El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta por la explotación de presuntas reservas millonarias de oro en el subsuelo del país, seguido por una coral que la vislumbra como fuente de ingresos y desarrollo.
Tal vez apremiado por su promesa de alcanzar el milagro económico después de logrado un impensable ambiente de seguridad, el mandatario sorprendió con su anuncio de que propondrá a la Asamblea Legislativa derogar la ley que prohíbe desde 2017 la minería metálica.
Bukele nunca enfrentó disidencia ni oposición de tantos sectores sobre alguna de sus propuestas. Ambientalistas, organizaciones sociales, la iglesia y universidades, entre otros, ven en el plan un paso que pone frente a frente la vida y la muerte.
Las operaciones logísticas, la construcción de escuelas, el pago de deuda con las multilaterales y la reactivación económica son las aristas que pueden ser potenciadas con la extracción aurífera en El Salvador, señalan seguidores del gobernante.
Coinciden en señalar el especialista en administración pública Nelson Flores y el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez que los yacimientos de oro y otros minerales existentes en El Salvador constituyen fuentes de ingresos económicos y de desarrollo para los territorios en la pobreza.
Pero, tras el anuncio del mandatario, varias organizaciones manifestaron que la minería no trajo progreso a El Salvador, al contrario, solo daños, y que pone en riesgo el futuro de generaciones y el agua.
El asunto tiene una larga historia que se detuvo en marzo de 2017, cuando tras la presión de ambientalistas, el Congreso aprobó por mayoría prohibir la minería metálica por considerarla una industria destructiva para el medioambiente y la salud pública.
No pocos en el país opinan que la minería no es progreso sino destrucción, mientras alegan que permitir que intereses extranjeros y una ambición desmedida definan el futuro de El Salvador constituye un error que la historia no perdonará.
