Por primera vez en sus 234 años de historia, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció el pasado lunes la adopción de un código de ética por parte de sus miembros, quienes eran hasta entonces los únicos jueces del país que no estaban sujetos a un mecanismo de ese tipo.
La noticia siguió a meses de críticas y presiones contra el tribunal, debido a denuncias de que varios de sus integrantes, en particular los de tendencia conservadora, tuvieron comportamientos inapropiados como realizar viajes con dinero de donantes ricos.
Aunque el documento fue bien recibido en algunos círculos, diversas voces consideraron que, en realidad, se trata de una medida muy limitada y demasiado tardía, que no aborda la raíz del problema ni llega a establecer las vías adecuadas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el texto.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE EL MÁXIMO TRIBUNAL
La Corte Suprema es el tribunal de mayor rango de Estados Unidos y está conformada por nueve jueces vitalicios, quienes solo pueden ser removidos de sus cargos por el Congreso mediante un proceso de impugnación.
Si bien anteriormente la prensa norteamericana había publicado historias sobre prácticas cuestionables de los magistrados, el tema comenzó a ganar mayor protagonismo desde abril último, sobre todo a raíz de varios trabajos publicados por ProPublica.
Ese medio de periodismo de investigación reveló entonces que casi todos los años durante más de dos décadas el juez Clarence Thomas tomó vacaciones y realizó viajes de lujo pagados por el megadonante republicano Harlan Crow, sobre los cuales no informó en sus formularios de declaración financiera.
De acuerdo con el reporte aparecido el 6 de abril, el juez y su esposa, Ginni, visitaron Indonesia en el jet privado de Crow en junio de 2019, cuando pasaron nueve días recorriendo islas en el yate privado del multimillonario, como parte de una estancia valorada en más de 500 mil dólares.
Además, la pareja tuvo estadías en el resort del megadonante en Adirondacks, donde se mezclaban con líderes corporativos y activistas conservadores.
Otros trabajos publicados por el medio indicaron que Crow compró tres propiedades pertenecientes a Thomas y su familia, una transacción que este último nunca dio a conocer, y que el multimillonario pagó la costosa matrícula de la escuela privada de un sobrino nieto del magistrado.
ProPublica manifestó que la decisión de no revelar información sobre los viajes y los pagos parece violar una legislación aprobada después del escándalo de Watergate, la Ley de Ética Gubernamental de 1978, que exige a los jueces, miembros del Congreso y funcionarios federales dar a conocer la mayoría de los obsequios que reciben.
Ese tipo de revelaciones no se circunscribieron a Thomas. Según la misma fuente, el togado Samuel Alito tampoco divulgó un viaje en 2008 a una cabaña de pesca en Alaska costeado por el empresario Paul Singer, quien es el fundador de un fondo de inversión que desde entonces llevó una decena de casos ante el tribunal, de ninguno de los cuales el juez se recusó de participar.
Asimismo, el portal Politico difundió que cuando Neil Gorsuch vendió una casa de la que era copropietario poco después de ingresar a la Corte Suprema, informó sobre la transacción, pero omitió mencionar que la propiedad fue adquirida por el director ejecutivo de Greenberg Traurig, una de las firmas de abogados más grandes del país que frecuentemente tiene casos ante ese órgano.
En esa misma línea, el diario The New York Times publicó que la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason atrajo a Gorsuch, Thomas, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett para impartir clases y realizar cursos de verano en ciudades europeas con los gastos cubiertos y salarios elevados.
Al mismo tiempo, voces conservadoras manifestaron que entre los magistrados liberales también había ejemplos de dádivas y posibles conflictos de intereses, y mencionaron en específico a Sonia Sotomayor, de quien dijeron que se negó a recusarse de múltiples casos de infracción de derechos de autor que involucraban a la editorial Penguin Random House, a pesar de que esa empresa le había pagado millones de dólares por sus libros.
LLAMADOS A FAVOR DE UN CÓDIGO DE ÉTICA
Ante los cuestionamientos crecientes, legisladores demócratas y grupos de vigilancia incrementaron las presiones en busca de reglas más estrictas para los magistrados. Además, en un movimiento inusual, el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, convocó al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a testificar ante el Congreso, una invitación rechazada por este.
