Una comisión de la Cámara de Diputados de México aprobó el dictamen de reforma al poder judicial promovida por el Ejecutivo con el propósito de acabar con la corrupción en ese sistema.
De esta forma, la Comisión de Puntos Constitucionales dio su visto bueno, por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones en lo general, y por 22 a favor, 18 en contra y ninguna abstención, en lo particular, al dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución en tal materia.
El documento será enviado a la Mesa Directiva para que, según anticipó el gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pueda discutirse el 1 de septiembre, cuando arranca la nueva legislatura, refirió la edición digital del diario La Jornada.
La iniciativa prevé un proceso extraordinario en 2025 para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, mecanismo que “desmantelará la aristocracia judicial”, expresó Morena durante el largo debate.
Entre otros elementos, la reforma plantea, además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y establece que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no podrá ser mayor a la del presidente de la República.
De acuerdo con La Jornada, la mayoría legislativa insistió en que la propuesta quiere terminar con el nepotismo, la corrupción y el despilfarro en el poder judicial, y rechazó que afecte los derechos de los trabajadores.
Al reiterar hace pocos días las razones para proponer la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que ese sistema está secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En opinión de las autoridades, la iniciativa aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.