Bolivia y Chile: sólo dos ejemplos de amalgama entre racismo, capital y pandemia en nuestra América

Mientras el coronavirus continúa siendo el motivo central de nuestras preocupaciones diarias y al mismo tiempo la reacción ante la violencia policial en los EEUU y el vergonzoso desempeño de su gobierno ante una crisis sanitaria en parte autoinfligida ocupa las primeras planas de la prensa mundial, en América Latina el temor al contagio va virando rápidamente hacia la nueva normalidad y la nueva certeza: en el futuro inmediato de nuestro continente se agudizarán el hambre, las desigualdades y el racismo.

Lo advierten las Naciones Unidas, la CEPAL y la FAO: la pospandemia traerá consigo, en la región con mayor potencial en cuanto a producción de alimentos, una crisis alimentaria sin precedentes.

Ya hoy, después de apenas 5 meses de emergencia sanitaria, la brecha entre los deciles de la población que sobreviven con menores ingresos y los deciles que acumulan la mayor parte de la renta, es mayor e irá en aumento.

Sistemas educativos y sanitarios públicos deficientes unidos a la precariedad y la informalidad del empleo han comprometido la reacción de muchos países latinoamericanos frente a la emergencia sanitaria, pero esa situación empeorará en el futuro próximo, haciendo inevitables los movimientos migratorios hacia regiones en las que la xenofobia se incrementa.

Y como si lo anterior no nos bastara, el racismo apenas encubierto de nuestras sociedades asoma sus tentáculos allí en donde el poder económico se ve más amenazado o percibe nuevas oportunidades que no quiere perder.

En Chile, el alzamiento de finales de 2019 unido al más que pobre y más que torpe desempeño del gobierno de Sebastián Piñera frente a la pandemia, han determinado que los sondeos de opinión muestren menos de un 10% de apoyo al gobierno. Frente a todo ese panorama de desidia, vacío de sentido e impotencia, bandas de hombres blancos armados (¿cuando no?) han atacado a mujeres y niños de las comunidades mapuches de la Araucanía y el gobierno envía a la región destacamentos antidisturbios que no hacen otra cosa que proteger a los violentos.

En Bolivia, meses después de que medios de prensa tan poco sospechosos de simpatizar con el gobierno del Evo Morales como el New York Times o el Washington Post demostraran que lo sucedido a finales de 2019 había sido un Golpe de Estado en toda regla, y ante la evidencia de que los candidatos del M.A.S. y el movimiento indígena ocupan nuevamente el primer lugar en las encuestas, el gobierno surgido del golpe de estado ha vuelto a suspender las elecciones y a reprimir violentamente a las comunidades que, en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, reclaman por la democracia perdida.

Elon Munsk, un supremacista confeso y uno de los mayores beneficiarios del Golpe de Estado en Bolivia ya que sus depósitos de litio son fundamentales para la industria de baterías eléctricas, lo ha dicho en estos días con la mayor claridad, cuando fue interrogado acerca de su responsabilidad en ese atropello a la democracia: “We will coup whoever we want! Deal with it.”

Es, como Munsk lo ha dicho, un “deal” que nos concierne. Porque cuando un gobierno como el nuestro reconoce como legítimo un gobierno surgido de un Golpe de Estado pocas horas después de producido y no sólo lo reconoce sino que avala lo sucedido como si se tratara de un procedimiento lícito y deseable, como si fuera una fiesta, nosotros, los y las ciudadanas del país, también nos hacemos copartícipes de la tragedia.