Fiscalía da ultimatum a presidente de Perú para interrogarlo

El Ministerio Público convocó a declarar al presidente Pedro Castillo sobre dos de los casos de presuntas irregularidades por los que es objeto de cinco investigaciones, en un marco de confrontación entre ambas partes.

El citado organismo reprogramó por última vez la comparecencia de Castillo para el 5 de septiembre, cuando será interrogado sobre una compra de biodiesel para la empresa estatal Petroperú y sobre la renuncia del ministro del Interior, Mariano González.

El interrogatorio fue postergado dos veces y el fiscal a cargo, Marco Huamán, advirtió que “admitirá por última vez lo peticionado por el recurrente, precisándose que las continuas reprogramaciones que viene solicitando alteran la agenda del despacho fiscal”.

La advertencia tiene como contexto una confrontación entre el Gobierno y la Fiscalía de la Nación, que se expresó ayer en tácitas y duras críticas del primer ministro, Aníbal Torres, a la inusitada drasticidad del Ministerio Público hacia el presidente y su entorno.

El jefe del gabinete ministerial calificó, en general como desproporcionados la apertura de investigaciones y los pedidos de tres años de prisión preventivas, sin suficientes pruebas ni indicios y dijo que el país no permitirá que esa situación se mantenga.

Torres habló en una reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, en la norteña ciudad de Trujillo y en presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien abrió la serie de indagaciones a Castillo en cuanto asumió el cargo.

La hija putativa de Castillo, Yeni Paredes, está detenida como parte de una presunta organización en la que está incluida la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, para quienes el fiscal pide prohibirles salir del país por tres años.

En ese contexto, la bancada parlamentaria del Partido Perú Libre, aliado del Gobierno, denunció ayer a la fiscal Benavides por infracción constitucional y posibles delitos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia.

La denuncia plantea que el Parlamento destituya a la fiscal y la inhabilite por ocho años para el ejercicio de cargos en el Estado.

El primero de los motivos invocados es que Benavides, apenas asumió al cargo, removió a la fiscal suprema Bersabeth Revilla quien investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, de dar libertad a un narcotraficante a cambio de un soborno, aunque la fiscal de la Nación alega que el cambio fue parte de un reordenamiento técnico.

La denuncia difícilmente será aprobada por el Congreso, pues integrantes de extrema derecha y otros sectores afines, que tienen mayoría en el Legislativo, la rechazaron a priori y respaldaron a Benavides