Mientras las encuestas le sonríen a Donald Trump en su búsqueda de la nominación del Partido Republicano de cara a los próximos comicios presidenciales de Estados Unidos, el exmandatario sigue acumulando problemas legales que podrían obstaculizar sus aspiraciones de reelección.
Hasta el momento, ningún otro integrante de la formación política identificada con el color rojo parece tener la capacidad de movilización suficiente para ganarle el pulso a Trump en la lucha por la candidatura.
Al cierre de este texto, el ex jefe de Estado acaparaba el 52,4 por ciento de la intención de votos de los electores de ese partido en el promedio de encuestas del sitio FiveThirtyEight, lo cual le concede una posición más que ventajosa sobre sus rivales más cercanos, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, segundo con un discreto 15,6 por ciento.
Las encuestas también lo muestran con posibilidades reales de reeditar su entrada a la Casa Blanca, pues sus números están muy parejos con los del actual gobernante del país, Joe Biden, quien se perfila como el nominado demócrata para el 5 de noviembre de 2024.
Sin embargo, en el camino hacia las urnas los escollos del expresidente no son solo los adversarios políticos a los que deberá enfrentar, sino las diferentes denuncias judiciales en su contra a nivel estatal y federal.
UN EXPRESIDENTE CON CARGOS PENALES
Durante este año el exmandatario ya fue acusado en tres procesos diferentes, en lo que constituye la primera vez en la historia del país que un exgobernante enfrenta cargos penales. De esas imputaciones, la última es quizás la que más atención ha recibido, por estar vinculada precisamente con las acciones de Trump tras su derrota frente a Biden en 2020.
El 1 de agosto el fiscal especial Jack Smith presentó una imputación contra el expresidente en Washington D.C. por presuntamente intentar revertir el resultado de esos comicios, después de una amplia investigación sobre los eventos que siguieron a las elecciones y sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
De acuerdo con el escrito judicial dado a conocer en la capital, un gran jurado acusó formalmente a Trump de cuatro cargos federales: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración contra los derechos de otros, conspiración para obstruir un acto oficial, y obstrucción e intento de obstruir un acto oficial, los cuales, en caso de ser hallado culpable, podrían llevarlo a la cárcel.
“A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder. Por lo tanto, durante más de dos meses después del día de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de los comicios y que en realidad él había ganado. Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas”, indicó el texto de 45 páginas.
El documento citó cinco vías por las cuales Trump y otros individuos considerados sus cómplices buscaron mantenerlo en el poder, como presionar a legisladores estatales y funcionarios para cambiar a su favor votos ganados por Biden, y reclutar electores falsos en los llamados estados pendulares.
Según lo planteado, cuando todo eso fracasó, el expresidente y sus coconspiradores aprovecharon los disturbios violentos de enero de 2021, al redoblar los esfuerzos para presentar denuncias falsas de fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de retrasar todavía más la certificación de los resultados.
DECLARACIÓN DE INOCENCIA
Dos días después de difundirse los detalles de la imputación, Trump viajó desde Nueva Jersey hasta el tribunal federal E. Barret Prettyman de Washington D.C. para la lectura de los cargos.
El exmandatario, arrestado formalmente en la corte, se declaró inocente durante su comparecencia ante la jueza Moxila Upadhyaya, quien fijó la próxima audiencia del caso para el 28 de agosto. Tras ese procedimiento, fue liberado, con la condición de adherirse a todas las leyes y evitar comunicarse con testigos.
Poco después, en el aeropuerto nacional Ronald Reagan, Trump tildó lo ocurrido de una persecución en su contra por motivos políticos, dadas sus aspiraciones presidenciales. “Este es un día muy triste para Estados Unidos”, expresó.
Ya el exgobernante había sido imputado en marzo por un gran jurado de Nueva York por falsificación de registros comerciales, debido a un pago realizado durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz de cine porno Stormy Daniels, quien asegura que mantuvo una relación extramatrimonial con el republicano.
