AME2620. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 07/12/2023.- El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León (c), encabeza una marcha junto a simpatizantes y dirigentes políticos e indígenas hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Arévalo de León lideró este jueves una marcha junto a indígenas, políticos de diferentes partidos y organizaciones civiles para exigir el respeto a los resultados electorales de este año ante la intención del Ministerio Público (Fiscalía) de revertirlos, como se ha denunciado nacional e internacionalmente. EFE/ Edwin Bercián

   El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha tenido poco espacio para la celebración tras su triunfo en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto pasado, debido a los sucesivos intentos del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de revertir su victoria en las urnas.

   Después de presentar diversas denuncias contra Arévalo y su organización política, el Movimiento Semilla, la Fiscalía guatemalteca pidió que se anulen los comicios en los cuales se impuso el hombre de 65 años de edad, al argumentar que hubo presuntas irregularidades administrativas llevadas a cabo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

   Las acciones del MP son calificadas por varias fuentes como un abuso de poder y un intento de golpe de Estado contra Arévalo, quien debe asumir la presidencia de Guatemala a partir del 14 de enero de 2024. Además, generan rechazo entre gobiernos e instituciones internacionales que las consideran una embestida contra la democracia y la voluntad popular.

   DE LA ALEGRÍA A LA PREOCUPACIÓN

   Arévalo representó la gran sorpresa en el proceso electoral guatemalteco, pues primero logró quedar en el segundo puesto en las elecciones generales del 25 de junio, a pesar de no aparecer entre los principales favoritos en las encuestas; y luego ganó con una amplia ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre su rival en el balotaje, Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza.

   El triunfo del candidato del Movimiento Semilla constituyó el ascenso de una figura que se autodefine como socialdemócrata y progresista, y que prometió, entre otros temas, crear un Sistema Nacional Anticorrupción y combatir el crimen mediante la inversión en instituciones de seguridad pública.

   Medios nacionales y foráneos reportaron en agosto que miles de personas salieron a las calles a celebrar el éxito electoral de Arévalo, porque estaban hartas de las múltiples denuncias de corrupción en el Estado y veían en el gobernante electo una esperanza de cambio respecto a los últimos años de deterioro institucional y autoritarismo.

   Sin embargo, aquella euforia inicial se ha convertido en preocupación a medida que crecen los esfuerzos de la Fiscalía y de miembros del Congreso por impedir mediante varias vías que se concrete su toma de posesión; en tanto el pueblo guatemalteco salió nuevamente a las calles, pero no a celebrar, sino a exigir que se respete el resultado de los comicios.

   La alarma mayor llegó el último 8 de diciembre cuando miembros del MP solicitaron la nulidad de los comicios y el retiro de la inmunidad del gobernante electo, al argumentar que existieron irregularidades en el procesamiento de los resultados por parte del TSE y actos ilegales en la constitución del Movimiento Semilla como partido.

   En una conferencia de prensa, los fiscales Leonor Morales y José Rafael Curruchiche presentaron resultados preliminares de una investigación sobre el manejo de documentos y la presunta alteración de resultados en un software contratado por dicho órgano.

   ¿UN CASO FABRICADO?

   La Fiscalía, que desde la victoria de Arévalo realizó varios allanamientos a las oficinas del TSE y del Movimiento Semilla, sostuvo en su pesquisa que el software adquirido por el tribunal fue “objeto de sabotaje”, lo cual permitió la alteración de resultados, y enumeró una serie de supuestas modificaciones de actas por “presuntos afiliados” al partido.

   También apuntó que la conformación del Movimiento Semilla tuvo irregularidades graves en la incorporación de ciudadanos, con un total de ocho mil 121 ilegalidades en las hojas de adhesión. Tal cifra equivale a un 32 por ciento del padrón necesario para que ese grupo quedara establecido como partido y pudiera participar en los comicios presidenciales.

   Asimismo, los fiscales señalaron la existencia de indicios de lavado de dinero, porque “no cuadran los ingresos con los egresos” de esa fuerza política, además de que detectaron aportaciones indebidas de financiación y acusaron al tribunal de no presentar las denuncias correspondientes.

