Momento decisivo para la democracia de Brasil y examen profundo sobre los límites del poder y la resiliencia del Estado son algunas de las referencias relacionadas con la admisión del juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro en la Corte Suprema de ese país sudamericano.
El otrora mandatario y líder ultraderechista enfrenta la acusación de liderar un intento de romper el orden institucional después de fracasar en las elecciones presidenciales de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva.
Para la Fiscalía General, Bolsonaro es responsable de un intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, conspiración golpista y participación en una organización criminal.
Las pruebas en su contra incluyen testimonios de militares presionados, planes redactados para desconocer el resultado electoral y grabaciones de reuniones, en las cuales se discutieron medidas de facto.
Documentos decomisados evidencian ideas y varios audios, como el de la cita del 5 de julio de 2022, en la que Bolsonaro y su núcleo duro discutieron tácticas para invalidar el proceso democrático, recordaron reportes periodísticos.
JUICIO
El pasado lunes 19 de mayo, la Corte Suprema comenzó a escuchar testimonios clave en el juicio por golpismo, incluido un excomandante del Ejército que confirmó haber participado en un encuentro con el ultraderechista para discutir la eventual implementación de un estado de sitio.
También, más de 80 personas, entre ellas altos rangos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia, fueron citadas a declarar por videoconferencia en sesiones previstas a lo largo de dos semanas.
Como parte de lo más esperado el primer día, el general Marco Antonio Freire Gomes confirmó haber estado en la mencionada reunión con Bolsonaro en la residencia presidencial, que además de dicha situación excepcional pretendía refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.
Alerté al señor presidente que él podría ser implicado de manera jurídica en eso, manifestó Freire Gomes en su declaración.
Reafirmó la oposición de las fuerzas armadas a las medidas presentadas por Bolsonaro contra el resultado electoral, pero negó que hubiese amenazado al expresidente con arrestarlo si llevaba adelante esos planes, como afirma la investigación policial.
El antiguo jefe militar, hoy en la reserva, fue interrogado por el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el cual la Fiscalía General actúa como parte acusadora y señala que la trama golpista comenzó después de la derrota de Bolsonaro frente a Lula en las urmas en octubre de 2022.
Aquella conspiración desembocó en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula y cuando miles de seguidores del ultraderechista destrozaron las sedes del Supremo Tribunal Federal (STF), el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocara al nuevo Gobierno.
Otro de los testigos escuchados el lunes último fue el empresario Éder Balbino, especialista en informática contratado por el Partido Liberal (PL), bajo el liderazgo de Bolsonaro, con el objetivo de comprobar un supuesto fraude en las elecciones, sobre el cual el entonces gobernante advertía desde antes de los comicios.
“No encontramos ninguna sospecha de fraude”, declaró Balbino, cuya empresa hizo una auditoría de las urnas electrónicas usadas en el proceso.
Agregó que, pese al resultado de su informe, el PL presentó una denuncia por supuestas irregularidades que fue rechazada por las autoridades electorales, precisamente por “ausencia de indicios”.
ACUSACIÓN
La fortaleza de la acusación desencadenó que el STF aceptara la denuncia en abril de 2024 por amplia mayoría (ocho de 11 ministros), lo cual, según analistas, demuestra la intención de esa instancia de marcar un precedente sin concesiones en defensa del orden constitucional.
De esa manera, plantean diversas voces, la justicia brasileña enfrenta una disyuntiva histórica: permitir que una tentativa golpista quede impune, lo que pondría en riesgo la estabilidad democrática, o sostener con todo el peso de la ley que la disidencia política no puede transformarse en un crimen contra la Constitución federal.
POSTURA DE BOLSONARO
Inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 debido al uso fraudulento del aparato estatal con el fin de deslegitimar el proceso electoral, Bolsonaro se presenta como víctima de una persecución política y niega las acusaciones.
Además, su defensa intensifica la estrategia jurídica mediante varios recursos, la impugnación de pruebas y el despliegue de ofensivas mediáticas para dilatar el proceso y tratar de deslegitimarlo ante la opinión pública.
Sin embrago, la imagen de Bolsonaro sentado en el banquillo de los acusados, lejos de ser una hipótesis remota, se perfila como un escenario probable e inminente.
Este juicio no es solo un episodio judicial aislado, afirman expertos, sino un examen que pondrá a prueba la capacidad de la democracia brasileña para responder con justicia, y no con venganza, a quienes intentaron socavarla desde el poder.
