La decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de apelar a la llamada muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional (AN) y convocar a elecciones anticipadas constituye una acción sin precedentes en el país sudamericano, pero no resulta del todo sorpresiva si se tiene en cuenta que desde mucho tiempo antes el Gobierno del mandatario conservador iba cuesta abajo.
Después de su llegada al poder el 24 de mayo de 2021, el exbanquero gozó de una breve luna de miel con los votantes; sin embargo, inmediatamente su administración se vio golpeada por crisis de inseguridad y violencia, el azote del narcotráfico, problemas económicos y de desigualdad, divisiones partidistas, una fuerte oposición política en el legislativo y escándalos de corrupción.
Todos esos factores se combinaron en una tormenta perfecta, y el 17 de mayo, en lo que sería la segunda jornada de un juicio político en su contra que podría haber conducido a la destitución, el jefe de Estado disolvió el Parlamento unicameral, una medida que le permitirá gobernar mediante decretos por un máximo de seis meses, mientras se constituye un nuevo Ejecutivo y otra AN.
Dos años complejos
El analista político César Ulloa señaló a la agencia de noticias EFE que, durante su mandato, el exbanquero de 67 años mostró logros como la campaña de vacunación contra la Covid-19, la firma de tratados comerciales, relaciones favorables con la Unión Europea y Estados Unidos, y la incautación de grandes cantidades de drogas.
Sin embargo, la inseguridad y la violencia se volvieron fenómenos cada vez más preocupantes: ocurrieron masacres en las cárceles, se registraron olas de asesinatos en diferentes ciudades y los cárteles del narcotráfico incrementaron sus acciones.
Varias veces, en medio de los reclamos de una población que decía sentirse indefensa ante dichos problemas, Lasso implantó estados de excepción para frenar los disturbios en los centros penitenciaros y combatir los crímenes violentos en las calles.
Tales medidas no demostraron ser muy eficaces, y Ecuador registró el año pasado unos cuatro mil 500 casos de homicidios, para una tasa de 25,32 por cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia.
Además, el gobernante enfrentó fuertes protestas sociales, como el masivo paro nacional encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador en junio último.
Como si no bastara con todos estos conflictos, desde el punto de vista político los escollos también fueron numerosos. En mayo de 2021, justo antes de su toma de posesión, el Partido Social Cristiano anunció la ruptura de la alianza que había establecido con el Gobierno de Lasso, al acusar al Movimiento CREO del entonces mandatario entrante de no respetar un acuerdo legislativo en el que también participaba la bancada Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa.
De tal modo, el oficialismo se quedó con una minoría en la AN, lo cual significó un freno para varias de las políticas que el gobernante conservador quiso impulsar en el Parlamento unicameral.
Ese mismo órgano realizó un primer intento de juicio político en su contra en junio de 2022, en medio de las manifestaciones populares; pero entonces Lasso pudo evitar la destitución, pues solo 80 de los 92 asambleístas necesarios se pronunciaron a favor de expulsarlo del cargo.
Tal desenlace no significó el fin de los cuestionamientos al jefe de Estado, quien rápidamente perdió legitimidad, al punto que “nueve de cada 10 ecuatorianos no le creen y está bajo presunción de corrupción”, según declaró a la agencia AFP la directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, Paulina Recalde.
De acuerdo con ese medio masivo de comunicación, la credibilidad del mandatario pasó del 70 por ciento al inicio de su gestión a un 10 por ciento en la actualidad, un descalabro que se reflejó en las urnas en febrero pasado.
En los comicios celebrados en esa fecha, el referendo constitucional promovido por Lasso recibió un rechazo generalizado, mientras el movimiento Revolución Ciudadana, de Correa, logró una aplastante victoria en las elecciones seccionales.
Juicio político y muerte cruzada
Una comisión de la AN se pronunció en marzo último a favor de un informe que recomendaba enjuiciar políticamente a Lasso, luego de que en enero la Fiscalía General abrió una investigación bautizada como Caso Encuentro por una presunta trama de corrupción dentro de al menos cuatro empresas públicas, entre ellas la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Con el voto favorable de 88 legisladores, el Parlamento acordó el 9 de mayo impulsar el proceso contra el presidente por su supuesta implicación en un delito de peculado o malversación de fondos.
