El 21 de mayo de 2025, Argentina vivió otro capítulo de violencia estatal contra manifestantes pacíficos, esta vez dirigido a jubilados que exigían pensiones dignas.
Al día siguiente, el presidente del país, Javier Milei, firmó el Decreto 340/2025, que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas “esenciales”, en un intento por sofocar las protestas sociales.
Tales hechos ocurrieron en un contexto de deterioro económico, aumento de la pobreza y pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre los adultos mayores, según la alerta de diferentes voces.
GASES, GOLPES Y HERIDOS
La Marcha de la Dignidad, una protesta semanal de jubilados frente al Congreso en Buenos Aires, fue reprimida con extrema violencia por la Policía Federal y la Gendarmería.
De acuerdo con reportes de prensa, más de 80 personas sufrieron heridas, y entre las víctimas estuvieron periodistas y personas de la tercera edad, algunas golpeadas con escudos, palos y otros elementos contundentes.
En la manifestación, la Policía aplicó “el protocolo antipiquete” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al utilizar gases lacrimógenos y cargas físicas, y dos fotógrafos fueron detenidos, uno de ellos inmovilizado con una rodilla en la cabeza.
Previamente, Bullrich aseguró que iban a desenmascarar a los participantes en la protesta.
“Vamos a actuar como tiene que actuar cualquier Estado que protege a su gente de quienes vienen a destruir la paz social que los argentinos estamos construyendo día a día”, justificó.
Un jubilado de 76 años de edad declaró que “el modo de gobernar de Milei no es legal y esta represión es una locura”.
Otros afectados por el proceder de los uniformados denunciaron que el objetivo era “meter miedo a la población”.
La represión se produjo después de que la Cámara de Diputados no lograra el quórum necesario para debatir un aumento a las pensiones, esfuerzo boicoteado por aliados del gobernante.
ATAQUE AL DERECHO A HUELGA
El Decreto 340/2025 restringe el derecho a huelga y amplía la lista de actividades “esenciales”, al obligar a mantener un 75 por ciento de operatividad en sectores como salud, transporte y educación, y un 50 por ciento en otros como banca y telecomunicaciones.
La nueva propuesta, apuntaron medios periodísticos, ha generado también un intenso debate jurídico y político sobre los límites del poder presidencial y el impacto a largo plazo sobre las libertades sindicales y la protesta social en la Argentina.
A criterio de diferentes sindicatos y organizaciones de derechos humanos, la norma vulnera garantías constitucionales y responde más a una estrategia de ajuste económico que a una genuina preocupación por el bienestar de la población.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo presentó un amparo judicial, al considerar que el decreto viola el artículo 14 b de la Constitución y tratados internacionales como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
De ese modo, el Gobierno evade el Congreso, donde no tiene mayoría, con el fin de imponer reformas laborales por decreto, una táctica que fue frenada por la Justicia en 2023.
Sindicatos como la Federación Aceitera denuncian que dicha norma “pretende prohibir la huelga” y debilita a los trabajadores frente al poder empresarial.
En este contexto, se recordó que los sindicatos son una parte fundamental de la sociedad argentina por razones históricas, políticas, sociales y económicas, y han estado íntimamente ligados al desarrollo del Estado moderno.
Además, han sido fundamentales en la conquista de derechos laborales al actuar como un contrapeso frente al poder estatal y defender los intereses de los trabajadores formales e informales.
La represión y la iniciativa contra la huelga ocurren en un escenario denunciado como de empobrecimiento masivo.
Cifras oficiales señalan que el 63,5 por ciento de los jubilados cobra la pensión mínima (296 mil 481 pesos, unos 255 dólares), cantidad por debajo de la canasta básica).
Mientras, la inflación interanual en abril fue del 47,3 por ciento, y el bono de refuerzo para jubilados está congelado desde 2024.
Varias fuentes consideran que las acciones descritas reflejan una estrategia de control social mediante la fuerza y el desmantelamiento de derechos laborales.
A la vez, el Gobierno insiste en su agenda de ajuste, y los sectores más vulnerables (jubilados, trabajadores y movimientos sociales) enfrentan mayor represión y menos herramientas para defenderse.
