A un año del inicio del controvertido estado de excepción que ha sido clave en su guerra contra las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene diversos motivos para celebrar.
Hasta el momento fueron detenidos unos 66 mil presuntos miembros de esos grupos criminales, marzo resultó uno de los meses más tranquilos en la historia del país en cuestiones de seguridad y criminalidad, y la inmensa mayoría de la población aprueba las medidas adoptadas en la materia.
El panorama, a simple vista, se muestra muy positivo para el mandatario centroamericano, quien parece estar solucionando uno de los males que más ha golpeado a la sociedad salvadoreña desde la década del 90 del siglo anterior, cuando la violencia se enquistó todavía más con la proliferación de pandillas como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18.
Sondeos realizados en el llamado Pulgarcito de América indican que el 92 por ciento de los ciudadanos respalda el estado de excepción comenzado el 27 de marzo de 2022.
Además, reportes de prensa aseguran que Bukele está gozando de los mayores niveles de popularidad exhibidos en esa nación por un presidente desde el fin de la guerra civil que se prolongó de 1979 a 1992.
Usuario habitual de las redes sociales para transmitir mensajes políticos, el propio gobernante escribió en Twitter en el primer aniversario del inicio de dicha acción: “Hace exactamente un año, cerrábamos el día con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de mi vida y de este Gobierno. Ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”.
Sin embargo, el tema resulta más complicado y polémico de lo que parece en la superficie, pues si bien es cierto que la estrategia adoptada por Bukele muestra resultados concretos, abundan los cuestionamientos y las denuncias contra los métodos del presidente.
Aunque no se trata de voces mayoritarias, existen muchos pronunciamientos de partidos de la oposición y organizaciones sociales que consideran demasiado alto el precio que se está pagando en esta lucha.
Por ejemplo, el Movimiento de Víctimas del Régimen exigió, mediante una marcha hasta cerca de la Asamblea Legislativa, la libertad de los supuestamente detenidos de manera arbitaria durante los últimos 12 meses.
También expuso en un comunicado que existen agresiones y violaciones en contra de la población sin vínculos con las pandillas, lo cual contradijo las palabras del ministro de Defensa, René Merino, sobre los arrestos legítimos y realizados de acuerdo a la Constitución.
Marzo de 2022, punto de inflexión
El tercer mes del pasado año fue particularmente trágico para El Salvador, con cifras escandalosas de homicidios, incluidos los 88 contabilizados del 25 al 27 de marzo. Solo el 26 sumaron 62 asesinatos, el número más alto registrado en décadas para una sola jornada.
La situación llevó a la Asamblea Legislativa a realizar una sesión extraordinaria el día siguiente y, a petición de Bukele, los diputados aprobaron el estado de excepción por el cual fueron suspendidos la libertad de asociación, el derecho de defensa y la inviolabilidad de la correspondencia.
Paralelamente, quedó sin efecto la prohibición que impedía intervenir las telecomunicaciones sin autorización judicial y se prolongó de tres a 15 días el tiempo de detención administrativa, como parte de una medida inicialmente prevista para 30 días, pero que se ha prorrogado 11 ocasiones.
En ese momento, el Gobierno pidió asumir tal decisión con el fin de “contener y reducir el repunte de los homicidios y garantizar la paz”, al argumentar que el país se encontraba frente a “graves perturbaciones del orden público por grupos delincuenciales”.
Criterios cercanos a la administración subrayan que la implementación del plan de seguridad, denominado “Control Territorial”, y el estado de excepción han permitido disminuir las cifras de muertes.
En 2018, según estadísticas oficiales, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Ese índice bajó a 7,8 en 2022, y para el cierre del presente año se proyecta una caída a dos.
Otros datos sobre los resultados de dichas acciones se refieren a 66 mil 438 personas detenidas, dos mil 547 armas de fuego ocupadas, tres mil 292 vehículos, 15 mil 878 teléfonos celulares y tres millones de dólares decomisados, y 9,6 toneladas de diversas drogas incautadas, principalmente cocaína.
Afirmaciones contrapuestas señalan que el 90 por ciento de las detenciones han ocurrido en prisiones provisionales durante periodos prolongados y sin la oportunidad de que un juez conozca los casos de los afectados.
