Disputa comercial por el alcohol

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EQUIPO EDITORIAL
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El desacuerdo comercial entre Canadá y Estados Unidos suma un nuevo capítulo luego de que una legisladora republicana en Washington presentara un proyecto de ley destinado a responder a las restricciones impuestas por varias provincias canadienses a la venta de bebidas alcohólicas estadounidenses.

La congresista Claudia Tenney, representante por el estado de Nueva York, introdujo la denominada Ley para Combatir los Ataques contra Nuestras Bebidas Alcohólicas Nacionales por Parte de Aliados (Ley CANADA), con la que busca que el Gobierno estadounidense investigue las medidas adoptadas por las provincias canadienses contra la importación y distribución de vinos, cervezas y licores provenientes de Estados Unidos.

“No se puede permitir que las provincias canadienses tomen como rehenes a las bodegas, cervecerías y destilerías estadounidenses e intenten pedir un rescate por ellas”, afirmó Tenney al anunciar la iniciativa.

Sin embargo, la legisladora evadió referirse al origen de estas restricciones: los aranceles impuestos por la administración del presidente Donald Trump a numerosas exportaciones canadienses y sus reiteradas amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

Las provincias canadienses retiraron los productos alcohólicos estadounidenses de sus tiendas estatales en marzo de 2025 como una medida de respuesta dentro de la disputa comercial. Las restricciones continúan vigentes en la mayoría de las provincias, con excepción de Alberta y Saskatchewan.

El conflicto ha tenido un fuerte impacto económico para la industria estadounidense de bebidas alcohólicas. Según cifras divulgadas por la asociación nacional WineAmerica, el valor de las exportaciones de vino estadounidense a Canadá cayó de 460 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 103 millones en 2025, una reducción del 78 por ciento.

La posible aprobación del proyecto de Tenney permitiría a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) investigar si las políticas provinciales canadienses constituyen prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses. En caso de determinarse una violación comercial, Washington podría imponer nuevas medidas, incluidos aranceles o restricciones a importaciones.

Uno de los casos más complejos es el de Ontario, donde la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Ontario (LCBO) mantiene almacenados cerca de 79 millones de dólares en productos estadounidenses retirados de los estantes en 2025.

Provincias como Quebec, Manitoba y Nueva Escocia han comenzado a devolver parte de los productos estadounidenses a sus tiendas —en algunos casos destinando las ganancias a organizaciones benéficas. Ontario continúa evaluando qué hacer con sus reservas en medio del desafío logístico que representa almacenar grandes cantidades.

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