El enfrentamiento violento entre indígenas en la región de Arimae (Darién) con unidades antimotines aceleró en Panamá el descontento popular en rechazo a una ley sobre el seguro social.
Tras una brutal represión policial a una manifestación pacífica en la localidad de Santa Fe, que intentaron sofocar con gases lacrimógenos, según sus pobladores, los participantes en la protesta privaron de libertad a una integrante del Servicio Nacional de Fronteras, que vive en la comunidad.
En tanto, en la zona de Jaqué, los moradores retuvieron a una aeronave de Air Panamá, suceso catalogado por la Autoridad de Aeronáutica Civil como una violación de las regulaciones nacionales e internacionales, al tiempo que instó a la reanudación inmediata de las operaciones aéreas.
Mientras, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, denunció la represión policial que enfrentan las comarcas en sus protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
En un comunicado emitido desde la provincia de Veraguas, ese colectivo rechazó los intentos del Gobierno de José Raúl Mulino de callar al pueblo, que también rechaza la intención de reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón) y la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos en detrimento de la soberanía nacional.
“Hemos sido testigos y víctimas de la militarización de vías y caminos dentro de los territorios indígenas de los hermanos Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y otros, con armas de alto calibre, uso excesivo de la fuerza, frente a un pueblo indefenso, manteniendo algunos hermanos al borde de la muerte en los hospitales; esa represión fue igual para niños, mujeres y hombres, por lo que no podemos estar callados ni cruzados de brazos”, subraya el documento.
De otra parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, denunció el allanamiento arbitrario de las oficinas de esa organización sindical en la ciudad de David (Chiriquí).
