Un tema que ha caracterizado al Gobierno de Javier Milei en Argentina es el negacionismo de los crímenes de la dictadura militar existente en el país de 1976 a 1983, el cual vuelve a reflejarse cuando diputados de su partido, La Libertad Avanza, son cuestionados por participar en un encuentro en la cárcel con genocidas de esa etapa.
Organizaciones y grupos de derechos humanos se han dedicado durante décadas a esclarecer los crímenes cometidos entonces y a llevar a la justicia a los responsables de asesinatos, torturas y desapariciones; pero, desde la llegada del actual mandatario al poder a finales de 2023, los conocidos como procesos de memoria, verdad y justicia se han visto afectados por las posturas de Milei y de líderes de su formación.
De hecho, en marzo último, la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) difundió un video que equiparó el terrorismo de Estado de aquel periodo con la violencia usada por grupos guerrilleros, y que se refirió a la existencia de una “guerra” en la que “cayó gente inocente de los dos lados”, al tiempo que cuestionó el número de víctimas y criticó a los organismos de derechos humanos.
El tema del negacionismo de los crímenes de la dictadura cobró fuerza tras conocerse que seis diputados de La Libertad Avanza (Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo) visitaron el 11 de julio el penal federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad.
ENCUENTRO CON REPRESORES
A principios de este mes, medios de prensa difundieron una foto del encuentro, en la cual aparecen los legisladores mientras posan sonrientes junto a convictos como Alfredo Astiz, sentenciado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro de torturas más grande de la época.
Lo más alarmante de la visita a la cárcel es que ocurrió cuando medios argentinos y extranjeros advierten del interés de algunos sectores en impulsar leyes que beneficien a los militares detenidos.
Según el diario Clarín, la imagen divulgada es apenas “la punta de un iceberg de una trama que mezcla borradores de proyectos para darle prisión domiciliaria a genocidas, amenazas, acusaciones cruzadas, denuncias de engaños, explosivos chats y presiones para frenar un escándalo que ya se apoderó del debate en el Congreso”.
Dos de las legisladoras asistentes al penal, Arrieta y Bonacci, adujeron que no sabían quiénes eran los presos con los que iban a encontrarse. Sin embargo, el organizador del diálogo, el diputado Benedit, defendió el encuentro al referirse a que fueron a ver, no a genocidas, sino a “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.
Así lo expresó en un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales, en el cual también niega los crímenes probados por la justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia sobre lo acontecido durante la dictadura, difundió el diario La Nación.
El martes último, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados comenzó a discutir tres iniciativas que podrían dar pie a una investigación y evaluar si corresponde algún tipo de sanción disciplinaria contra los legisladores, incluida la posibilidad de expulsión.
Durante la apertura de ese debate, la legisladora Vanesa Siley (de la coalición Unión por la Patria) denunció que lo sucedido en la cárcel forma parte de un plan estratégico destinado a presentar un proyecto o un decreto que le otorgue la libertad a los genocidas. Tal escenario, en otro contexto, parecería descabellado o casi imposible, pero en la Argentina de Milei, podría encontrar espacio.
