El primer debate presidencial celebrado en Panamá de cara a las elecciones del venidero 5 de mayo tuvo la participación de siete de los candidatos que se enfrentarán en esos comicios y la ausencia del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), con una condena de más de 10 años de prisión por lavado de dinero.
Las discusiones ocurridas entre los contendientes en la noche del último 26 de febrero giraron en torno a temas como la inseguridad ciudadana, el desarrollo sostenible, la educación, el desempleo y la Caja del Seguro Social.
Pero, más allá de los temas abordados en ese espacio, la atención del país sigue enfocada en Martinelli, ahora asilado en la Embajada de Nicaragua y es muy probablemente que no podrá continuar con su candidatura.
Aunque la fórmula integrada por el exgobernante y José Raúl Mulino, aspirante a vicemandatario, aparece al frente en la intención de votos reflejada en las encuestas, todo parece indicar que será este último el que deberá buscar la silla presidencial por el partido Realizando Metas, debido a la sentencia dictada en contra del otrora jefe de Estado, quien debe ser inhabilitado por el Tribunal Electoral.
CASO BUSINESS, SENTENCIA Y ASILO
El pasado 2 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó la sentencia de 10 años y ocho meses de prisión que había sido dictada contra Martinelli por blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business.
De acuerdo con el medio digital Foco Panamá, este es un proceso por presunto blanqueo de capitales que se le sigue a 44 personas por la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa) en 2010, presuntamente con fondos públicos.
La fiscalía estableció en la investigación sobre el caso que en la compra de Epasa fueron transferidos 43 millones de dólares a través de un esquema complejo, mediante el cual entraba dinero público de manera inusual al sistema financiero, para luego ser distribuido entre otras personas hasta terminar en la cuenta de New Business, con la que se habría adquirido la mencionada empresa editorial.
Martinelli negó haber cometido el delito de lavado de dinero que se le imputó y alegó que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas, pero el 19 de julio de 2023 la jueza Baloisa Marquínez dictó la mencionada pena contra el otrora gobernante, quien se convirtió en el primer expresidente de la historia democrática de Panamá en ser condenado a cárcel por delitos de corrupción.
Según manifestó la magistrada al emitir su fallo, los hechos investigados en el caso se consumaron cuando el político “podía ejercer control y manipular a personas que debían ser garantes del sistema financiero, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que poseían contratos de obras públicas para que accedieran al pago de comisiones que serían usadas para la compra del medio de comunicación y la cancelación de facilidades crediticias de terceros”.
Cuando se dio a conocer la sentencia, Martinelli ya había anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, por lo que reiteró una y otra vez que las imputaciones y condena en su contra respondían a un intento por inhabilitarlo políticamente y evitar su participación en la contienda por el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo.
Luego de que el castigo en su contra fuera ratificado en varias instancias judiciales, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa legal del exjefe de Estado, lo cual fue asumido como el fin de las aspiraciones electorales de Martinelli, pues el artículo 180 de la Constitución establece que nadie podrá ser elegido presidente o vicepresidente si ha sido condenado por una pena igual o superior a cinco años.
El 7 de febrero pasado el exmandatario se asiló en la Embajada de Nicaragua, al argumentar “razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”, y allí permanece después de que el gobierno del actual jefe de Estado, Laurentino Cortizo, le negó un salvoconducto para viajar a ese otro territorio centroamericano.
Días antes, Martinelli había denunciado un supuesto plan para matarlo, del cual responsabilizó a Cortizo y a su vicepresidente y candidato a la presidencia, José Gabriel Carrizo, un hecho negado rotundamente por el Ejecutivo panameño.
PANORAMA HACIA LOS COMICIOS
Tras haber llegado al Palacio de las Garzas en 2009 con un discurso contra la corrupción, Martinelli estuvo envuelto en sucesivos escándalos de ese tipo y en acusaciones de espionaje político.
Permaneció más de un año encarcelado en Estados Unidos, país que lo extraditó en 2018 y que en enero de 2023 le prohibió la entrada a él y a su familia directa “por actos de corrupción significativos”.
A pesar de todas las imputaciones en su contra -todavía tiene un juicio pendiente por presunto lavado de dinero procedente de sobornos de la firma brasileña Odebrecht- y de la esperada inhabilitación, ha mantenido un importante capital político en Panamá, al punto de que su campaña presidencial sigue liderando los sondeos.
Según reportó recientemente la agencia española de noticias EFE, su candidatura se encuentra todavía en un limbo, a la espera de que el Tribunal Electoral anuncie de manera oficial la inhabilitación tras la condena, pues el documento con la sentencia en firme no ha llegado todavía a esa instancia.
A su vez, el diario La Estrella de Panamá explicó que la inhabilitación no es un proceso tan automático como se cree, e incluye la notificación a Martinelli y dar aviso al juzgado Tercero Liquidador, por lo que se espera que no sea hasta después del 4 de marzo que pueda avanzarse con tal procedimiento.
Cuando se determine formalmente que el exmandatario no puede continuar con su candidatura, será Mulino el aspirante de Realizando Metas para esa cita en las urnas. Martinelli ha depositado su confianza en el hombre de 64 años de edad que fue canciller y ministro de Gobierno y Seguridad, y ha instado a los panameños a apoyarlo, al manifestar que “continuará su legado” y que, además de ser confiable, “es el más preparado para llevar dinero y prosperidad”.
En un sondeo realizado por la empresa Gismo Services, S.A. del 15 al 19 de febrero, un 19,8 por ciento de los entrevistados expresó su respaldo a Mulino, lo cual lo pone en un empate técnico con Rómulo Roux, de la alianza entre Cambio Democrático y el Partido Panameñista (19,6).
Por detrás se ellos se ubicaron Carrizo, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (15,7 por ciento); el expresidente Martín Torrijos, del Partido Popular (11,8); la independiente Zulay Rodríguez (9,7); Ricardo Lombana, de Movimiento Otro Camino (nueve), y los de libre postulación Maribel Gordón (tres) y Melitón Arrocha (2,8).
Todos ellos, con la única excepción de Mulino, estuvieron presentes en el debate del 26 de febrero, en el que la inseguridad ciudadana fue el primer tema llevado a discusión.
Al respecto, Lombana manifestó su intención de coordinar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o con quien sea necesario, “para combatir el crimen organizado”; en tanto la polémica Rodríguez planteó el cierre de la frontera con Colombia a la migración irregular, a la que culpa de delitos cometidos en las calles de Panamá.
Por su parte, Gordón dijo que el Estado “está ocupado por una delincuencia de cuello alto”, y que la raíz del problema de la inseguridad en las calles es el abandono de las comunidades, mientras Torrijos también prometió encarcelar a todos los delincuentes, “incluyendo a los de cuello blanco”, e incrementar la presencia policial.
La agencia Prensa Latina difundió que al debate entre los candidatos se le realizaron cuestionamientos como el poco tiempo dedicado al desempleo, uno de los problemas que más afecta a la sociedad panameña y sobre el cual cada participante solo tuvo 45 segundos para intervenir, a pesar de que el paro juvenil alcanza una tasa del 15 por ciento y la informalidad es de 47,4 por ciento.
En las jornadas que quedan hasta el 5 de mayo, sea Martinelli o Mulino quien aparezca en la boleta, los más de tres millones de panameños convocados a la cita en las urnas deberán decidir cuál de las candidaturas es la más adecuada para resolver esos y otros desafíos presentes en la nación centroamericana.
Durante esa jornada, además de la elección del presidente de la República, los votantes seleccionarán a 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