Eso se debió a que los asambleístas de la oposición acusaron al dignatario de mantener vigente un contrato desfavorable para el país entre Flopec y Amazon Tanker Pool Company, dedicada al transporte de crudo, a pesar de tener conocimiento de irregularidades en ese acuerdo.
Una semana después comenzó el juicio político. En esa jornada inicial, Lasso se defendió ante la AN, donde reiteró su inocencia, negó que en su Gobierno haya una red de corrupción, aseguró que no existían pruebas en su contra y sostuvo que los contratos en cuestión fueron firmados durante la administración anterior.
Por su parte, varios legisladores reiteraron sus denuncias contra el gobernante, recodaron su cercanía con varios implicados en la trama de supuesta corrupción, y presentaron un video en el que un exgerente de Flopec (Johnny Estupiñán) reveló que en su momento había advertido al presidente de las irregularidades.
Al día siguiente continuaría el proceso que podía llevar a su destitución, pero Lasso evitó ese resultado al activar la muerte cruzada, un mecanismo incluido en la Constitución de 2008 que permite disolver la AN y adelantar elecciones presidenciales y legislativas.
Para justificar ese paso, apeló a una de las causales previstas en la ley, la existencia de una grave crisis política y conmoción interna, un argumento que causó controversia entre varios sectores que consideran inexistente tal situación.
Sin embargo, la medida fue mayoritariamente aceptada en el país, donde muchos analistas consideran esperanzador que el actual momento político sea resuelto por la vía electoral, reportó la agencia Prensa Latina.
El camino hacia elecciones anticipadas
La muerte cruzada representa un desenlace negativo para Lasso, si se toma en cuenta que su mandato previsto hasta 2025 queda trunco con la convocatoria a comicios anticipados, los cuales deben ocurrir el 20 de agosto.
Por otra parte, esta acción puede considerarse el mejor de los escenarios posibles para él dadas las circunstancias, pues tendrá todavía algunos meses para gobernar mediante decretos-leyes, y de algún modo también resulta una salida más honrada, al evitar la destitución en el seno de un Parlamento que le resultaba adverso.
En una entrevista con el diario The Washington Post, el mandatario dejó ver que no pretendía postularse nuevamente para el cargo, pero luego la dirigencia del Movimiento CREO señaló que el exbanquero se mantenía como su primera opción de candidatura. Eso podría indicar que la decisión no está del todo definida, aunque parece muy poco probable que Lasso se aventure a una empresa así tras los numerosos problemas que ha enfrentado y su muy bajo nivel de popularidad.
Más allá de los temores iniciales que generó la activación de la muerte cruzada y los riesgos que implica a corto plazo, por la gran concentración de poder en manos del mandatario, muchos criterios coinciden en que resulta positiva para un gran número de actores, incluida la propia oposición, que mostró fortaleza en los comicios de febrero y tendrá la posibilidad de buscar un nuevo éxito.
El periodista y catedrático Gustavo Cortez expresó en el diario El Universo que la disolución de la AN y el retiro anticipado del presidente dan la sensación de que puede terminar la situación de crisis político-institucional presente en el país.
Mientras continúan los análisis acerca de las implicaciones de la muerte cruzada y la incertidumbre sobre el futuro de la nación sudamericana, los esfuerzos comienzan a enfocarse en las posibles candidaturas, un proceso que en condiciones normales tomaría meses, pero que ahora demanda una gran premura.
Según algunos analistas, la Revolución Ciudadana es la fuerza en mejores condiciones para esos comicios, en los que además del gobernante del país, se escogerá a los 137 miembros del Parlamento.
La titular de esa organización política, Marcela Aguiñaga, manifestó que todavía analizan quiénes serán sus candidatos, y apuntó que han examinado los perfiles de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, aspirantes a la presidencia y la vicepresidencia en 2021.
Otros nombres que empiezan a sonar en los medios locales de prensa son los del exlegislador Fernando Villavicencio, el polémico empresario Jan Topic, el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, y el líder indígena Yaku Pérez, excandidato hace dos años, aunque seguramente todavía faltan muchas deliberaciones para cerrar el cuadro de este singular escenario electoral.
