La decisión de Ecuador de irrumpir por la fuerza en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas generó una fuerte condena internacional y mantiene encendidas las tensiones bilaterales y regionales, mientras todavía se sopesa la implicación posterior que tendrá ese hecho.
Desde que el pasado 5 de abril, cuando la policía ecuatoriana penetró en la sede diplomática sin el consentimiento del Gobierno mexicano, en un acto que incluyó forcejeo con la principal figura al frente de esa legación, el tema ha sido denunciado en varios foros por el territorio azteca y otros países del área, al tiempo que ha estado en el centro de encuentros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Mientras el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, defiende lo sucedido y afirma que no se arrepiente de la determinación de acceder de forma violenta al edificio, autoridades de otras naciones y analistas políticos advierten que lo acontecido constituye una violación del derecho internacional.
TENSIONES EN AUMENTO
Las discrepancias entre México y Ecuador se habían incrementado antes de los hechos en la embajada, donde se encontraba Glas desde diciembre pasado. El hombre de 54 años de edad, quien fue vicepresidente de 2013 a 2017, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), y en los principios del mandato de Lenín Moreno (2017-2021), fue condenado en 2017 y 2020 por los delitos de asociación ilícita y cohecho agravado en conexión con casos de corrupción, por los que fue sentenciado a seis y ocho años de cárcel, respectivamente.
El exvicemandatario, quien ha reiterado su inocencia y sostiene que existe una persecución política en su contra, salió de prisión en noviembre de 2022 después de cuatro años y medio.
La excarcelación se produjo a raíz de un recurso de hábeas corpus presentado por su defensa y aceptado por un juez por razones médicas y de seguridad, el cual le otorgó libertad provisional por cumplimiento parcial de su condena.
Sin embargo, en diciembre de 2023 la Corte Institucional de Ecuador ratificó las sentencias, con el argumento de que ocurrieron violaciones en los hábeas corpus presentados por su equipo legal, tras lo cual Glas pidió “su ingreso y salvaguarda” en la embajada de México en Quito, al expresar “temor por su seguridad y libertad personal” y después pidió asilo.
La posibilidad de que se le concediera esa protección fue motivo de discordia desde entonces entre los dos países. A finales del pasado año, el Gobierno de Ecuador advirtió al Ejecutivo mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que deploraría la posibilidad de que le fuera concedido el asilo a Glas y que, en caso de otorgarse, actuaría “con absoluta firmeza con base en los altos intereses del Estado”.
El 28 de diciembre, la jueza Melissa Muñoz consideró que Glas incumplió requisitos legales para su libertad condicional y ordenó su localización y arresto para cumplir el resto de su sentencia.
Por su parte, el 1 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció que había solicitado el consentimiento de la embajada para ingresar a sus locales y cumplir con la captura de Glas, una petición que recibió la negativa de la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien dijo que no era posible acceder porque eso “violaría la inmunidad diplomática” y sentaría un mal precedente.
Las tensiones subieron aún más el 3 de abril, cuando el presidente de México cuestionó el triunfo electoral de Noboa, al insinuar en su habitual conferencia de prensa matutina que el mandatario ecuatoriano, a quien no nombró explícitamente, había ganado de forma sospechosa tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto último.
Como represalia por esas declaraciones, a las que calificó de “muy desafortunadas”, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur Smeke, a quien ordenó abandonar el país en un breve plazo.
El 5 de abril, la Cancillería de México rechazó un incremento de la presencia de fuerzas policiales en los alrededores de su embajada, lo cual consideró un acto de hostigamiento y una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Durante esa misma jornada se dio a conocer la decisión de concederle asilo político a Glas y de solicitar a las autoridades ecuatorianas un salvoconducto para él, de conformidad con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Horas después de ese anuncio, Noboa autorizó el allanamiento de la representación diplomática bajo el argumento de que existía el riesgo inminente de que Glas se diera a la fuga.
ASALTO A LA EMBAJADA Y LAS REACCIONES
Imágenes divulgadas posteriormente por el Ejecutivo mexicano mostraron cómo varios agentes ecuatorianos saltaron los muros que protegían el lugar y llegaron al edificio, dentro del cual forcejearon con el diplomático Roberto Canseco, quien había quedado al frente de la sede diplomática y trató de impedir que los policías avanzaran.
Los uniformados lograron contener a Canseco y posteriormente cuatro de ellos agarraron a Glas por las extremidades y lo sacaron a la calle.
Actualmente el exvicepresidente se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, desde donde denunció durante una comparecencia en línea que fue sometido a tortura durante su detención. “Me dieron puntapiés y rodillazos, me pisaron el cuello”, afirmó Glas, quien agregó que también usaron la fuerza contra Canseco.
A raíz de esa irrupción, calificada de hecho sin precedentes por diversos analistas y medios de prensa, el Gobierno de López Obrador anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
Denunció también lo ocurrido ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y pidió la suspensión del territorio sudamericano como integrante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional.
Para justificar el criticado allanamiento, el Ejecutivo de Noboa expresó en un comunicado que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político (…)
Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios, concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glas, y conceder un asilo diplomático contrario al margen jurídico convencional, se ha procedido a su captura”.
En ese sentido, la Convención de 1954 contiene en su artículo tres que no es lícito conceder esa protección a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales competentes y por delitos comunes, pero también establece en su apartado cuatro que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”, por lo que expertos en la materia reconocen que era potestad de México decidir sobre el tema, y que era obligación de Ecuador otorgar el salvoconducto necesario.
Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, declaró al portal alemán DW que Ecuador puede tener su opinión divergente, pero la calificación de perseguido político es competencia de México.
“Si dependiera del Estado receptor, nunca se respetaría la inviolabilidad”, consideró la académica, quien apuntó que Quito debió buscar la mediación de un tercer país o anunciar una demanda, en lugar de “entrar por las bravas”.
Más allá de las consideraciones de especialistas, el allanamiento recibió una condena casi unánime por parte de los territorios del continente y organizaciones internacionales.
Un día después del hecho, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y el 16 de abril, durante una cumbre virtual de la Celac, Venezuela anunció el cierre de su embajada y consulados en Ecuador y ordenó a sus diplomáticos abandonar esa nación.
Gobiernos de signos políticos e ideológicos diversos, como los de Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Honduras, Guatemala y Chile condenaron el accionar del Gobierno de Noboa en ese mismo encuentro y en declaraciones previas.
Incluso Estados Unidos, España y Reino Unido, así como la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea criticaron la irrupción en la embajada mexicana. Asimismo, la Celac consideró oportuno conformar una comisión especial para verificar si Glas recibe la debida atención médica, ante preocupaciones por su estado de salud.
A pesar de las numerosas críticas a su decisión, Noboa manifestó en entrevista con el canal australiano SBS que no se arrepiente del asalto a la sede diplomática.
Sobre la manera de solucionar la crisis con México, sugirió que podría invitar a su homólogo de ese país a “comer ceviche, y probablemente también podemos comer unos tacos y hablar, cuando él esté listo”.
Interrogado sobre ese pronunciamiento, López Obrador respondió que no tenía ningún comentario que hacer al respecto, “porque no es ninguna frivolidad este asunto”.
