El pasado 1 de enero, cuando asumió por tercera vez la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva completó uno de los más impactantes resurgimientos políticos de la historia, pues tras pasar 20 meses en la cárcel a causa de una controvertida condena, luego anulada, logró ocupar nuevamente el máximo cargo del país gracias a su victoria en las urnas.
Con esa nueva entrada al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, el mandatario cosechó los resultados de la encendida campaña electoral que desarrolló durante 2022 contra el entonces gobernante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
A pesar del gran logro que representó su victoria electoral de octubre último, ese resultado solo significó para Lula el inicio de un desafío todavía más grande, pues se puso a la cabeza de una nación profundamente golpeada por la Covid-19, y donde muchas de las políticas adoptadas durante su anterior Gobierno (2003-2011) y el de su sucesora Dilma Ruseff (2011-2016) habían sido sustituidas por medidas marcadamente neoliberales.
De ahí que durante su carrera por la presidencia el líder del Partido de los Trabajadores (PT) expresara su propósito de lograr la reconstrucción de Brasil.
En particular, puso énfasis en su objetivo de mejorar la vida de las personas en situación de pobreza, para lo cual prometió ampliar una serie de beneficios sociales que dieron exitosos dividendos durante sus mandatos previos y que vuelven a estar en el centro de su agenda.
Camino de desafíos
El país que recibió el mandatario en esta nueva administración es muy diferente al Brasil de 2011, cuando dejó el poder con un nivel de aprobación superior al 80 por ciento y tras haber alcanzado significativos logros sociales reconocidos a nivel internacional, entre ellos sacar a millones de personas de la pobreza.
Datos difundidos entonces por el Ministerio de Asuntos Sociales del gigante sudamericano indicaron que el número de pobres e indigentes disminuyó de un 33,3 por ciento en 2001 a un 15,5 por ciento en 2008, mientras al término de su segundo mandato 12,7 millones de hogares eran beneficiados por su popular programa Bolsa Familia.
Además, gracias a una política económica celebrada en su momento y a los beneficios obtenidos por Brasil a partir de los altos precios de las materias primas en el mercado internacional, 30 millones de personas ascendieron a la clase media y se crearon 14 millones de empleos fijos.
Tras cuatro años de Gobierno de Bolsonaro, sin embargo, 33 millones de brasileños pasan hambre, una cifra equivalente al 15,5 por ciento de los habitantes del país y muy superior al 9,5 por ciento registrado durante el primer mandato de Lula, de acuerdo con un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan).
A ello se suma que Brasil reportó en 2021 la mayor cantidad de personas en situación de pobreza de la última década, 62,5 millones, equivalente al 29 por ciento de la población.
Este panorama, unido a un decrecimiento del Producto Interno Bruto y una devaluación del real frente al dólar, supone un escollo difícil para el nuevo Ejecutivo. El desfavorable panorama internacional dejado por la pandemia hace suponer que para Lula resultará mucho más complicado ahora que hace 20 años combinar su agenda social con un crecimiento económico sostenido.
Asimismo, el estrecho margen por el cual se impuso en los comicios de 2022 es un reflejo de la profunda división existente en la nación latinoamericana, donde persiste una tensión política marcada incluso por la violencia, que llegó a su momento más álgido el 8 de enero, cuando miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes de los poderes institucionales.
Si bien diversos analistas estiman que el presidente salió políticamente fortalecido del intento de golpe de Estado en su contra, ese hecho reafirmó que la ultraderecha del país hará todo lo posible en los próximos cuatro años por obstaculizar al Gobierno de Lula y sacarlo del poder por cualquier vía.
Ante esta perspectiva, el líder del PT deberá buscar el modo de avanzar su agenda mediante pactos con otras fuerzas de izquierda y de centro, cuando el Congreso del país está muy fragmentado, con presencia de 23 formaciones políticas distintas, y muestra una tendencia notablemente conservadora.
Según un análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Lula y los 12 partidos de la coalición de Gobierno deben encarar al menos tres cambios en el país: una renovación de la cultura política, transformaciones en las reglas institucionales y progresivos pactos democráticos que aseguren una nueva dinámica política, muy afectada por la impronta bolsonarista.
