La presidenta peruana, Dina Boluarte, negó acusaciones de haber recibido fondos electorales ocultos y las atribuyó a su antecesor encarcelado, Pedro Castillo, sin profundizar en su respuesta a denuncias en su contra.
“Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como ministra, ni como vicepresidenta y menos como presidenta”, sostuvo la mandataria ante un grupo de reporteros.
Sostuvo que las imputaciones son “manotazos de ahogado” que vienen desde la Diroes, unidad policial en cuyos terrenos está la cárcel de alta seguridad donde permanece Castillo y dio a entender que sus acusadores sirven al exmandatario.
Según Boluarte, Castillo y sus seguidores, como no pudieron doblegarla con las protesta desatadas tras asumir ella la presidencia en diciembre de 2022, a las que calificó como “asonada golpista”, ahora pretenden involucrarla en actos que sí cometieron ellos y por los cuales son investigados.
Sostuvo que sus denunciantes, la maestra Maritza Sánchez y el exasesor informal de Castillo cuando era presidente, Henry Simabukuro, fueron enviados por el entonces candidato Castillo a participar en la campaña de Boluarte y aseguró que los separó porque no eran idóneos.
Sánchez afirmó que la hoy presidenta, durante la campaña, recibió aportes financieros de empresarios y que no fueron declarados en la rendición de cuentas y Shimabukuro dice que fue testigo y hasta tiene fotos de la entrega de 150 mil soles (cerca de 37 mil 500 dólares) del empresario Eduviges Beltrán.
La jefa de Estado dijo que todo lo que afirma Sánchez es mentira y que a Shimabukuro ni siquiera lo conoce y sobre una foto en la que aparece con él, declaró que mucha gente en la campaña electoral se le acercaba y pedía fotografiarse con ella.
En sus descargos, la mandataria no se refirió al empresario Beltrán, quien, según la televisora América, es importante proveedor de productos para un programa de apoyo alimentario en escuelas estatales, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Boluarte fue titular de ese ministerio desde el inicio de la administración de Castillo hasta que renunció poco antes de la caída del hoy exgobernante.
Por su parte, el primer ministro, Alberto Otárola, culpó también a Castillo de la revelación periodística de que no consignó en su declaración de intereses, que hasta asumir el cargo, era asesor jurídico del llamado “Rey de los tragamonedas”, Félix Rosenberg.
Rosenberg es un magnate del negocio de las salas de juego que ha litigado con el Estado peruano por temas tributarios y una hermana de Otárola trabaja para él, lo cual, asegura el primer ministro, no es delictivo.
