Los desalojos y acciones violentas contra comunidades rurales continúan en Guatemala, donde mujeres embarazadas, niños y ancianos viven debajo de los árboles en medio de una crisis exacerbada, según denunció el dirigente indígena Domingo Hernández.
Ese fenómeno obedece a una mayor acumulación de riquezas en pocas manos, explicó en declaraciones a Prensa Latina el cofundador del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones históricas de defensores de los campesinos.
Agrupaciones sociales mencionan 16 desalojos en lo que va de año (85 se dieron en 2022), familias totalmente abandonadas a su suerte, a las que les quemaron sus casas y las dejaron fuera, detalló Hernández, quien descartó la existencia de algún protocolo que se deba respetar, por lo que las sacan de sus viviendas sin que tengan un espacio en condiciones al cual moverse.
Para el entrevistado, las instituciones responsables de atender la situación agraria están cooptadas por grupos que bajo actos de corrupción obtienen títulos falsos para apropiarse de tierras ocupadas por las familias campesinas.
El Ministerio Público es el actor principal, el juez el que ordena el desalojo y en los territorios estas estructuras del Estado que deberían servir para proteger los derechos ciudadanos, protegen a las oligarquías, expresó.
“La justicia en nuestro país prácticamente no existe para nosotros, sino para ciertos grupos, para castigar a los rebeldes, indios, campesinos, sector democrático”, afirmó el cofundador del CUC.
En palabras de Hernández, está instalada una mesa de conflictividad agraria desde febrero y el Ejecutivo actual, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, parece tener la intención de querer hacer algo, lo otro, dijo, son las posibilidades reales de lograr resultados.
Resulta probable que se mantenga, consigan algunos pequeños logros, pero aquí en Guatemala el tema, como en muchas naciones, es estructural, histórico, expuso.
