El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández salió este martes de una prisión de Estados Unidos, y unos se asombran, otros se alegran y muchos discrepan con el mandatario norteamericano Donald Trump, responsable del indulto.
Según Trump —quien dijo escuchar a “personas que respeta mucho” y quien, al parecer, sostienen algunos, actúa como si estuviera por encima del bien y del mal—, Hernández, o simplemente JOH, “fue tratado con mucha dureza e injusticia”.
La dureza, recordemos, era sinónimo de una sanción de 45 años de cárcel por cargos relacionados con narcotráfico, impuesta en una corte de Nueva York en julio de 2024, cuando Joe Biden ocupaba la Casa Blanca tras vencer en las urnas en noviembre de 2020 a quien lo sucedió en el poder en enero pasado.
En este periódico escribimos en marzo de 2024, cuando el exgobernante hondureño fue declarado culpable, que se convirtió en el segundo exjefe de Estado condenado por semejantes delitos en la nación norteamericana, luego de que en 1992 el general panameño Manuel Antonio Noriega recibiera un castigo de cuatro décadas sin libertad.
DE PRESIDENTE A REO
También apuntamos que JOH, nacido el 28 de octubre de 1968 en el departamento de Lempira, llegó a la vida política en 1990, momento del inicio de su carrera profesional en el Congreso como asistente ejecutivo de su hermano Marco Augusto, quien ostentaba la secretaría de ese poder estatal.
Desde dicha posición se vinculó directamente con la alta dirigencia del derechista Partido Nacional y, ocho años después, pasó a ser miembro del Legislativo, órgano del cual resultó titular durante el gobierno de Porfirio Lobo, de 2010 a 2014.
A partir de 2014 y hasta 2022 se mantuvo como jefe de Estado, aunque la Carta Magna prohibía la reelección presidencial; pero siendo entonces líder del Congreso promovió el relevo de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes posteriormente dieron luz verde a la prolongación en el cargo.
JOH se mostró en su administración como aliado de Estados Unidos, que respaldó la controvertida campaña en 2017 en el comienzo del primer mandato de Trump y en medio de cuestionamientos de fraude por parte de los rivales.
El 15 de febrero de 2022, solo 19 días después de haber concluido sus responsabilidades, fue detenido en su residencia en Tegucigalpa por miembros de la Policía Nacional, en respuesta a una orden de arresto provisional emitida a raíz de una solicitud norteamericana de extradición.
Fue trasladado el 21 de abril siguiente a suelo estadounidense en un movimiento a cargo de la Agencia para el Control de Drogas. En una rueda de prensa en Washington D. C., el entonces fiscal general, Merrick Garland, señaló que “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado”.
PROCESO JUDICIAL
La Fiscalía presentó pruebas materiales y más de una docena de testigos, algunos de ellos prisioneros por narcotráfico y colaboradores con las autoridades en busca de reducir sus propias sentencias.
Aunque el expresidente negó los cargos que se le imputaron y llegó a subir al estrado para defenderse, quienes comparecieron en su contra afirmaron bajo juramento que lo sobornaron a él y a otros políticos para proteger sus negocios.
Un contador, presentado con el nombre ficticio de José Sánchez, aseguró que presenció cuando un traficante de drogas sobornó al otrora mandatario. Y Alexander Ardón, un exalcalde declarado culpable de narcotráfico, subrayó haber estado presente cuando JOH recibió dinero del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
ANUNCIO DE TRUMP
El anuncio del indulto ocurrió dos días antes de las elecciones de Honduras, el pasado 30 de noviembre, y Trump, antes de esa consulta para elegir presidente, diputados y otros cargos, dio su respaldo al principal candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
“Dado que Estados Unidos tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo de Honduras, lo apoyaremos con firmeza”, anotó en la plataforma Truth Social.
Para Trump, autor también de críticas abiertas al aspirante presidencial del igualmente derechista Partido Liberal, Salvador Nasralla, “si no gana (Asfura), Estados Unidos no estará malgastando dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar cuál sea”.
Múltiples voces consideraron tal proceder como otra de las tantas intromisiones del ocupante del Despacho Oval en la política de naciones distintas a la suya, y fue aún más polémico pues se produjo cuando la propuesta a la presidencia de Honduras por el gubernamental e izquierdista Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, encabezaba —según varias encuestas— la intención de voto.
Al cierre de este texto, mientras se espera la proclamación oficial del triunfo de Nasralla o Asfura, teniendo en cuenta que fueron los más respaldados entre cinco nombres, a juzgar por datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, y con JOH libre, vale una pregunta: ¿Trump hace justicia o actúa a su conveniencia?
Quizás, para responder, no debe obviarse que ese presidente es el mismo que, por un lado, indulta a un narcotraficante y, por el otro, ordena ataques criminales en el Caribe a nombre del cuestionado enfrentamiento estadounidense contra los estupefacientes.
