Sistema carcelario al límite en Uruguay

 La muerte, al parecer provocada, de seis reclusos en el penal de Santiago Vázquez de Montevideo a finales de septiembre marcó otro hito en el historial de violencia y hacinamiento del sistema penitenciario en Uruguay.

   Esos internos perdieron la vida en un incendio dentro de la celda, la única que estaba cerrada al momento del siniestro en uno de los módulos más peligrosos de la mayor prisión uruguaya. En enero pasado ocurrió un hecho similar en la propia unidad del también conocido como penal exComcar, donde el fuego consumió la vida de varios prisioneros.

   Para entonces, trascendió la promesa del asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, de iniciar reformas cuyos primeros resultados debían estar para julio pasado. El tiempo pasó y los incidentes continuaron repitiéndose en el país, donde existe “un sistema penitenciario gigante, que sigue creciendo con relación a la población”, afirmó la diputada Bettiana Díaz, quien integra en el Parlamento la Comisión de Seguimiento a la Situación Carcelaria.

   Uruguay ocupa el décimo puesto entre las naciones con mayor población tras las rejas: 408 por cada 100 mil habitantes, y más de 14 mil privados de libertad, según el informe de 2022 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

   Elaborado por el Comisionado y la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un documento alerta que la situación en las cárceles uruguayas está al “límite” y resulta “explosiva”.

    Además, considera necesaria la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación, a fin de dotarlo de autonomía y de un nuevo formato de dirección política, advierte sobre el aumento “descontrolado” de la cantidad de personas en reclusión, e insta a combatir el hacinamiento, favoreciendo medidas alternativas de prisión y modificaciones al sistema de penas.

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