El asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio vuelve a generar atención en México tres décadas después de ese hecho, cuando gana fuerza la versión de que un segundo tirador participó en el crimen y en medio de los pronunciamientos del mandatario Andrés Manuel López Obrador de que continuará la investigación sobre lo sucedido.
La Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que habían ocurrido irregularidades en el proceso, reabrió en 2022 la pesquisa sobre el caso, el cual siempre ha estado envuelto en teorías y versiones diversas sobre sus causas y verdaderos responsables, a pesar de que el autor confeso fue detenido el mismo día del homicidio.
Este mes, se conoció que ese órgano solicitó una orden de aprehensión en contra de un segundo tirador que presuntamente habría tomado parte en el asesinato, una noticia que acapara titulares en la nación latinoamericana y revive los cuestionamientos sobre el considerado como el magnicidio más importante ocurrido en México después del realizado contra el expresidente Álvaro Obregón en 1928.
Además, el tema es un nuevo recordatorio de la larga lista de sucesos de esa naturaleza en la historia de América Latina y el Caribe, donde los asesinatos de líderes y figuras políticas han estado presentes en el devenir de muchas naciones.
UN ASESINATO QUE CONMOCIONÓ A MÉXICO
En un México marcado por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, y por el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el deceso del entonces candidato presidencial Colosio conmocionó al país.
De 44 años de edad, el hombre había sido postulado a finales de 1993 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para aspirar a la jefatura de Estado en los comicios federales previstos para 1994, cuando concluía el mandato de Carlos Salinas de Gortari, también miembro de esa fuerza política.
Aun cuando su campaña careció en un comienzo de cierto impacto, dado el contexto socioeconómico que predominaba en la nación latinoamericana y ante el hecho de que los reflectores estaban enfocados en Chiapas y el EZLN, un discurso pronunciado por Colosio el 6 de marzo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México generó revuelo y expectativas, y fue considerado como un momento de ruptura con Salinas de Gortari.
“Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales”, expresó ese día el candidato del PRI en una alocución que, según creencia popular en su país, le habría costado la vida.
Apenas 17 días después, en la tarde del 23 de marzo de 1994, Colosio recibió un disparo en la sien derecha y otro en el abdomen mientras se movía entre los asistentes a un mitin que celebró en Lomas Taurinas, un barrio de la ciudad de Tijuana, Baja California, y fue trasladado al Hospital General de la urbe, donde murió.
El autor confeso del crimen, Mario Arbuto, era en ese momento un obrero de 23 años de edad que fue declarado culpable del homicidio en 1995 y sentenciado a cuatro décadas y media de cárcel.
Sin embargo, desde entonces se manejaron hipótesis de que alguien más había estado implicado en el crimen, y un reciente comunicado de la FGR echó más leña al fuego de esa teoría, al mencionar directamente a otro posible responsable y reavivar las consideraciones sobre la existencia de un complot contra el excandidato.
el autor confeso del crimen.
acusado de ser el segundo tirador.
TEORÍA DEL SEGUNDO TIRADOR
En un comunicado difundido el pasado 29 de enero, la FGR confirmó que presentó una acusación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exintegrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano de inteligencia del Gobierno que estaba asignado al equipo de seguridad del candidato presidencial del PRI.
De acuerdo con la entidad, presentó evidencias que demuestran la presencia de ese hombre en el lugar del homicidio, en el mismo momento que tuvo lugar, cuando hubo una diferencia de segundos entre los dos disparos contra Colosio. Además, señaló que en su ropa se encontró el tipo de sangre de la víctima, y que a partir de las pruebas de rodiozonato se comprobó que el acusado disparó un arma.
La declaración añadió que Sánchez Ortega fue detenido tras el magnicidio y liberado poco después debido a un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo involucrado directamente el entonces subdirector operativo del Cisen, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Asimismo, el comunicado dio a conocer que a principios de este mes el juez Jesús Alberto Chávez desestimó una orden de aprehensión solicitada contra el exintegrante del Cisen, lo que fue calificado por la Fiscalía como un acto de “evidente imparcialidad” por parte del magistrado, que quebrantó “los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas”.
La institución aseguró que apelará el fallo de Chávez, porque “confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego al derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”.
Un artículo publicado por el diario español El País refiere que lo más novedoso de la nueva investigación es la inesperada presencia de García Luna en la teoría del homicidio, un delito sobre el cual persisten preguntas como si las promesas de Colosio de reformar el sistema político mexicano hicieron temblar al PRI y si el expresidente Salinas de Gortari estuvo involucrado en lo sucedido.
En medio de las más recientes noticias sobre el tema, el hijo de Colosio, también llamado Luis Donaldo, alcalde de Monterrey y aspirante al Senado, pidió esta semana a López Obrador indultar a Aburto, quien debe dejar la prisión este 2024 luego de que en octubre último un tribunal anuló su sentencia de cárcel por considerar que debió haber sido juzgado con base al Código Penal de Baja California, estado donde ocurrió el homicidio, y no apegado al Código Penal Federal.
Pero el mandatario respondió que no puede conceder el indulto y se pronunció a favor de que se siga indagando sobre la posibilidad de que el crimen haya tenido una motivación política.
Cuando diversas voces critican que se reavive el caso precisamente en un nuevo año electoral y ponen en duda la imparcialidad de la FGR, el gobernante manifestó que no tienen ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, y mucho menos politiqueros, “pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”.
OTROS MAGNICIDIOS EN LA REGIÓN
Lo ocurrido con Colosio no es un evento aislado en el panorama político latinoamericano y caribeño. Muy recientes en el tiempo están, por ejemplo, el caso del candidato Fernando Villavicencio, asesinado después de salir de un evento de campaña el 9 de agosto de 2023, a solo 11 días de los comicios presidenciales en Ecuador; y el del expresidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo homicidio ocurrió en la madrugada del 7 de julio de 2021 en su propia residencia.
Otros magnicidios relevantes en la región, definidos estos hechos por la Real Academia Española como “la muerte violenta dada a una persona muy importante por su cargo o poder”, incluyen el mencionado del expresidente Obregón en México; el del exmandatario boliviano Gualberto Villarroel en 1946; y el de Jorge Eliécer Gaitán, quien en 1948 era el político más popular de Colombia y murió ese año al recibir tres tiros cuando salía de su oficina.
En Guatemala fue asesinado igualmente el militar Carlos Castillo Armas, quien llegó al poder al liderar un golpe de Estado en 1954 y pereció tres años después en un crimen en el que varias versiones involucran al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Este último, por su parte, falleció el 30 de mayo de 1961 al concretarse un plan conocido en la historia del territorio caribeño como “el ajusticiamiento”, durante el cual el tirano recibió siete impactos de bala.
También tuvieron finales violentos el dictador de Nicaragua Anastasio Somoza García, asesinado por el poeta Rigoberto López en 1956; y su hijo Anastasio Somoza Debayle, último representante de la llamada dinastía somocista y quien fue tiroteado en 1980 en Paraguay por un comando guerrillero argentino.
Otras muertes de ese tipo acontecidas en esta área geográfica son las del exdictador de Argentina Pedro Eugenio Aramburu en 1970; el excandidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán en 1989; y el exvicepresidente de Paraguay Luis María Argaña en 1999.
Al igual que ocurre con el caso de Colosio en México, en algunos de los hechos de magnicidio ocurridos en la región, todavía no está claro el verdadero móvil o sus responsables.
