La estabilidad institucional, la independencia judicial y el manejo del poder en el contexto de una campaña electoral polarizada son partes inseparables de los debates en Ecuador tras una reciente decisión del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa.
Este martes, el jefe de Estado derogó los decretos con los cuales nombró en enero pasado a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada, en reemplazo de la titular del cargo, Verónica Abad, y tal determinación dio paso a múltiples interrogantes sobre el estado de la democracia y el respeto a las normas en el país sudamericano.
También, medios locales de prensa reportaron que cada vez resulta más evidente la falta de unidad entre la administración, a muy poco del comienzo de la campaña electoral con vistas a la segunda vuelta de los comicios generales del próximo 13 de abril.
Sin embargo, y más allá del momento crítico, el movimiento parece estar vinculado a la compleja relación entre Noboa y Abad, quien fue enviada a Türkiye como consejera en medio de la disputa pública entre ambos.
DENUNCIA DE ABAD
A juicio de la vicemandataria, su traslado a Ankara y la suspensión de funciones integran una estrategia para evitar que asuma temporalmente la presidencia mientras Noboa se dedica a los actos proselitistas con el fin de mantener el cargo.
Expertos en asuntos políticos denominaron a la actual situación como un malabarismo jurídico del presidente para mantener el control del poder ejecutivo.
Desde su designación, Abad ha sido considerada una figura controvertida, cuya relación con Noboa se deterioró muy rápido, especialmente después de que fuera nombrada a fines de 2023 embajadora en Israel y luego reasignada a Türkiye en medio del conflicto bélico en Gaza.
La demora en trasladarse a la capital turca y el posterior proceso administrativo que suspendió sus funciones han sido interpretados por Abad como una forma de persecución política.
Esa percepción se vio reforzada cuando la jueza Nubia Vera revocó la suspensión y ordenó que retomara su cargo, lo que sugiere que las acciones en contra de la vicepresidenta podrían tener motivaciones políticas más que administrativas.
Además, el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que suspendió los derechos políticos de Abad por dos años y le impuso una multa por supuesta violencia política de género contra la canciller Gabriela Sommerfeld ha añadido otra dosis de complejidad al caso.
La defensa de Abad ha apelado esta decisión, con el argumento de que se trata de un intento más por desacreditarla y limitar su capacidad política.
Para la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, resulta preocupante el hostigamiento hacia Abad y la situación pone en duda la independencia judicial y la integridad del proceso electoral en Ecuador.
NOBOA CONTRA LUISA GONZÁLEZ
Con las tensiones de la sociedad a flor de piel, Noboa se medirá a Luisa González, de la Revolución Ciudadana, en el mencionado balotaje.
Por la normativa vigente y el criterio de muchos opositores, el mandatario debería pedir licencia y dejar el cargo durante la campaña, pero Noboa ha evitado ceder completamente el poder y solo en momentos específicos delegó en Gellibert.
Además de los negativos impactos en la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral, el presente contexto plantea preguntas sobre el papel de las instituciones en Ecuador.
La aparente instrumentalización de procesos administrativos y judiciales para fines políticos erosiona la confianza en la independencia de las entidades, y si los ciudadanos perciben que el poder judicial y las normas están siendo manipulados para beneficiar a un sector político, la legitimidad de las elecciones y del gobierno resultante podría verse comprometida, opinan especialistas.
Por otro lado, el caso de Abad también ha puesto en evidencia los desafíos que enfrentan las mujeres en la política ecuatoriana, y las acusaciones de violencia política de género y el hostigamiento que ha denunciado reflejan un problema más amplio de discriminación.
Como apuntan diversas voces, la derogación de los decretos que designaban a Gellibert como vicepresidenta encargada y el conflicto entre Noboa y Abad son síntomas de una crisis política más profunda en la nación sudamericana.
Estos eventos, recalcan, afectan la estabilidad gubernamental y tienen implicaciones significativas para el proceso electoral y la confianza en las instituciones democráticas.
Con la mirada en el momento crucial de la definición en la urnas, resulta fundamental entonces que se respeten las normas y se fortalezcan las estructuras para garantizar un proceso justo y transparente.
A la mayoría, como casi siempre, le corresponder esperar…
