¿Es la libertad de expresión un derecho que debe contar con garantías ilimitadas? ¿Son las redes sociales un escenario ideal para darle rienda suelta sin restricciones? En un mundo cada vez más volcado hacia lo virtual, ¿deben las autoridades de un país intervenir en la regulación de esas plataformas?
Preguntas de ese tipo ganan terreno con la reciente suspensión de la red social X (antigua Twitter) en Brasil, la cual se produjo a raíz de un prolongado enfrentamiento entre Alexandre de Moraes, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) del gigante sudamericano, y el dueño de la plataforma de microblogging, el polémico multimillonario Elon Musk.
Aunque el tema ganó mayor presencia mediática en las semanas previas a ese desenlace, las desavenencias entre el magistrado brasileño y la red social venían desde mucho antes.
Según recuerda el medio The Conversation, Brasil no prohibió X de la nada, pues de 2020 a 2023 el STF inició investigaciones penales clave relacionadas con este tipo de plataformas.
Estas pesquisas se enfocan en noticias fraudulentas, en indagar sobre grupos organizados que manipulan el discurso en los espacios virtuales (conocidos como milicias digitales), y en individuos y agrupaciones implicados en el ataque contra las sedes de los tres poderes del país en 2023, tras la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones generales del año anterior.
De hecho, en medio del inmenso flujo de noticias falsas detectado antes de los comicios presidenciales de 2022, el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), entonces presidido por De Moraes, aprobó una resolución destinada a combatir la desinformación, mediante la cual el órgano podía ordenar a las empresas de redes sociales y sitios web eliminar directamente contenido de ese tipo.
PULSO ENTRE MUSK Y DE MORAES
Tras los sucesos de enero de 2023, el STF ordenó a X eliminar varios perfiles vinculados a la extrema derecha liderada por Bolsonaro. Sin embargo, Musk se negó a borrar esas cuentas, bajo el argumento de la libertad de expresión, y en abril pasado fue incluido en la investigación de las milicias digitales por obstrucción a la justicia, participación en una organización criminal e incitación al delito.
Desde entonces se intensificaron sus ataques contra De Moraes, a quien acusó de censura, tildó de “dictador” y lo llamó “Darth Vader de Brasil”.
El 17 de agosto último, en una escalada del conflicto, X anunció el cierre de su oficina en la nación sudamericana.
Ya que las leyes de ese país establecen que todas las plataformas de redes sociales deben contar con al menos un representante para operar allí, el 28 de agosto De Moraes le exigió al magnate designar a una nueva figura de la empresa en Brasil, llamado que fue ignorado y que llevó a que dos días después el magistrado ordenara la suspensión de X.
Tal decisión generó reacciones a favor y en contra. Según el periódico Financial Times, algunas personas consideran la prohibición de la plataforma una medida autocrática y un ataque a la libertad de expresión, mientras otras la ven como una importante declaración de soberanía nacional.
El partido Novo presentó una demanda ante el STF en la cual solicita suspender el bloqueo de X, con el argumento de fue inconstitucional porque “viola la libertad de expresión, el debido proceso legal y la proporcionalidad”; sin embargo, Flávia Lefevre, una abogada especializada en la materia, declaró al medio Brasil de Fato que la postura del juez está respaldada tanto por la Constitución Federal como por otras leyes, como el Marco Civil de Internet y el Código de Protección al Consumidor.
Más allá de las implicaciones legales y los nuevos episodios que debe tener este asunto, lo sucedido pone los reflectores con más fuerza sobre el mundo de las redes sociales y su papel en las sociedades contemporáneas, al tiempo que lanza nuevas interrogantes sobre la libertad de expresión y sus límites.
