Pese a la existencia de una batalla legal en curso para evitar ese tipo de acciones, el Gobierno de Estados Unidos envió el pasado 31 de marzo a 17 inmigrantes a una criticada prisión de máxima seguridad en El Salvador, el mismo sitio que recibió a otros 238 venezolanos, muchos de los cuales tenían solicitudes de asilo activas en territorio norteamericano.
La administración de Donald Trump justificó estas deportaciones con el argumento de que las personas expulsadas a la nación centroamericana eran integrantes de una estructura criminal venezolana; sin embargo, medios de prensa y voces críticas con la medida señalan que muchas se realizaron sin brindar a los afectados la oportunidad de impugnar las acusaciones en los tribunales.
Además, advierten que el proceder forma parte de la ofensiva antiinmigrante promovida por el mandatario estadounidense, quien prometió expulsiones masivas desde su etapa como candidato presidencial.
ARGUMENTOS SIN SUSTENTO
Para defender este cuestionado accionar, el Ejecutivo estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que se remonta a 1798 y mediante la cual se permite la expulsión de individuos considerados amenazas en tiempos de guerra.
En un comunicado emitido el 31 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo de deportados ese día incluía a “asesinos y violadores”, pero no mencionó detalles de los presuntos delitos o condenas.
Según alega Washington, los venezolanos que han sido apresados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador eran miembros de la organización criminal Tren de Aragua, de la cual aducen que está invadiendo el territorio estadounidense.
Frente a tal argumento, expertos citados por el diario español El País apuntan que en ningún caso esa estructura delictiva surgida en algún momento de la década pasada en Venezuela supone un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.
El magnate republicano, según esos analistas, aprovechó el mito en torno a la organización para agrandarla y justificar la política de deportaciones masivas.
Ante tal postura de la administración Trump, han llovido las críticas dentro y fuera del país norteño.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por ejemplo, condenó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a los presuntos pandilleros, pues considera que esa legislación niega a los migrantes el debido proceso prometido por la Constitución.
Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de El Salvador con el que solicita la excarcelación y repatriación de decenas de venezolanos.
ACUSACIONES DE TRÁFICO DE PERSONAS
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ha sido blanco de críticas por el modo en que recibió a los deportados en el Cecot y compartió videos de su llegada, cuando organizaciones de derechos humanos denuncian maltratos y falta de garantías para los reclusos de esa megacárcel.
Además, se ha señalado que Estados Unidos pagará a El Salvador seis millones de dólares por albergar a estos presos durante un año, lo que ha generado acusaciones de que las deportaciones equivalen a tráfico de personas.
De tal forma, lo consideró un artículo de la publicación estadounidense The Nation, que expuso que Washington se dedica ahora al tráfico de migrantes en el mercado global.
En medio de todos esos hechos, emergen las dolorosas imágenes de las condiciones en que se encuentran los deportados, y el drama que viven numerosas familias ante la incertidumbre de no saber el destino que les espera a sus seres queridos.
Muchas personas en Venezuela han afirmado que a algún familiar lo deportaron de Estados Unidos a la prisión salvadoreña solamente por tener tatuajes, y una denuncia de la ACLU parece confirmarlo.
Para esa organización, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas usa un sistema de puntos con el fin de decidir las deportaciones, y uno de los criterios tomados en cuenta es precisamente la presencia de tatuajes.
Esta semana, el Ejecutivo de Trump reconoció que envió por error a la Cecot a un salvadoreño con estatus legal protegido en Estados Unidos, Kilmar Armando Abrego, pero indicó que no podía hacer nada para corregir esa equivocación, pues esa persona ya no estaba bajo custodia estadounidense.
