Una nueva encuesta adversa a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, parece dar la razón a quienes consideran inviable el llamado de la mandataria a la unidad nacional bajo su liderazgo, en medio del desborde de la criminalidad.
El sondeo, realizado por la empresa privada Datum, arrojó una aprobación a la gobernante de cinco por ciento y una desaprobación que aumentó de 91 a 92 por ciento respecto al mes pasado, mientras el Parlamento, sostén político del Ejecutivo, registró 88 por ciento de desaprobación y nueve por ciento de aprobación.
Las cifras, que el Gobierno desdeña, se dieron a conocer tras un exitoso paro de transportistas de dos días, el cual escaló en la convocatoria a una huelga nacional que llama a todos los sectores.
Con una alta dosis de espontaneidad, el movimiento pasó de las demandas sobre seguridad, debido a las extorsiones masivas y sus secuelas de asesinatos, a exigir el cese del Gobierno y del Parlamento.
Tal postura se debe, según los dirigentes de la protesta, a la desatención del Ejecutivo y el Legislativo al pedido generalizado de nulidad de una ley que suaviza el código contra las organizaciones criminales.
Además, se demanda que el Legislativo no apruebe la llamada norma de “terrorismo urbano”, por la convicción de que será usada para reprimir las manifestaciones; y se rechaza un proyecto gubernamental destinado a que policías y militares sean juzgados en sus propios tribunales por delitos cometidos durante estados de emergencia.
El analista político y periodista Paolo Benza calificó como histórico que los gremios de empresas y trabajadores transportistas hayan movilizado a otros sectores como los pequeños comerciantes, conviertiéndose en potenciales agentes de cambio.
“Pueden incluso traerse abajo a un gobierno que no posee aprobación; los transportistas cuentan con ese poder hoy y tienen que ser conscientes de este momento histórico”, aseveró, y puntualizó que para ello las organizaciones de dichos trabajadores deben consolidar su unidad.