Estados Unidos. Incertidumbre en la frontera sur.

   Más de tres años después de su puesta en vigor, el Gobierno de Joe Biden puso fin a la controvertida política conocida como Título 42, una decisión esperada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes dentro y fuera de Estados Unidos, pero causante de muchas interrogantes sobre qué sucederá en lo adelante. 

   Desde que comenzó a aplicarse por la administración de Donald Trump en 2020, la regulación usada de manera amplia durante la pandemia de la Covid-19 para realizar expulsiones rápidas había sido blanco de numerosas críticas, pues muchas fuentes consideraron que se escudaba en una supuesta amenaza de salud pública para impedir las entradas de inmigrantes al país norteño.

   La expiración de esa normativa el pasado 11 de mayo, sin embargo, llegó junto a otras medidas consideradas también polémicas en grado superlativo.

Una política controversial

   El nombre con el cual se designa a la mencionada regla corresponde al Título 42 del Código de Leyes, el cual aborda cuestiones relacionadas con salud pública, bienestar social y derechos civiles.

   Aunque se trata de una regulación vigente desde muchas décadas atrás, se volvió más mencionada a partir de que el Ejecutivo de Trump decidió apelar a ella.

   La administración del republicano, quien desplegó una oposición frontal a la inmigración, empleó en específico la sección 265 del código, en la que se permite a las autoridades sanitarias denegar la entrada a Estados Unidos de personas o bienes para evitar la propagación de enfermedades transmisibles desde un país extranjero.

   En marzo de 2020, poco después de que la Covid-19 fuera declarada una pandemia, el Gobierno estadounidense invocó esa sección para emitir una orden dirigida a limitar la migración a través de las fronteras norte y sur. Su argumento: era necesario reducir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

   Antes de la entrada en vigor de esa decisión, los migrantes podían cruzar de forma irregular, pedir asilo e ingresar a Estados Unidos, donde eran evaluados y muchas veces liberados en espera de que terminara la revisión de sus casos.

   Luego de adoptarse el Título 42, los agentes fronterizos tenían la potestad de devolverlos rápidamente a México sin la posibilidad de solicitar asilo, aunque ese es un derecho reconocido en la legislación norteamericana.

   Según recordó el sitio digital Vox, la Casa Blanca alegó entonces que autoridades sanitarias habían recomendado tal accionar para prevenir la transmisión de la Covid-19, pero en realidad los funcionarios de dicho sector no fueron sus promotores y muchos se opusieron.

   El esfuerzo, apuntó el medio estadounidense, fue dirigido por Stephen Miller, exasesor de Trump y el principal arquitecto de su política de inmigración nativista, que se centró en reducir los niveles generales de entradas a Estados Unidos por vías deliberadamente crueles.

   Con la adopción del Título 42, se produjeron más de 2,8 millones de expulsiones de inmigrantes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, incluidas numerosas personas que intentaron cruzar el área limítrofe en varias ocasiones, pues esta regla no implicaba el procesamiento penal de los devueltos.

   Aunque en su etapa como candidato presidencial demócrata Biden criticó duramente las regulaciones migratorias de Trump, tras su llegada a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, mantuvo las expulsiones rápidas que impedían el acceso al asilo y a otras protecciones humanitarias.

   El mandatario demócrata pretendió poner fin a la implementación del Título 42 hace un año, pero fiscales generales republicanos rechazaron el intento, al aducir que podría conllevar a un gran aumento de los cruces en territorios fronterizos, y varios tribunales impidieron levantar la medida.

   Solo la decisión de dar por terminada a partir del último 11 de mayo la emergencia nacional relacionada con la Covid-19 permitió que también expirara en esa fecha la aplicación del Título 42.

¿Qué esperar ahora?

   Para Biden el paso dado no significa que terminen las controversias vinculadas con cuestiones migratorias, pues recibe críticas de ambos lados del espectro político.

   Figuras republicanas y conservadoras afirman que puede ocurrir un incremento considerable de los arribos, e incluso algunas hablan de una supuesta “invasión”, y varios demócratas y activistas condenan la adopción de otras regulaciones restrictivas.

