Primera condena en Costa Rica por defraudación a Hacienda Pública

San José (Prensa Latina).– Por primera vez en la historia de Costa Rica, Tribunales de Justicia condenaron a 10 años de prisión a seis personas por defraudación de impuestos a la Hacienda Pública, reveló una fuente oficial.

El director general del Tributación del Ministerio de Hacienda, Carlos Vargas, afirmó que esta sentencia de los tribunales de justicia sienta un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al fisco.

Resulta la primera vez en la historia del país que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso supervisores y contador, señaló Vargas.

Resaltó que “este largo proceso permitió demostrar la fundamentación técnica de la investigación que iniciamos hace 16 años ante una maniobra fraudulenta por las que se estaban dejando de pagar importantes sumas al fisco”.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda refiere que la investigación de la Administración Tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejados de pagar superó los 149,7 millones de colones, unos 260 mil dólares al cambio actual, en 2001 y los 230,8 millones de colones -casi 400 mil dólares actuales- en 2002.

Hacienda revela que en 2004 la Dirección General de Tributación interpone la denuncia ante el Ministerio Público por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los periodos fiscales 2001 y 2002.

Durante la investigación realizada, Hacienda detalla que lograron confirmar que se trataba de un grupo de interés económico familiar, conformado por una persona de apellidos Soto Mora, su esposa de apellidos Navarro Blanco y sus tres hijos de apellidos Soto Navarro.

La misma fuente sostiene que la sentencia quedó en firme en junio anterior contra un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos.

Asimismo, contra dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.