Minera Panamá, entre arbitrajes y peligro ambiental

   El nuevo gobierno que asumirá en Panamá el 1 de julio tiene varios retos, quizás el más difícil, la presencia de la trasnacional canadiense First Quantum que explota cobre ante arbitrajes y reclamo popular de cierre de operaciones.

   Los daños a la naturaleza ocasionados por esa empresa en la localidad de Donoso (Colón), la contaminación de tierras, ríos y otros embalses son asuntos a resolver, pero también la pérdida de millonarios ingresos que dejaría de percibir el Estado, el mayor aporte a una economía ya reportada con indicadores de ralentización.

   El presidente electo del istmo, José Raúl Mulino, anticipó en varias comparecencias en campaña y durante la transición para el cambio de mando, que solo si la minera retira los arbitrajes podría entrar a una negociación, la cual pasa por abrir la mina y luego cerrarla, fórmula vista como contradictoria.

   El ministro saliente de Comercio e Industrias, Jorge Rivera, admitió que las obligaciones legales que recibirá la próxima administración a consecuencia del cierre de la mina podrían acarrear demandas multimillonarias.

   La compañía interpuso una intención que hasta ahora, como mínimo, acumula 20 mil millones de dólares, cifra que representa el reclamo comercial, sin embargo, hay otras cuatro intenciones de demanda por inversión de otras empresas relacionadas con accionistas, quienes se sienten perjudicados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre pasado.

   El anterior Ejecutivo decidió un plan con una serie de acciones, una de las cuales es defender los intereses del país frente a las reclamaciones internacionales, recursos presentados en Canadá y Corea del Sur.

   Otro desafío es buscar una salida a concentrados de cobre, unas 130 mil toneladas almacenadas en Puerto Rincón, equivalentes a poco más de 200 millones de dólares, medida necesaria en el llamado plan de gestión ordenado y seguro, además de determinar si ese mineral es de la empresa o del Estado.

   Rivera aseveró que la aplicación de un plan de cierre ya decidido y que tomaría seis meses, podría durar más de ocho años y costaría al país unos 800 millones de dólares.