Una ley aprobada por el Congreso de Perú que permite la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002 encuentra fuerte resistencia interna y externa, a la que se sumó un sector de fiscales.
Esa norma entró en vigencia el pasado fin de semana y abarca los delitos de lesa humanidad en la etapa del llamado conflicto armado interno (1980-2000).
Sus detractores señalan que dará libertad a militares y policías que cometieron matanzas y otros crímenes atroces en ese lapso, y dejará impunes a los que son juzgados o están prófugos.
Los fiscales del subsistema del Ministerio Público especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad (pueblos indígenas) pidieron al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que presente ante al Tribunal Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría conservadora.
El Legislativo alega que los crímenes de lesa humanidad fueron incorporados a la legislación peruana el 1 de julio de 2002, por lo que no existían antes de esa fecha. Sin embargo, una mayoría de juristas recuerdan que convenciones internacionales suscritas por el Estado peruano establecen que esos delitos deben sancionarse sin importar cuándo se cometieron.
Los fiscales advirtieron en un comunicado que la llamada ley de impunidad afectará procesos por decenas de matanzas, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad, mientras el Ministerio Público estimó que los casos en peligro son más de 600.
Uno de los beneficiados puede ser el expresidente Alberto Fujimori, indultado en diciembre de 2023, antes de cumplir una condena de 25 años como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes y sometido a juicio por una tercera.
