Posible cese de presidente de Perú genera contradicciones opositoras

La posible destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, por las acusaciones de corrupción que lo asedian, generó contradicciones entre los partidos opositores de Perú, según comentarios políticos y periodísticos.

Por una parte, el congresista Jorge Carlos Montoya, de Renovación Popular, grupo de derecha extrema, dijo ayer que hay rumores sobre la preparación de una nueva moción de vacancia, pero que no ve buena intención en la iniciativa.

El legislador neoliberal Carlos Anderson anunció poco después que prepara un proyecto de vacancia mejor fundamentado que los dos fracasados anteriormente por no alcanzar dos tercios de votos de los 130 congresistas, requeridos para defenestrar a un presidente. Montoya se opone a la vacancia porque considera que primero hay que retirar a la vicepresidenta, Dina Boluarte, por una infracción administrativa menor cometida en su calidad de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Nos equivocaríamos totalmente si ponemos de presidenta a Dina Boluarte sabiendo que será peor que Castillo”, dijo.

Retirada Boluarte, la sucesión presidencial recaería sobre quien el impopular Congreso de la República elija entre sus miembros, para desalojar totalmente al Gobierno y convocar solo a elecciones presidenciales.

Con anterioridad, Montoya planteó como siguiente paso el reemplazo de los titulares de los organismos electorales que, tras los comicios ganados por Castillo, en 2021, rechazaron los alegatos de fraude de la derrotada derecha extrema. El campo progresista cree que eso sería un golpe de Estado para controlar esas instancias.

Sectores de centro y centro-derecha plantean a su vez un acuerdo de consenso que lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias y las encuestas indican que tiene apoyo mayoritario entre la población, aunque la izquierda anota que se requiere previamente de reformar la política, en grave crisis.

La ruta pretendida por Montoya encuentra resistencias en partidos aliados del suyo, como Fuerza Popular (FP) y otros que, según el diario Uno, no están en condiciones de competir en una elección de corto plazo.

El comentario cita el caso de FP, que tiene a su reiterada candidata, Keiko Fujimori, sometida a un juicio por corrupción y la Fiscalía pide su condena a 30 años de prisión.