Trump se declaró inocente en ese asunto, como mismo hizo luego en junio, cuando fue acusado en Miami, Florida, de retener documentos clasificados de la Casa Blanca después de dejar la presidencia y resistirse a los intentos del Gobierno de recuperar esos materiales.
A pesar del revuelo creado por esos dos temas, todas las miradas están concentradas ahora en el proceso por las elecciones de 2020, y en otro que podría presentarse próximamente en Georgia vinculado con esta misma cuestión, por tratarse de un tema con implicaciones para el sistema político y judicial del país en general.
Según el diario The New York Times, al centro del caso Estados Unidos de América contra Donald Trump está “nada menos que la viabilidad del sistema edificado durante aquel verano (de 1787) en Filadelfia”, en referencia al momento en que se elaboró la Constitución norteamericana.
Un artículo de Peter Baker, corresponsal principal de dicho periódico en la Casa Blanca, señaló que los autores de esa carta magna consideraban la transferencia pacífica del poder como fundamental para la nueva forma de gobierno que estaban ideando, con límites al poder establecidos mediante mandatos de cuatro años que podían renovarse únicamente por los votantes a través del Colegio Electoral.
Recordó que, desde John Adams (1797-1801), quien estableció el precedente de ceder el poder pacíficamente tras perder unas elecciones, todos los dignatarios derrotados aceptaron el veredicto, hasta la llegada de Trump. Desde su punto de vista, las denuncias de todo tipo realizadas contra el ex jefe de Estado durante su tiempo en la escena pública parecen pequeñas en comparación con esta última.
LA PREGUNTA QUE MUCHOS SE HACEN
En medio de las abundantes noticias sobre estas cuestiones, una interrogante reviste particular importancia: ¿puede Trump ser candidato y servir como presidente si resulta condenado?
Lo cierto es que, aunque la Constitución despeja algunas dudas, hay asuntos sobre los que no existe claridad, y serían los magistrados federales los que asumirían la responsabilidad de decidir cómo actuar.
Richard L. Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó en declaraciones a la cadena de televisión CNN que el exmandatario podría llegar a la Casa Blanca una vez más si se impone en 2024, pues la carta magna comprende muy pocos requisitos para ejercer esa posición, y no impide que nadie acusado, condenado o incluso encarcelado, se postule y gane la presidencia.
Sin embargo, advirtió que es menos claro si un gobernante podría ejercer su cargo desde prisión, lo cual constituye un evento nunca visto en la historia estadounidense.
Al respecto, el Times señaló que, en teoría, Trump podría ser despojado de su autoridad en virtud de la Vigesimoquinta Enmienda, que establece un proceso para transferir la autoridad al vicepresidente si el presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”.
Esto requeriría que el vicemandatario y una mayoría de los miembros del Gabinete estuvieran a favor de dar ese paso, perspectiva remota al tratarse de figuras leales designadas por él mismo.
Otro escenario en el horizonte es la posibilidad de que, en caso de triunfar en los comicios tras ser sentenciado, Trump trate de concederse un indulto. En ese sentido, Hansen sostuvo que no se ha probado si puede hacerlo, y consideró probable que la Corte Suprema deba dar su criterio.
Por otro lado, aun si Trump es absuelto, está por verse el efecto de estas luchas legales en su campaña. Ahora, todo apunta a que continuará apelando a la retórica de que las acusaciones constituyen una persecución política y seguirá victimizándose, estrategia con buenos frutos entre una sólida base de votantes que se mantiene fiel.
La cuestión sería entonces si logrará expandir ese apoyo a electores indecisos o si ganará terreno en lugares donde sufrió derrotas en 2020.
De momento, la atención sigue enfocada en las imputaciones actuales y en la que podría presentarse en Georgia tan pronto como la próxima semana. En el caso de los juicios con respecto al pago a Daniels y a la retención de documentos clasificados, están fijados para marzo y mayo de 2024, respectivamente, mientras la fecha del vinculado con las elecciones de 2020 podría darse a conocer en la audiencia del 28 de agosto.
Para bien o para mal, los focos siguen sobre Trump.
