Panamá. Denuncian violaciones a derechos humanos en provincia panameña

La Coordinadora Popular de Derechos Humanos en Panamá (Copodehupa) presentó un informe sobre graves violaciones cometidas por el Gobierno en la provincia de Bocas del Toro, durante protestas sociales contra una norma de pensiones.

En conferencia de prensa, el abogado Jorge Guzmán, a nombre de ese colectivo, mostró los resultados de una investigación que desmonta los argumentos justificativos del Ejecutivo sobre los atropellos cometidos en acciones represivas contra los manifestantes, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Guzmán precisó que, durante la llamada Operación Omega de la Policía Nacional (PN), amparada en el decreto gubernamental sobre el estado de urgencia —que suspende garantías constitucionales—, se vulneraron derechos elementales, incluso se confirmaron dos muertes.

El origen de las protestas fue el rechazo a las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), que afectan pensiones y jubilaciones de trabajadores y modifican las condiciones del sector bananero, señala el documento.

Una huelga decretada el pasado 23 de abril, recuerda, también rechazaba el memorando suscrito entre el Estado y Washington, considerado lesivo a la soberanía por permitir el establecimiento de bases militares y la creciente presencia en el país de cientos de uniformados y equipamiento de guerra del Comando Sur.

Según explicó Guzmán, se registraron 318 detenciones ilegales, muchas sin orden judicial ni comunicación a familiares, y de manera violenta, incluso en presencia de menores de edad.

El Ministerio de Seguridad reconoció dos asesinatos durante las protestas: el de Michelle Becker, de un año y ocho meses, fallecida a causa de la gran cantidad de gases lacrimógenos; y el de Roger Montezuma, de 25 años, padre de familia baleado en una de las acciones.

Sin embargo, hay versiones en las comunidades locales sobre más de 25 cadáveres no reconocidos oficialmente, presuntamente víctimas de la represión policial, agrega la pesquisa.

Además, denunciaron que más de cinco mil trabajadores bananeros fueron despedidos por la transnacional Chiquita Brands con autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero sin reconocimiento de prestaciones ni compensación.