Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón son nombres con asteriscos en la larga lista de detenidos desaparecidos en Uruguay, y de ellos ya se conocieron sus paraderos, pero esos crímenes siguen impunes.
Se trata de una herida abierta a pesar de que casi han pasado 40 años del fin de la dictadura que imperó en ese país entre 1973 y 1985, responsable de crímenes de lesa humanidad, la mayoría sin resolver y no pocos de ellos ocurridos en el marco del Plan Cóndor.
Esta fue una operación clandestina de cooperación y coordinación entre varios países de América del Sur (Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia), en la que participó también la dictadura uruguaya, con el fin de eliminar opositores políticos, principalmente de izquierda.
De entonces acá son apenas siete los cuerpos recuperados e identificados, en su mayoría hallados en predios militares.
Según el conteo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, 197 personas fueron detenidas y desaparecidas por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.
Los primeros restos descubiertos fueron los del obrero metalúrgico Ubagésner Cháves, en noviembre de 2005, mientras lo de Sanjurjo fueron encontrados en junio de 2023 y los de Arigón en julio pasado.
Para la antropóloga Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense de la Universidad de la República, existen posibilidades de otros enterramientos en el Batallón 14, devenido cementerio clandestino.
A su vez, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tayler, auguró que la lista de detenidos desaparecidos en Uruguay podría crecer.
Por ello, continúan las excavaciones en Toledo, y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército, ubicado al lado de la sede del Batallón 13 de Infantería, y la pesquisa incluirá nuevos terrenos privados.
