El proceso contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro escaló en los últimos días, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó que el exmandatario lleve una tobillera electrónica y le prohibió el uso de redes sociales, entre otras medidas adoptadas a la luz de las acusaciones de que intentó subvertir la democracia en el gigante sudamericano.
La instancia judicial, encabezada por el juez Alexandre de Moraes, impuso el último 18 de julio esas y otras acciones cautelares contra Bolsonaro, las cuales incluyen un arresto domiciliario nocturno, y restricciones para acercarse a embajadas y contactar a diplomáticos extranjeros u otros investigados en el caso, como su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.
PROCESO POR INTENTO GOLPISTA
Tales decisiones responden a la investigación por un presunto intento de golpe de Estado contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las urnas en las elecciones presidenciales de 2022.
Después de esos comicios, el 8 de enero siguiente, Brasil fue escenario de fuertes disturbios, cuando seguidores del exgobernante invadieron la sede de los tres poderes del Gobierno.
Para sustentar las medidas adoptadas ahora contra Bolsonaro, el STF sostuvo que existía un “peligro real de fuga” y un riesgo de que el expresidente buscara apoyo internacional con el fin de presionar a la justicia brasileña.
En el caso del veto en el uso de redes sociales, que le impide incluso utilizarlas a través de terceros, se basa en acusaciones de que el exmandatario las empleó para desacreditar el sistema electoral y promover teorías conspirativas.
Tres días después de impuestas las acciones cautelares, Bolsonaro exhibió la tobillera ante aliados en el Congreso Nacional y criticó al STF, hechos sobre los cuales circularon grabaciones en esas plataformas digitales. Ante eso, el tribunal advirtió que el exgobernante debía explicar este incumplimiento de las medidas en su contra.
La defensa del expresidente argumentó que él “no controla” lo que otros suben a Internet y pidieron al magistrado De Moraes aclarar los límites de las restricciones, al considerar que la divulgación de declaraciones en redes sociales constituye una parte “incontrolable de las dinámicas contemporáneas de comunicación digital”.
REACCIÓN DE TRUMP
Aunque se trata de un asunto interno, lo ocurrido adoptó tonos geopolíticos a raíz de la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha pretendido presionar al gobierno y a la justicia brasileña, lo cual ha sido criticado por diversas fuentes como un acto de injerencia.
El jefe de la Casa Blanca revocó la visa a De Moraes y a otros magistrados del STF, acusándolos de persecución política contra Bolsonaro. Además, incluso antes de medidas del 18 de julio, amenazó con imponer aranceles del 50 por ciento a las exportaciones brasileñas si el caso no se detiene, tildándolo de “cacería de brujas”.
De seguir adelante con su advertencia arancelaria, la medida afectaría sectores clave como el café, los cítricos y la aeronáutica, por lo que analistas señalan que la estrategia podría perjudicar a los propios aliados de Bolsonaro, muchos de ellos agroexportadores, además de a los propios consumidores de Estados Unidos, el segundo mercado de importación de carne brasileña de vacuno.
POSICIÓN DE LULA
Ante tales pronunciamientos, Lula calificó las amenazas de Trump como “injerencia inaceptable”, aseguró que Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará ser controlado por nadie, y anunció la creación de un comité para evaluar la política comercial, incluyendo posibles aranceles a productos estadounidenses.
Para expertos y medios de comunicación masiva, este caso refleja la polarización que sigue imperante en Brasil.
De un lado, los defensores de las medidas contra Bolsonaro las estiman necesarias para evitar nuevos ataques a la democracia; de la otra parte, la derecha las considera un exceso judicial.
Mientras avanza el proceso contra el expresidente brasileño, quien enfrenta el riesgo de ser condenado a más de 40 años de cárcel, las presiones de Trump y la negativa de Lula a permitir interferencia externa crean un escenario complejo en el gigante sudamericano, que el próximo año estará inmerso en un una nueva carrera por la presidencia.
