Uno de los sectores más importantes en la economía interna canadiense es también uno de los más vulnerables según reconoció un informe de la Auditora General de la nación, Karen Hogan, divulgado en fecha reciente.
La Auditora General señaló que los inspectores de sanidad no realizaron su trabajo a cabalidad en la revisión de las medidas sanitarias en las granjas para proteger al personal del COVID-19, incluyendo a los trabajadores agrícolas temporales.
Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio, destacó en un comunicado que la organización ha denunciado los miles de millones de dólares que el gobierno federal ha otorgado a los empleadores que aún así no protegen a los trabajadores. A ello se suma un régimen de inspecciones falso que no actúa sobre las quejas de los trabajadores.
Nuestras advertencias permanecieron desatendidas y, como resultado, los trabajadores migrantes perdieron sus medios de subsistencia y sus vidas, afirmó el directivo.
En el texto se reitera el llamado a garantizar un estatus migratorio pleno y permanente para todos los migrantes, ya que es el único mecanismo a través del cual pueden protegerse a sí mismos.
Hussan aclaró que el problema radica en el propio sistema de migración laboral temporal que produce los abusos y crisis. Según las políticas federales, los trabajadores agrícolas migrantes no tienen derechos exigibles directos, no existe una legislación que gobierne la aplicación, ningún tribunal o proceso legal al que recurrir para que los trabajadores denuncien las violaciones de sus derechos y no existe un mecanismo significativo para asegurar que los trabajadores reciban cualquier tipo de compensación por violaciones a sus derechos.
También en una carta enviada al primer ministro, miembros del Gabinete Federal y líderes de los partidos opositores, la Red por los Derechos de los Migrantes alzó su voz en defensa de ese sector.
En la misiva se solicitó al gobierno federal que garantice de inmediato el estatus de residente permanente para todos los trabajadores en el país y se asegure que todos los migrantes futuros lleguen con el estatus de residente permanente.
De igual manera se exigió garantizar un acceso digno y seguro a la vacunación y la documentación para todos los migrantes.
Otros aspecto destacado en la carta fue además el acceso a permisos de trabajo abiertos, permisos de estudio y atención médica universal para los cónyuges, hijos, padres y abuelos con super visas.
El texto se refirió a que muchos de ellos se encuentran ya trabajando, pero se ven obligados a hacerlo sin protecciones laborales y por lo tanto enfrentan una mayor explotación.