Impulso a la agenda gubernamental
El mismo día de su llegada a la presidencia, el jefe de Estado firmó más de una decena de medidas provisionales y decretos dirigidos a cumplir con compromisos asumidos durante la campaña electoral, las cuales, según círculos de su gabinete, buscaban atender y dar visibilidad a áreas históricamente ignoradas.
Lula suspendió en esa jornada la emisión de nuevos permisos para la compra de armamento por parte de civiles y para la creación de clubes de tiro, luego de que las flexibilizaciones aprobadas por su predecesor en ese frente llevaran a que cazadores, tiradores y coleccionistas acumularan en julio pasado más de un millón de armas, casi el triple de las 350 mil 600 registradas en diciembre de 2018.
Del mismo modo, aprobó la reactivación del Fondo Amazonía y revocó un decreto que ampliaba las licencias para explotar los recursos naturales en esa región, luego de que la deforestación alcanzara niveles récord durante el tiempo de Bolsonaro en el poder.
Además, puso freno a la privatización de ocho empresas estatales, entre ellas Petrobras y Correos, y renovó el programa de subsidios que ofrece 600 reales (unos 116 dólares) mensuales a hogares de bajos recursos.
El mandatario se mantuvo activo durante las semanas siguientes, cuando abrió un amplio diálogo con la sociedad civil para buscar su apoyo en la formulación de políticas sociales y realizó varias visitas a los estados del país en aras de anunciar acciones diversas, como inversiones en el sector de la salud.
Por otra parte, se comprometió a adoptar medidas económicas que fomenten la creación de empleo, a proponer una reforma tributaria para imponer mayores impuestos a los más ricos del país, y a transformar las leyes que limitan el gasto público, con el fin de ampliar la inversión social.
El 14 de febrero Lula rubricó en el estado de Bahía una medida provisional que retomó Mi Casa, Mi Vida, un programa de entrega de viviendas a familias necesitadas que había sido creado en 2009 para reducir el déficit habitacional.
Del mismo modo, el 2 de marzo relanzó Bolsa Familia, el programa más emblemático de sus dos primeros mandatos, a través del cual mantiene ahora la cuantía de 600 reales aprobada por el Ejecutivo previo para hogares necesitados, mientras se agregan 150 reales (29 dólares) adicionales para cada niño hasta seis años, y 50 (10 dólares) para hijos de siete a 18 años y para gestantes.
“El pueblo siempre será la solución. Por eso estamos volviendo con Bolsa Familia, con Mi Casa, Mi Vida y haciendo reajustes en la educación. Porque Brasil necesita volver a crecer y mejorar la vida de su pueblo”, escribió el presidente el 5 de marzo en su cuenta de la red social Twitter.
Mientras ha avanzado el Gobierno del líder del PT, su contrincante en los pasados comicios permanece desde el 30 de diciembre de 2022 en Estados Unidos y aún no se conoce cuándo ocurrirá su regreso a Brasil, ni siquiera si llegará a producirse.
Bolsonaro, quien ha sido aupado por los conservadores estadounidenses, manifestó el 4 de marzo que “su misión” en la nación sudamericana no ha terminado y apuntó que retornará, en tanto tres días después su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, anunció en Twitter que tal objetivo se cumpliría el 15 de marzo, para después retractarse y decir que esa fecha no estaba confirmada.
Según el portal digital Metrópoles, el polémico expresidente recibe presiones de aliados para volver a Brasil y liderar la oposición, pero tiene temores de posibles problemas que podría tener con la justicia nacional por presuntos crímenes cometidos como jefe de Estado.
Cualquiera que sea su decisión, los seguidores que dejó continúan fieles a su legado y no dejarán de poner obstáculos en el camino de Lula, quien cumplió el 1 de marzo dos meses en el cargo con cierto nivel de estabilidad política e índices positivos de aceptación: el 51 por ciento de los brasileños aprueba su gestión, frente a un 36 por ciento que la rechaza y un 13 por ciento que no supo responder, según una encuesta del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas.
