Varias organizaciones feministas en Ecuador buscan la despenalización total del aborto en el país sudamericano y, con ese objetivo, presentaron una demanda de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
De acuerdo con las representantes de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, la fundación Desafío, el Observatorio de Género y Diversidad y la Red Fe, ese artículo califica la interrupción de embarazos como un delito y con él se vulnera la libertad y autonomía reproductiva de las féminas.
“Lo que queremos una despenalización total del aborto. Eso quiere decir que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y estamos amparadas por el artículo 66 de la Constitución”, demandó la presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, Lizi Ernest.
Los colectivos feministas en esta nación sudamericana buscan poder acceder al aborto de forma fácil y sin las restricciones u obstáculos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esto pasa principalmente a quienes provienen de sectores rurales, pobres, indígenas y alejados. “No pueden acceder a un servicio de aborto seguro”, añadió Ernest.
Las demandantes hicieron un llamado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y a las instituciones de justicia a velar por la salud de las mujeres y a respetar la autonomía de sus cuerpos y decisiones.
Actualmente, el aborto está penalizado en Ecuador con hasta tres años de prisión, excepto en casos en los que el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o, tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2021, cuando el embarazo es consecuencia de violación.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que, cada hora, siete ecuatorianas se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones desconocidas y muchas veces riesgosas.
Datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública del país en 2022 señalaron que cada día 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizads por causas relacionadas con abortos.
