Cincuenta años después de que el expresidente Salvador Allende perdiera la vida dentro de un Palacio de la Moneda castigado por las bombas, Chile todavía sufre las heridas causadas por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura instaurada ese día.
Durante los 17 años siguientes, el régimen militar encabezado por Augusto Pinochet dejó una estela de terror y represión marcada por los asesinatos, las torturas y las desapariciones forzadas, una página oscura en la historia continental que sigue sin cerrarse, pues más de mil personas continúan en paradero desconocido.
Al mismo tiempo, aún son muchas las interrogantes en torno a los hechos de aquella jornada de caos y violencia, incluidas las relacionadas con la participación de Estados Unidos en los acontecimientos, cuando documentos recientemente desclasificados por Washington vuelven a llamar la atención sobre las implicaciones de la administración de Richard Nixon (1969-1974).
GOBIERNO DE IZQUIERDA AL PODER
Tras imponerse en las elecciones celebradas el 4 de septiembre de 1970 como candidato de la Unidad Popular (UP), Allende asumió la presidencia de Chile el 3 de noviembre de ese mismo año, en lo que representó la primera vez en la historia que una coalición de izquierda socialista llegaba al poder gracias a un triunfo en las urnas.
Ese resultado no fue bien recibido en Estados Unidos, donde Nixon promovió numerosas acciones para provocar su fracaso, desde el apoyo encubierto a grupos opositores hasta la implantación de un embargo económico.
Washington no veía con buenos ojos a un presidente que se declaró latinoamericanista y antiimperialista, que emprendió medidas como la nacionalización de industrias básicas y la profundización de la reforma agraria, y que aumentó los salarios y bloqueó los precios de los productos básicos para evitar su subida.
Tal interferencia desde el norte se combinó con los numerosos obstáculos políticos y económicos que enfrentó el Gobierno de la UP desde sus inicios. Mientras intentaba impulsar la llamada “vía chilena”, que promovía el tránsito del capitalismo al socialismo de forma democrática y pacífica, Allende chocó contra una fuerte oposición y los criterios de figuras de la propia izquierda que no compartían el camino propuesto por él.
A ello se sumaron el alto déficit fiscal vinculado al gasto social, la inflación y la falta de abastecimiento, todo lo cual fue tensando el ambiente en el país y creando las condiciones para que comenzara a gestarse entre la oposición la alternativa de un golpe de Estado.
El hecho dio pie a una dictadura que dejó más de 40 mil víctimas entre ejecutados políticos, detenidos con paradero desconocido y personas sometidas a prisión y tortura, según datos difundidos por el Ministerio de Justicia de Chile.
LA BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS
El pasado 30 de agosto el actual mandatario del país sudamericano, Gabriel Boric, anunció que por primera vez el Estado asumirá la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos.
“La justicia ha tardado demasiado”, manifestó el gobernante al firmar el decreto presidencial que reglamenta el nuevo Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, un programa destinado a esclarecer las circunstancias y el destino de esas personas, labor que durante mucho tiempo asumieron de manera solitaria sus familiares.
Tengo la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana es conocer toda la verdad, expresó el dignatario.
De acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se registraron mil 469 víctimas de desaparición forzada en Chile, de las cuales solo 307 han sido ubicadas y sus restos entregados a las familias.
“Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, apuntó el primer presidente de tendencia de izquierda en llegar al poder desde el cuartelazo contra Allende.
En un encuentro con la prensa extranjera acreditada en la nación austral, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que el objetivo del plan lanzado por Boric, el cual integrará todos los antecedentes reunidos por las comisiones de la verdad, los tribunales de justicia, familiares de las víctimas y gobiernos anteriores, es conocer las condiciones y circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Defensores de los derechos humanos saludaron la iniciativa. En declaraciones a la agencia Prensa Latina, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, consideró como un hecho sin precedentes la presentación del plan, al señalar que ningún Ejecutivo previo visibilizó esta necesidad ética, política, moral y de justicia.