Mediante una carta dirigida al senador, Roberts manifestó que era “extraordinariamente raro” que un magistrado en ejercicio se sentara ante una comisión del Capitolio para abordar ese tipo de asuntos, y adjuntó una declaración firmada por los nueve miembros en la cual aseguraron que consultaban el código de los tribunales inferiores como una de las múltiples vías para manejar dilemas éticos.
En junio, y por tercera vez en lo que iba de año, los demócratas del Senado argumentaron que los jueces de la Corte Suprema debían regirse por normas éticas más fuertes.
Al respecto, el senador Sheldon Whitehouse lanzó la propuesta de una legislación destinada a mejorar la transparencia, con una sección enfocada en nuevas reglas de conflictos de intereses, y que obligaría a establecer un código de conducta disponible públicamente y un procedimiento oficial de quejas, entre otras medidas.
Un artículo publicado a principios de octubre pasado por la Institución Brookings lamentó que el tribunal superior no hubiera dado el paso básico de adoptar un código de ética, y que careciera de un mecanismo interno creíble para indagar sobre posibles violaciones, todo lo cual traía consigo que siguiera disminuyendo la confianza en la imparcialidad y la independencia de ese órgano.
“Ya es hora de rectificar estas deficiencias. La Corte Suprema necesita un código de ética y un mecanismo eficaz para investigar hechos relacionados con acusaciones graves de mala conducta judicial”, expresó el autor del material, Glenn Fine.
Tal documento por fin vio la luz el 13 de noviembre, pero el contenido de sus 15 páginas llevó a medios y expertos a considerarlo insuficiente, sobre todo ante la falta de un aparato que garantice el cumplimiento de lo establecido en él.
UN CÓDIGO LIMITADO
Mediante una declaración emitida ese día, los magistrados afirmaron haberse adherido durante mucho tiempo a las normas de ética, y lamentaron que la ausencia de un texto formal llevara en los últimos años a “un malentendido sobre el hecho de que los jueces de esta Corte, a diferencia de todos los demás juristas de este país, se consideran por fuera de cualquier regla ética”.
“Para disipar este malentendido, publicamos este Código, que representa en gran medida una codificación de principios que desde hace tiempo hemos considerado que rigen nuestra conducta”, agregaron.
A criterio de la agencia Courthouse News Service, lo adoptado ahora proviene de normas seguidas por tribunales inferiores, pero con varias modificaciones. Entre los cambios realizados se encuentra flexibilizar una disposición que establece que los jueces no deben usar su cargo para promover intereses privados propios o de otros, ni transmitir la impresión de que hay personas en una posición especial para influir sobre ellos.
Expertos consultados por The New York Times consideraron que el texto parece bueno sobre el papel, pero solo ahí, porque la falta de una estructura de aplicación significa que operará según un sistema de honor, en el que los jueces individuales decidirán por sí mismos si su conducta cumple con lo estipulado, sin procedimientos transparentes para evaluar si hay violaciones o qué consecuencias tendría el hecho de que estas ocurran.
Para el senador Whitehouse, este es un paso que debía haberse dado hace mucho tiempo, “pero un código de ética no es vinculante a menos que exista un mecanismo para investigar posibles violaciones y hacer cumplir las reglas. El sistema de honor no ha funcionado para los miembros de la Corte de Roberts”.
Si bien es fantástico ver que la Corte Suprema finalmente responde a la presión pública y reconoce que tiene serios problemas de ética y corrupción, el código es lamentablemente inadecuado, expresó en esa misma línea el grupo de coalición progresista Unidos por la Democracia.
A su vez, la agrupación liberal Take Back the Court Action Fund señaló que el texto emplea 53 veces la palabra “debe” y solo 6 la expresión “tiene que”, por lo cual “se parece mucho más a una sugerencia amistosa que a una directriz vinculante y ejecutable”.
De acuerdo con el semanario The Nation, el documento debería leerse como un comunicado de prensa. “Su mensaje es: Somos mejores que tú; déjanos solos. Nadie debería aceptarlo. El primer paso para restringir el comportamiento de los magistrados de la Corte Suprema es que alguien distinto de ellos intente restringirlos”, señaló la publicación.