   Con la culminación del Título 42, vuelven a predominar ahora las reglas vigentes antes de 2020 y comprendidas en el Título 8, las cuales abarcan cuestiones de asilo, refugiados y visas, e igualmente contienen un mecanismo para la deportación rápida de personas, por lo que todavía es posible que muchos migrantes sean procesados y sacados de Estados Unidos en unos pocos días. 

   Además, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió en abril que el inminente regreso al Título 8, aplicado también durante la pandemia de forma paralela al otro, implicaba que habría duras consecuencias para la migración irregular (quienes sean atrapados cruzando de forma ilegal no podrán regresar durante cinco años y corren el riesgo de un proceso penal en caso de hacerlo). 

   Mayorkas ha reiterado que las fronteras no están abiertas y ha pedido a los interesados en ingresar a Estados Unidos que usen vías legales, en momentos en los que el Ejecutivo impulsa varias regulaciones destinadas a impedir que se produzca el elevado flujo de personas advertido continuamente por los republicanos.

   Como parte de la estrategia para evitar una mayor oleada, la administración de Biden decidió rechazar a solicitantes de asilo que no hayan buscado protección primero en un país por el que viajaron o que no hayan realizado una petición en línea a través de la aplicación CBP One.

   Las directrices también establecen que las familias que crucen los límites con México de forma irregular estarán sujetas a toques de queda y al uso de dispositivos de monitoreo en el tobillo, una experiencia que podría comenzar pronto en ciudades como Baltimore, Chicago, Newark y la capital Washington D.C., comunicó la agencia Associated Press.

    Aunque los augurios señalaban que tras el cese del Título 42 ocurriría una inundación de inmigrantes, ese no ha sido el caso.

   Mayorkas informó que, en los dos días siguientes al término de esa política, la Patrulla Fronteriza registró una caída de aproximadamente un 50 por ciento en la cantidad de personas encontradas en la línea divisoria meridional, al descender de más de 10 mil diarias a seis mil 300, el 12 de mayo, y a cuatro mil 200, en la jornada posterior.

   Atribuyó esos datos a los preparativos realizados por la administración durante meses para enfrentar el cambio de normativa, que incluyeron el envío de cientos de soldados a la frontera sur.  

   Sin embargo, ese comportamiento inicial quizás no se mantendrá en el tiempo. La disminución de las llegadas puede deberse a los anuncios de las nuevas restricciones o a las dudas sobre cómo proceder en lo inmediato, pero no se descarta que en un futuro cercano puedan ocurrir incrementos.

   De hecho, el subjefe de la Patrulla Fronteriza, Matthew Hudak, apuntó en un expediente judicial que predicen que los arrestos se elevarán a una cifra entre 12 mil y 14 mil por día, y el propio Mayorkas reconoció que todavía era muy pronto para saber cómo evolucionaría la situación.

   La incertidumbre en torno al futuro de las políticas migratorias y su impacto resultan todavía mayores si se tiene en cuenta que enfrentan críticas y desafíos legales de personas y organizaciones que las consideran demasiado permisivas o muy severas. 

   El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, envió una carta a sus homólogos de otros estados para pedir asistencia y recursos con el fin de enfrentar “la avalancha de actividad fronteriza ilegal invitada por la administración Biden”, y su similar de Florida y copartidario, Ron DeSantis, anunció planes de enviarle mil 100 oficiales estatales y agentes de la Guardia Nacional.

   Del otro lado, líderes de organizaciones civiles y de derechos de los inmigrantes subrayan que nuevas normas de asilo obligarán a los solicitantes a esperar durante meses o años en condiciones de extrema vulnerabilidad en México.  

   “Las personas que huyen de la persecución tienen el derecho legal de buscar asilo, sin importar cómo lleguen a la frontera”, apuntó en un comunicado Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que junto a otros grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles presentó un desafío legal contra la política fronteriza.

   En tanto, se estima que decenas de miles de migrantes se encuentran en refugios y calles del territorio septentrional mexicano en espera de una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.

   A criterio de disímiles voces, ese escenario difícilmente podrá revertirse mientras que en sus países de origen se mantengan las condiciones de violencia, criminalidad y pobreza que muchas veces los llevan a emprender el riesgoso camino hacia el norte.

José Oscar Fuentes
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