   En un artículo de opinión publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, la columnista Marielos Monzón consideró que los argumentos del MP en este caso son insostenibles, “como en la mayoría de los procesos que la Fiscalía ha enderezado para criminalizar a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”.

Las acusaciones tienen un solo objetivo: impedir que el binomio electo del partido Movimiento Semilla asuma la presidencia el próximo 14 de enero, añadió la autora, quien sostuvo que decidieron fabricar un caso y manipularon los hechos y los datos para lograrlo, y mencionó varios ejemplos de inconsistencias en las denuncias.

  De igual modo, un editorial del periódico colombiano El Espectador recordó que el MP se encuentra liderado por personas incluidas en listas de corrupción internacional y que estuvieron ligadas a la controvertida expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que combatió la corrupción en ese país durante más de una década y condujo al arresto de dirigentes de alto perfil.

   Según ese medio, se entiende el desespero de Curruchiche y otros fiscales por impedir la investidura, pues “una presidencia independiente promete traer, cuando menos, indagaciones” sobre las actuaciones ilícitas de figuras públicas.

   En esa misma línea, expertos y analistas citados por la agencia española EFE manifestaron que la batalla emprendida por el MP obedece a que, si Arévalo llega a convertirse en jefe de Estado, sería el inicio de un régimen anticorrupción, que a su vez llevaría ante la Justicia a decenas de funcionarios, exfuncionarios, empresarios, ministros, militares, diputados y expresidentes, además de la cúpula de la misma Fiscalía.

   REACCIONES Y POSIBLES ESCENARIOS

   Ante la situación en Guatemala, se han sucedido numerosas críticas internacionales, como la del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien rechazó los intentos “persistentes y sistemáticos” de socavar el resultado de las elecciones y pidió respetar la voluntad de los votantes.

   De igual modo, la Unión Europea condenó “de manera inequívoca” los intentos del MP de anular el desenlace de los comicios y los consideró “un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivaciones políticas”; en tanto los movimientos de la Fiscalía también fueron reprobados por autoridades de naciones como España, Francia, Brasil, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile, Canadá y Estados Unidos, que el pasado lunes anunció restricciones de visas contra cerca de 300 ciudadanos guatemaltecos, entre ellos más de 100 congresistas, a los que acusa de “socavar la democracia” en el territorio centroamericano.

   A eso se suma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó ese mismo día una resolución que alerta a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional sobre una “inminente ruptura del orden constitucional” debido al abuso de poder por parte del MP.

   En respuesta a ese tipo de posturas, el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, rechazó “los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional” y expresó que “no hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, al tiempo que dijo apoyar un proceso de transición ordenado de cara a la ceremonia de transmisión de mando presidencial de enero.

   A pesar de esas declaraciones del actual jefe de Estado, existen dudas acerca de si llegará a concretarse la investidura de Arévalo, dado el complicado escenario judicial y político.

   Según el diario Prensa Libre, luego de que el MP entregara esta semana al TSE mil 344 folios del Caso Corrupción Semilla, los cuales deberán ser analizados por las autoridades de ese tribunal, se abren por lo menos dos escenarios para definir el rumbo del proceso de transición.

   El primero sería que el TSE rechace los señalamientos del supuesto fraude presentado por el MP y mantenga de ese modo la defensa de los resultados alcanzados en las urnas; mientras el segundo consistiría en que el TSE reconozca los indicios presentados por la Fiscalía.

    A decir de expertos consultados por el periódico, cualquiera de estas opciones van a desencadenar una serie de impugnaciones que irán escalando instancias hasta la Corte Constitucional.

   Mientras tanto, Arévalo denunció el martes que la Fiscalía y el juez Fredy Orellana le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa, pues en 33 ocasiones le han negado acceso al expediente de la pesquisa en su contra.

“Es una carpeta hecha de mentiras y por eso no nos dan acceso”, añadió el mandatario electo, mientras sigue la crisis y la incertidumbre sobre su llegada al poder.

José Oscar Fuentes
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