Que Estados Unidos tiene un problema con las armas de fuego es un algo sabido. Así lo demuestran a menudo las noticias relacionadas con tiroteos masivos, asesinatos, disparos accidentales, incluso a manos de niños, o las inquietantes cifras de suicidios llevados a cabo con esos artefactos.
Menos conocido, sin embargo, resulta el hecho de que ese mal trasciende fronteras y afecta también a América Latina y el Caribe, donde muchos crímenes son ejecutados con armamento proveniente de la nación norteña.
De esa forma, lo denunció la organización estadounidense sin ánimo de lucro Global Action on Gun Violence, la cual afirmó que las armas, muchas de ellas exportadas de forma legal, fluyen hacia el sur en un “río de hierro” que termina en cárteles de la droga y fuerzas de seguridad abusivas.
La agrupación, al citar datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), sostuvo que más de la mitad de los objetos de ese tipo recuperados en América Latina a raíz de actividades criminales tuvieron su origen en el territorio norteamericano, y ese número se acera al 70 por ciento en el caso de México, mientras sube hasta el 80 por ciento en el Caribe.
Durante un evento organizado por el Center for American Progress el último 17 de abril en Washington D.C., Elizabeh Burke, integrante de Global Action on Gun Violence, pidió normas que impidan a los productores de armas venderlas a comerciantes con prácticas laxas de distribución.
En esa misma línea, el activista John Lindsay-Poland, de la organización Stop US Arms to Mexico, añadió que la suavidad de las normas sobre licencias contribuye a facilitar el flujo transfronterizo de los instrumentos, incluidos los de grado militar deseados por los cárteles.
“¿Por qué estaríamos armando a las mismas personas contra las que decimos estar luchando?”, cuestionó, citado por la agencia de noticias Reuters.
Los efectos del flujo desde el Norte
El evento celebrado en Washington D.C. no representó la primera ocasión en que varios grupos señalan la responsabilidad de los fabricantes en Estados Unidos con la violencia en la región vecina.
La propia página web de Global Action on Gun Violence critica que esa industria abastece a Canadá, y a México y a otras naciones latinoamericanas y caribeñas.
Para las empresas que solo se preocupan por maximizar las ganancias, abastecer el mercado criminal en todo el mundo es una característica, no un error, de sus prácticas comerciales imprudentes, apunta la organización.
En comparación con Estados Unidos, los países latinoamericanos tienen regulaciones más severas sobre la venta de armamento, además de que imponen restricciones a la edad, comprobación de antecedentes penales y pagos recurrentes de tasas y tarifas para las personas que las poseen. Además, en muchos casos se exigen cursos de capacitación, y evaluaciones físicas y mentales, según el estudio “Las políticas de control de armas pequeñas en América Latina”, publicado en 2021 en la Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad.
De acuerdo con esa investigación, ello se debe a que mientras en Estados Unidos la posesión y uso de armas pequeñas son considerados como un derecho constitucional básico de cada individuo, en América Latina representan un privilegio, y solo Guatemala, Haití y México recogen en sus cartas magnas el derecho a la tenencia, aunque con limitaciones mediante leyes y decretos.
América Latina es la zona con una política de armas más restrictiva en todo el mundo, se trata de un sector con muchas limitaciones, declaró a principios de este mes al portal BBC Mundo Carlos Pérez Ricart, estudioso del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con sede en México.
En general, los países de la región tienen reglas muy limitantes para la tenencia, debido a que han seguido una tradición de desarme desde mediados del siglo pasado, como resultado de varias guerras civiles, agregó el experto.
A pesar de eso, el referido medio británico de comunicación advirtió que tales restricciones no se han traducido en menos artefactos circulando en las calles de esa área geográfica, donde vive solo un ocho por ciento de la población mundial, pero se concentra un 37 por ciento de los homicidios, según datos de la Organización de Naciones Unidas.
BBC Mundo añadió que los esfuerzos por contar con un estricto control se ven socavados por el flujo ilícito de material que llega del extranjero, especialmente de Estados Unidos.
Ese tráfico asesta duros golpes a una zona donde cada año cerca de 156 mil personas son asesinadas con tales medios y miles más pierden la vida a causa de accidentes o suicidios ejecutados con tales instrumentos, de acuerdo con informaciones citadas por los académicos Eugenio Weigend y Silvia Villarreal en el portal digital chileno CIPER.
Los autores manifestaron que, mientras a nivel internacional el 44 por ciento de los homicidios ocurren con un arma de fuego, en el caso de América Latina ese indicador sube a 75 por ciento.
Cifras manejadas por la ATF apuntan que de 2014 a 2019, más de 15 mil 400 medios de ese tipo incautados en países centroamericanos, seis mil recuperados en el área del Caribe y cerca de 11 mil 800 decomisados en Canadá habían salido originalmente de territorio estadounidense.
Acciones legales de México
En noviembre de 2020, un artículo del diario The Washington Post divulgó que cada semana los fusiles de francotirador calibre .50, considerados entre los más destructivos disponibles legalmente en Estados Unidos, eran contrabandeados a través de la frontera hacia México, donde organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y muy militarizadas controlan arsenales que compiten con el de las autoridades.
La publicación aseveró entonces que después de años de esfuerzos fallidos por parte de los gobiernos de los dos países para frenar el flujo, cárteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa estaban exhibiendo sus armas de grado militar en llamativos videos de propaganda, y utilizándolas para derrotar a las fuerzas de seguridad en los enfrentamientos.
Precisamente México aparece como la nación más afectada por las laxas normativas estadounidenses en materia de compra y portación, y por el tráfico continuo hacia el sur. Datos manejados por el propio Gobierno en 2020 indicaron que durante la década anterior habían entrado a través de la frontera norte cerca de 2,5 millones de armas ilícitas.
En agosto de 2021 el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda en un tribunal de Boston, Massachusetts, contra 11 compañías de producción y distribución de Estados Unidos como Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC, y Glock Inc., a las que acusó de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas” a la nación latinoamericana.
“Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de población civil y autoridades de México”, afirmó entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores en un documento dedicado a explicar la medida legal, con la cual se buscaba una indemnización por miles de millones de dólares.
Más de un año después, en septiembre de 2022, el juez federal Dennis Saylor la desestimó, al apuntar, entre otros motivos, que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (Pclaa, por sus siglas en inglés) impedía las acciones que buscaban responsabilizar a los fabricantes de armas por daños derivados del uso indebido “delictivo o ilegal” de sus mercancías por un tercero.
Luego de ese revés judicial, México apeló la decisión de dicho magistrado en marzo pasado, al insistir en que la Pclaa, que otorga inmunidad a quienes manufacturan y comercian con armas, no abarca los daños causados en su territorio.
Esa apelación recibió el respaldo de nueve documentos conocidos como amicus curiae (o amigos de la Corte), los cuales fueron presentados por un amplio espectro de actores, entre ellos 17 fiscales estatales y 24 fiscales de distrito de Estados Unidos, oficiales y exoficiales de las fuerzas del orden, juristas, víctimas de la violencia armada, y cinco países (Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago).
Además, México también introdujo en octubre de 2022 una segunda demanda, en esa ocasión en Arizona, contra cinco empresas ubicadas en tal estado a las que acusó de vender armas de forma imprudente, a pesar de la existencia de una certeza razonable de que contribuyen a la violencia de los cárteles al otro lado de la frontera.
Más allá de los resultados definitivos que tengan esas acciones en las cortes estadounidenses, el hecho de que hayan sido interpuestas y el apoyo recibido por parte de diversos actores evidencian el negativo impacto del “río de hierro” que sigue corriendo indetenible hacia América Latina.
