Derogarán ley de educación en Canadá para detener huelga sindical

El premier de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, expresó esta semana su disposición a rescindir la legislación que criminaliza la huelga de trabajadores de la educación si los miembros de ese sindicato regresan a clases.

Desde el viernes pasado, miles de trabajadores pedagógicos iniciaron una protesta masiva tras la aprobación por el gobierno conservador de Ontario de un proyecto de ley en el Parlamento que declara ilegal la manifestación pública.

Ford y el titular de Educación, Stephen Lecce, «utilizaron su draconiana prohibición de huelgas para recortar aún más y masivamente los salarios reales por medio de decretos arbitrarios», advirtieron miembros del gremio.

“Nuestro gobierno está dispuesto a rescindir la legislación pero solo si el Sindicato Canadiense de Empleados del Sector Público (CUPE), acepta detener su huelga y permitir que nuestros niños regresen a sus aulas”, declaró Ford en una conferencia de prensa.

El fin del paro llevaría nuevamente a la mesa de negociación a ambas partes, luego de que el ministro de Educación, Stephen Lecce, se negara a considerar una contraoferta de CUPE presentada la semana pasada.

Pero ahora, cuando las escuelas de toda la provincia cierran por un segundo día escolar, Ford dijo que está dispuesto a ser «flexible» y hacer un «trato justo» que ofrezca más ayuda a los trabajadores de bajos ingresos.

Más de 55 mil conserjes escolares, asistentes educativos, educadores de la primera infancia y personal administrativo abandonaron el trabajo el viernes pasado después de no poder llegar a un acuerdo de contrato con el gobierno de Ford.

Los menos remunerados en el sector educativo, el personal de apoyo, están decididos a revertir los años de recortes salariales reales y garantizar un financiamiento mayor para un sistema educativo desangrado por décadas de austeridad, señalan medios digitales.

Los contratos de cuatro años que van a imponer en virtud de la Ley Manteniendo a los Niños en las Escuelas, incluirán un alza salarial anual máxima de tan solo 2,5 por ciento, cuando la inflación de la canasta básica supera el 10 por ciento.