12 señaló que en realidad son recetas de ajustes ampliamente conocidas, marcadas por la misma esencia del viejo Consenso de Washington.

   Con ese nombre se conoce al acuerdo impulsado en 1989 por el economista británico John Williamson, el cual estableció un decálogo económico neoliberal de defensa de la propiedad privada y del papel del mercado, y de restricción del rol del Estado.

   El diario digital Sitio Andino también calificó al pacto como una copia exacta del Consenso de Washington, del cual, apuntó, ha quedado claro su éxito nulo, y un criterio similar expresó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien, además, consideró que Milei usa esa propuesta como forma de extorsión.

   La idea de tal manera ha sido repetida por otros medios de prensa y figuras públicas del país, incluido el gobernador de Buenos Aires,  Axel Kicillof, debido a que el presidente condicionó la concertación del acuerdo a que los mandatarios de las provincias respalden su fracasada Ley de Bases y Puntos de Partida, conocida como “ley de ómnibus”.

   Hasta el momento, diarios argentinos reportan que la mayoría de los gobernadores estarían a favor de respaldar el pacto propuesto por Milei, si bien varios de ellos que desean conocer más detalles sobre su contenido y el modo en que favorecería a sus territorios, en tanto una minoría, fundamentalmente conformada con figuras peronistas, rechazan la iniciativa o todavía no han aclarado su postura al respecto.

   CONTRA “LA CASTA” Y CONTRA TÉLAM

   Otro momento importante del mencionado discurso fue la divulgación de un “paquete de leyes anticasta” que, entre otros temas, busca eliminar las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes; obligar a los sindicatos a realizar elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral; privilegiar los convenios entre trabajadores y empleadores por encima de los convenios colectivos; descontar la jornada de sueldo a empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivos de huelga; y eliminar el financiamiento público de los partidos.

   Milei, quien llegó al poder con un discurso antisistema y contrario al establishment político, hizo de la oposición a “la casta” uno de los principales ejes de su campaña presidencial, al definir bajo ese término a los políticos más tradicionales que él considera con falta de moral y causantes de los males de la nación.

   Sin embargo, diversas fuentes apuntan en la misma intervención en la que dio a conocer las medidas anticasta tendió la mano a los representantes de esa clase política, al invitarlos a unirse al Pacto de Mayo, en lo que fue calificado por el diario español El País como una estrategia del palo y la zanahoria.

   Pero, de todos los pronunciamientos realizados por Milei, quizás el que tuvo un impacto y repercusión más inmediata fue la decisión de cerrar Télam, bajo el argumento de que “ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.

   Menos de 72 horas después de ese anuncio, el portal digital de la agencia ya estaba caído, sus trabajadores habían recibido un correo con la notificación de que estaban “dispensados” de trabajar los próximos siete días desde las 23:59 hora local del domingo 3 de marzo, y alrededor de la sede de la agencia de noticias se levantaban vallas para impedir el paso.

   Según reportó El País, muchos de los trabajadores de la organización periodística, aún desconcertados por el futuro inmediato, participaron el lunes último en un abrazo simbólico a las puertas del edificio, mientras se leían pancartas con mensajes como “Defendemos Télam” y “Télam no se cierra”, en tanto los trabajadores del lugar denunciaron que el gobierno llevaba adelante uno de los peores ataques a la libertad de expresión en los últimos 40 años.  

   Manuel Adorni, vocero de la presidencia, adelantó que en los próximos días se conocerán el destino de los empleados y el plan gubernamental para el cierre de la agencia, que al igual que los demás medios públicos del país se encuentra intervenida por el Ejecutivo desde febrero bajo la justificación de “modificar su estructura orgánica y funcional”.

   La medida contra Télam generó protestas de miembros del gremio, organizaciones sociales y figuras públicas, al tiempo que puede provocar movilizaciones masivas o un nuevo paro nacional en las jornadas venideras, de acuerdo con lo manifestado por líderes sindicalistas.

   Al igual que esa agencia, otros medios y empresas estatales parecen enfrentar un incierto porvenir que podría llevarlos a la desaparición o la privatización, a tono con las ideas del presidente ultraliberal, quien todavía no cumple 100 días de gobierno.