Por su parte, Mónica Díaz, titular de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, agradeció la voluntad del Gobierno para emprender este programa y mostró su esperanza en resolver los temas pendientes.
No obstante, expresó al mismo medio que para llegar a buen puerto algunas instituciones deben decir dónde están los restos de los compañeros ejecutados. “Mientras no haya esa voluntad política es difícil avanzar, pero estamos esperanzados en que se produzca este diálogo”.
EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS
Poco antes de que Boric anunciara la mencionada iniciativa, el 25 de agosto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos publicó en su sitio web dos documentos sobre el golpe en Chile que se habían mantenido en alto secreto durante las últimas cinco décadas: los informes diarios del presidente de los días 8 y 11 de septiembre de 1973.
El primero de esos textos abordó la posibilidad de un levantamiento militar contra el Gobierno de la UP por parte de miembros de la Marina, quienes reclamaban el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea; mientras el segundo informó, entre otros puntos, que varias unidades militares clave respaldaban el cuartelazo.
Dichos materiales se unen a muchos otros escritos relacionados con Chile que han sido desclasificados a lo largo de los años y son vistos por varias fuentes como una nueva evidencia del conocimiento que tenía la administración de Nixon sobre los eventos en el territorio sudamericano.
En un artículo publicado sobre el tema, el diario Los Angeles Times indicó que durante mucho tiempo se ha debatido el alcance total del rol de la CIA y otros actores estadounidenses en lo ocurrido en esa nación.
“Si bien no se pensaba que la administración Nixon hubiera tenido participación directa en la ejecución del golpe, parecía encajar en el patrón de numerosos cambios de régimen que Estados Unidos diseñó clandestinamente a lo largo de décadas en América Latina, Irán y más allá”, sostuvo el periódico.
El embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés, fue más explícito al expresar que los materiales divulgados en agosto deben ser vistos en el contexto de miles de documentos que ya habían sido liberados por los mandatarios William Clinton (1993-2001) y Barack Obama (2009-2017), los cuales construyen una escena y una historia muy penosa en la vida de los dos países, que se caracteriza por una intervención permanente de Estados Unidos en la política chilena durante el período de Eduardo Frei (1964-1970) y Allende.
La responsabilidad de cada cual la tiene la historia y la verán los historiadores, pero es evidente, simplemente a la vista de esos documentos, que Estados Unidos tuvo una responsabilidad muy fuerte en lo que fue la destrucción progresiva de nuestras instituciones, el debilitamiento de la fe en la democracia y en la promoción de una actividad violenta que terminara con el proceso democrático, afirmó el diplomático en entrevista con CNN Chile.
Por su parte, Peter Kornbluh, investigador del Archivo de Seguridad Nacional y autor de libros como Pinochet Desclasificado, expresó a BBC Mundo que si bien los documentos no reflejan “un papel directo del gobierno estadounidense, de la CIA, en el golpe mismo, sí muestran tres años de esfuerzos para desestabilizar a Chile”.
El registro expone que la intención de esas operaciones era asegurar el fracaso de Allende y crear las condiciones para que pudiera ser derrocado, añadió Kornbluh, quien advirtió que “en los tres primeros años de la dictadura de Pinochet, los más sangrientos, Estados Unidos proporcionó ayuda económica y militar”.
Mientras vuelven a analizarse estas cuestiones ante la proximidad de los 50 años del golpe, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez llamó al Gobierno de su país a disculparse con las naciones latinoamericanas por décadas de intromisión en sus asuntos y por provocar inestabilidad en la región.
Creo que le debemos una disculpa a Chile, y no solo a Chile, expresó la legisladora demócrata en una entrevista con el diario británico The Guardian tras una reciente visita a ese país.
A decir de Ocasio-Cortez, gran parte de América Latina todavía lidia en la actualidad con las consecuencias de los golpes que fueron apoyados por Washington, con la Operación Cóndor que el exsecretario de Estado Henry Kissinger ayudó a liderar en gran medida.
