Una Venezuela que nos duele y la esperanza que no cesa

El documento que el 4 de julio dio a conocer la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas acerca de la situación política y social en Venezuela es un paso importante en el largo y arduo camino que le queda por recorrer a la sociedad venezolana para restablecer la normalidad democrática.

El informe es contundente y para nada tibio. La trayectoria de Michelle Bachelet no permite pensar que su enfoque tenga un sesgo tal que invalide sus principales conclusiones y, pese a sus limitaciones, la ONU es la institución de gobernanza global más confiable de nuestra época.

Nos interesa ahora analizar un tema presente en todos los debates en torno al conflicto: la legitimidad moral y la legitimidad legal del gobierno venezolano, y cuáles deberían ser los pasos siguientes de cada una de las partes para alcanzar una solución estable. Para ello hemos elegido un párrafo del informe tan importante por lo que explicita como por lo que permite leer entre líneas.

El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas.”

Hemos elegido este párrafo porque en él aparecen dos elementos en los que vale detenerse.

1) Las violaciones graves a los Derechos Humanos y políticos, a la libertad de prensa y al acceso a la justicia (en este párrafo y a lo largo de todo el informe) se dan por descontadas. Y queda en evidencia que el propio gobierno (que fue quien solicitó la vista de la Alta comisionada) las admite ya que se compromete a solucionarlas.

2) En todo momento Naciones Unidas reafirma el reconocimiento de que en Venezuela existe un único gobierno. Y que éste es el que está a cargo de las instituciones del Estado y el que responde por sus actos ante la comunidad internacional.

Este segundo punto ha provocado que parte de la oposición venezolana haya expresado su desconcierto. ¿Por qué si Naciones Unidas admite que el gobierno venezolano no cumple varios de los requisitos básicos de legitimidad moral, sigue reconociéndolo como el gobierno legítimo del país?

Miremos a nuestro alrededor

La situación infame de las mujeres bajo el régimen autocrático de Arabia Saudita, los ataques de ese país a la población civil del Yemen, la inexistencia absoluta de libertad religiosa o de prensa y el reciente descuartizamiento de un periodista del Washington Post han sido caracterizados con razón como violatorios a los Derechos Humanos… pero eso no ha sido un obstáculo para que Canadá o España o los EEUU les vendan armas o los saluden casi con afecto en cada reunión internacional en que coinciden. Naciones Unidas ha instado repetidamente a Israel a no seguir violando los Derechos Humanos de la población palestina de la Franja de Gaza, sin que se niegue la legitimidad de sus sucesivos gobiernos. Se denuncian con frecuencia violaciones a los Derechos Humanos en países tan disímiles como China u Honduras sin que a Marco Rubio se le ocurra amenazarlos con una invasión y -por supuesto- sin que la oposición de esos países la promueva. La crisis humanitaria de Myanmar, la más terrible de la historia reciente, definida por Naciones Unidas como “un ejemplo paradigmático de genocidio y limpieza étnica”, no ha sido motivo siquiera de sanciones económicas, lo que quizás tiene sentido ya que ese tipo de sanciones suele agravar la situación de las poblaciones más vulnerables.

Lo que estamos describiendo no se debe exclusivamente al altísimo grado de hipocresía que impera en las relaciones internacionales. Las violaciones a los Derechos Humanos en un país se denuncian dentro y fuera de fronteras, se pueden resistir con acciones pacíficas o incluso violentas desde dentro, pueden dar pie a repudio internacional y sanciones de variado tipo desde fuera, pero eso no incluye el desconocimiento de las soberanías nacionales con la injerencia de terceros países, que se planifiquen “ayudas humanitarias” forzosas, o se instalen “gobiernos de emergencia” con la facilidad y la falta de seriedad con la que se lo ha intentado hacer en Venezuela.

Los balances necesarios

Que 50 países hayan reconocido como legítimo un gobierno surgido de una lectura al menos polémica de un artículo de la Constitución venezolana y que lo hayan hecho pocos minutos antes o pocas horas después de los hechos del 23 de enero no es poco. Tampoco es menor el apoyo del Grupo de Lima o de una organización como la OEA por menguado que esté su prestigio. El petróleo ha provocado siempre una atracción fatal en las potencias occidentales y sus aliados.

Pero que otros 140 países, muchos de ellos decisivos en el concierto internacional ,o que la Unión Europea y las Naciones Unidas acepten la legitimidad del gobierno venezolano, no es tanto una muestra de apoyo a la administración actual, sino la expresión -clara y compartible- de que una invasión estadounidense -o una intervención militar que contara con su respaldo – a un país sudamericano tendría consecuencias imprevisibles y tremendamente desestabilizadoras para toda la región. Libia, Siria, Irak son ejemplos de en qué terminan esos juegos de poder.

Hoy más que ayer parecería que la posición más sensata desde el punto de vista de la defensa de la paz y el futuro de Venezuela es la expresada por países como México o Uruguay, que instan al diálogo y la dilucidación del conflicto a través de un proceso electoral con garantías internacionales.

El informe Bachelet tiene la virtud de haber colocado a cada una de las partes del conflicto en el lugar que realmente ocupa. Una es un gobierno responsable de violaciones a los Derechos Humanos y cuya legitimidad está en duda, que deberá tomar medidas urgentes que conduzcan al restablecimiento del orden democrático. La otra es una oposición que deberá enfrentar la realidad: la amenaza de llegar al poder por cualquier método, incluyendo una invasión militar extranjera en su propio país, no prospera. Afortunadamente.

Lo que ha de venir en esa Venezuela que nos duele no es fácil pero quien antes demuestre que está dispuesto a someterse a la voluntad popular expresada en las urnas, habrá demostrado ser capaz, al menos, de renovar la esperanza.