A casi tres meses de ocurrido, el último 8 de abril, el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, retumba aún como la mayor tragedia en la historia reciente de ese país caribeño.
La catástrofe, de acuerdo con datos reseñados por medios de prensa, dejó un saldo de 235 personas fallecidas y cerca de 180 heridas, con las respectivas secuelas para las familias de las víctimas, incluidas personalidades y autoridades.
Para diversas voces, el desastre representa un profundo perjuicio en centenares de hogares y ha puesto en evidencia graves deficiencias estructurales, legales y sociales que requieren una urgente atención.
Dicha discoteca, un ícono cultural con más de medio siglo de historia, había sido renovada en varias ocasiones, pero presentaba problemas constructivos, denunciaron los reportes periodísticos a raíz del nefasto suceso.
En 2023, expusieron, un incendio provocado por un rayo afectó la planta eléctrica en el techo y debilitó el hormigón y la estructura que lo sostenía, la cual no contaba con columnas centrales de soporte, solo estrechas a los lados.
Pese a múltiples advertencias, como la caída de fragmentos de la parte alta y quejas de empleados sobre el peligro inminente, la dirección del local decidió mantener abierta la discoteca para un concierto multitudinario del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el siniestro.
La responsabilidad penal de los propietarios, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, ha sido objeto de debate desde entonces.
Ambos fueron detenidos y acusados de homicidio involuntario, un delito tipificado en el Código Penal dominicano que data de hace 141 años y que contempla penas de hasta dos años de cárcel en casos de negligencia.
Sin embargo, el pasado 20 de junio la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrada Fátima Veloz, desestimó la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva para Antonio, el principal imputado de este proceso.
La autoridad impuso un impedimento de salida del país a los hermanos dueños del negocio, una garantía económica de 50 millones de pesos dominicanos (unos 850 mil dólares) y presentación periódica ante las autoridades.
Según la investigación, los imputados, con pleno conocimiento de los riesgos, no actuaron con la diligencia requerida.
A la vez, amplió la pesquisa, resulta imposible medir el valor del perjuicio generado con el derrumbe durante el festejo conocido como Lunes de Merengue.
“El daño es inconmensurable, pues nos encontramos con familias destruidas, menores de edad que perdieron a sus padres, ciudadanos que resultaron con lesiones permanentes”, argumentó el texto de la solicitud de la medida de coerción.
Los incriminados, agregó, cometieron hechos graves que desencadenaron de manera directa o indirecta, en detrimento de múltiples personas, y el abandono y la irresponsabilidad de ambos en el manejo del mantenimiento de la edificación conllevó a un suceso “desconcertante” y “de profunda gravedad”.
El Ministerio Público presentó pruebas que sustentaban el pedido de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel, que el caso fuera declarado complejo y negativa de salida del país, y consiguió las dos últimas exigencias.
Para ello, argumentó que los Espaillat violaron los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano (homicidio involuntario y lesiones causadas por imprudencia o negligencia).
En opinión de expertos legales, la gravedad de la tragedia merece una tipificación más severa, como homicidio simple, con condenas de 10 a 20 años de privación de libertad.
Yeni Berenice, la procuradora general, ha señalado varias veces la urgente necesidad de actualizar el Código Penal para que refleje las realidades actuales y permita sanciones justas que protejan a las víctimas.
De su lado, la sociedad dominicana mantiene un clamor constante por justicia y una revisión profunda del sistema que permitió esta tragedia, que no solo es producto de negligencia individual, sino también de fallas estructurales en la regulación y supervisión de edificaciones antiguas en el país.
El presidente dominicano, Luis Abinader, visitó el lugar y decretó días de duelo nacional, mientras que diversas autoridades y la comunidad internacional expresaron su solidaridad.
Sin dudas, opinan especialistas, la catástrofe puso en primer plano la necesidad de controles rigurosos en las infraestructuras y la actualización de leyes para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
En conclusión, el derrumbe del techo de Jet Set es una tragedia que desnuda las limitaciones legales y estructurales de Dominicana.
Así, la justicia enfrenta el reto de aplicar sanciones adecuadas dentro de un marco jurídico obsoleto, mientras que las familias y la sociedad exigen respuestas y cambios profundos.