De esa manera, la llegada masiva de apresados provocó que El Salvador sea el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, unido eso a la apertura de la mega penitenciaría llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuya capacidad es de 40 mil reos.
En imágenes divulgadas se observó a centenares de detenidos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos mientras eran conducidos al referido sitio.
A partir de que el estado de excepción entró en vigor más de cuatro mil personas fueron liberadas por los jueces, pues no se encontró evidencia de que hayan participado en algún delito o tengan relación con las maras, recalcó el Gobierno.
Bukele precisó en un discurso el último 17 de enero que “van a ser liberados todos los inocentes, pero los culpables irán a la cárcel y tienen que pagar”.
El objetivo final es detener a todos los pandilleros, aunque resulta muy difícil de precisar cuántos miembros de los grupos criminales faltan por arrestar, más allá de las informaciones de que el 65 por ciento del total ya está encarcelado.
Cuestionamientos sobre la mesa
Para Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la Organización No Gubernamental Cristosal, el uso repetido de los poderes de emergencia “deja instalada una práctica del empleo de régimen de excepción que se convierte casi en uno permanente de reducción y restricción de derechos constitucionales”.
A su juicio, las autoridades salvadoreñas sobrepasaron las posibilidades que da ese estado y “se está violando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad de morada y el derecho a la integridad física, entre otros”.
“Hemos conocido algunas prácticas violatorias de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias contra cientos de personas que fueron detenidas sin existir una investigación previa y sin que el Ministerio Público diera evidencia sobre la participación de las personas en estructuras criminales o en delitos”, remarcó, citado por reportes de prensa.
Ábrego afirmó que el gobierno de Bukele aborda el tema de la seguridad con un “modelo de populismo punitivista, un ánimo exacerbado y un manejo publicitario sensacionalista para tratar de generar apoyo de la población a partir de verse como que está ejerciendo una mano dura efectiva contra la delincuencia”.
Si las políticas no se basan en el desarrollo de programas permanentes y efectivos de combate y prevención del crimen, tarde o temprano lo que generan es el regreso a las condiciones iniciales, recalcó.
Opinó que el énfasis en hacer mega cárceles y seguir deteniendo arbitrariamente a las personas genera mayores costos a la nación, en lugar de enfocar la atención en resolver los problemas de exclusión de quienes se ven obligados a migrar o a pertenecer a grupos criminales.
Por otra parte, siete organizaciones de la sociedad civil de El Salvador informaron recientemente que tienen el registro de cinco mil 82 vulneraciones a derechos humanos durante el estado de excepción y 111 fallecidos después de ser detenidos.
También, Socorro Jurídico Humanitario comunicó que está tratando a centenares de presos y familiares con síndrome de estrés postraumático, ansiedad, enfermedades en la piel y problemas renales, entre otras afecciones.
De acuerdo con el juez Juan Antonio Durán ha sido “un año nefasto” para la justicia “por las violaciones a los derechos humanos de inocentes detenidos sin el debido proceso”.
Sin embargo, una encuesta del diario La Prensa Gráfica, mostró que antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños y ahora 92 de cada 100 admiten que ese problema mejoró.
Un estudio de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, realizado del 1 al 6 de marzo, halló que el 86 por ciento está de acuerdo con el estado de excepción, el 27 por ciento avala que se capturen personas sin orden de arresto y el 11 por ciento apoya que a los familiares no se les informe acerca del paradero de alguien apresado.
Durante los últimos 12 meses, el Gobierno reportó 227 homicidios, sin contar a los pandilleros asesinados, un promedio diario de 0,6 y una tasa de 3,6 por cada 100 mil habitantes.
Tomando en cuenta todas las muertes, datos oficiales sostienen que la violencia descendió de mil 211 homicidios en 2021 a 615 en 2022 y a 42 en los primeros 85 días de 2023.
Entonces, la administración de Bukele enfrenta el dilema de poner en una balanza las ganancias que obtiene con esta política, rechazada también a nivel foráneo, y los problemas derivados de su aplicación.
Parece que la primera opción tiene más peso, aunque, según sostiene el periodista y escritor Roberto Valencia, hay una degradación sin precedentes del Estado de Derecho y de la democracia.
