Huelga general paraliza Argentina por reforma laboral

   Una huelga general convocada por las principales centrales sindicales de Argentina paralizó gran parte del país en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, cuando la Cámara de Diputados debatía el controvertido texto que ya fue aprobado por el Senado y que deberá ser confirmada para convertirse en ley.

   La Confederación General del Trabajo (CGT), junto con otras organizaciones como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los sindicatos del transporte, lanzó una movilización masiva contra lo que califican de una reforma regresiva que precariza los derechos laborales.

    El paro de 24 horas afectó el transporte de pasajeros —incluidos autobuses, trenes y el subterráneo de Buenos Aires—, servicios públicos y actividades comerciales, dejando calles prácticamente desiertas en muchas zonas de la capital.

    El proyecto de reforma laboral propone cambios profundos en la normativa vigente, incluyendo la implementación de jornadas laborales que podrían extenderse hasta 12 horas diarias, restricciones al ejercicio del derecho de huelga y mecanismos como el llamado “salario dinámico” que flexibilizarían el cálculo de indemnizaciones.

   Aunque la Cámara de Diputados emitió dictamen y está en proceso de votación, se debaten modificaciones que el oficialismo considera necesarias para incentivar la inversión y la formalización del empleo.

    Desde temprano, miles de trabajadores se concentraron frente al Congreso en Buenos Aires y en las principales plazas del país. Voceros obreros denunciaron que la reforma atenta contra conquistas históricas vinculadas a la protección social y el trabajo digno, y anunciaron nuevas jornadas de protesta si el texto se aprueba sin cambios sustanciales.

    Las centrales sindicales también alertan sobre el impacto que estas modificaciones podrían tener en la precarización laboral y la reducción de la protección sindical.

   El Gobierno sostiene que la modernización de las normas es necesaria para atraer inversiones, aumentar la competitividad y generar empleo formal en un contexto de estancamiento económico de largo plazo.

   La expectativa social y política queda abierta, dado que la votación en el Congreso continúa y la polarización entre sectores sindicales y el Ejecutivo promete mantener la tensión en los próximos días.