Académicos en Canadá piden al primer ministro Justin Trudeau condenar represión en Colombia

Correo Canadiense recibió esta semana una carta enviada por un grupo de profesores al primer ministro Justin Trudeau sobre la situación en Colombia y la necesidad de que su gobierno ayude a detener la feroz represión que desató el presidente Iván Duque contra las manifestaciones de protesta en su país. A continuación, el texto de la misiva:

7 de junio 2021

Para: Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá

Copia: Marc Garneau (Ministro de Relaciones Exteriores), Karina Gould (Ministra de Desarrollo Internacional), Michael Chong (Gabinete oficial en la sombra de la oposición, Asuntos Exteriores), Garnett Genuis (Gabinete oficial en la sombra de la Oposición, Desarrollo Internacional), Jack Harris (Crítico de Asuntos Exteriores del NDP), Heather MacPherson (Crítica del Desarrollo Internacional del NDP), Alexis Brunelle-Duceppe (Crítica de la Cooperación Internacional del Bloque), Elizabeth May (Partido Verde), Embajador Marcel LeBleu (Embajador en Colombia), Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Respetado Señor

Primer Ministro de Canadá

Justin Trudeau

El 5 de mayo de 2021, quince profesores universitarios canadienses escribieron al canciller Marc Garneau con respecto a la actual crisis en Colombia. Hoy, 228 académicos de todo el país (cuyas firmas aparecen a continuación) estamos haciendo seguimiento a esa carta y estamos haciéndole un llamado que usted haga prueba de liderazgo internacional a favor de los derechos humanos en Colombia. Canadá debe tomar acciones concretas para instar al gobierno colombiano a resolver la crisis actual a través del diálogo.

Desde el inicio del paro nacional del 28 de abril, Colombia está sumida en una profunda crisis de violencia y represión estatal. Las fuerzas de seguridad colombianas han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra los y las protestantes. Hasta ahora, decenas de manifestantes han sido asesinados y se reporta el homicidio de tres miembros de las fuerzas de seguridad. El paro comenzó hace cinco semanas contra el anuncio del gobierno de aumentar los impuestos para productos básicos como el café, el chocolate y el azúcar. Desde entonces, se realizan diariamente enormes concentraciones pacíficas en numerosas ciudades y pueblos, acompañadas de bloqueos de carreteras en todo el país. El paro también refleja la frustración de la población frente al desastroso manejo de la pandemia por parte del gobierno, la tentativa de desmantelamiento del sistema de salud pública, la pobreza que afecta al 42,5% de la población, el incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC y los incesantes asesinatos de líderes sociales.

La respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido una escalada represiva que ha empeorado la situación. Hasta el 2 de junio han sido denunciado 1.649 detenciones arbitrarias de manifestantes por parte de la policía, así como 1.248 agresiones, 45 homicidios y 25 casos de violencia sexual, todos ellos atribuibles a las fuerzas de seguridad. Cientos de vídeos publicados en las redes sociales muestran a la policía disparando munición real contra los manifestantes, a menudo acompañados por agentes de civil y civiles armados que utilizan armas de fuego. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su extrema preocupación en cuanto a la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la respuesta del gobierno colombiano.

Como académicos radicados en Canadá, nos preocupa esta situación. En su única declaración sobre la crisis de Colombia, el 9 de mayo, el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Marc Garneau, expresó su preocupación por “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad” y por “los actos de vandalismo y los ataques contra funcionarios públicos”.

Aunque al menos dos policías y un inspector de policía han muerto desde que comenzaron las protestas, la escala de violencia cometida por las fuerzas gubernamentales supera con creces la de los manifestantes. Como muchos de nosotros escribimos al ministro Garneau el 5 de mayo, creemos que Canadá tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para poner fin a la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los y las manifestantes.

El presidente Duque y su influyente mentor Álvaro Uribe Vélez (presidente de 2002 a 2010) han intentado en repetidas ocasiones deslegitimar las manifestaciones afirmando que están infiltradas por vándalos, manipuladas por intereses extranjeros que buscaban desestabilizar el país, y que producen noticias falsas destinadas a engañar a la comunidad internacional. A pesar del aterrador número de abusos denunciados y de su impacto desproporcionado sobre las mujeres, los pobres, los indígenas y los afrocolombianos, el presidente Duque reiteró su pleno apoyo a la policía y al ejército, elogiando el profesionalismo de la policía y favoreciendo el uso de la fuerza frente el diálogo para restablecer el orden. El pasado 28 de mayo, mediante el Decreto 575 del 2021, el gobierno desplegó el ejército y la policía en ocho departamentos y 13 ciudades con el objetivo de ponerle fin a los bloqueos. Esta decisión es considerada inconstitucional por la Comisión Colombiana de Juristas. El 6 de junio, el presidente Duque anunció un plan de reforma de la policía nacional. Aunque el plan es bienvenido, no contempla sustraer a la policía de la autoridad del Ministerio de Defensa.

La situación actual agrava el ya elevado nivel de violencia en Colombia. Los grupos de derechos humanos han denunciado más de 1.100 asesinatos de líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016. La mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianos, medioambientales y comunitarias. Los primeros meses de 2021 fueron los más violentos de los últimos años, con 28 masacres documentadas. Dada la gravedad de la situación, 55 miembros del Congreso de Estados Unidos hicieron un llamamiento para suspender la ayuda, el entrenamiento y la venta de armas a la policía colombiana. Algunos legisladores italianos escribieron al fiscal de la Corte Penal Internacional para solicitar una investigación sobre los acontecimientos actuales.

Teniendo en cuenta las relaciones especialmente estrechas que existen entre Canadá y Colombia, nos estamos dirigiendo a usted para pedirle que adopte la postura más firme posible en favor de los derechos humanos. El acuerdo bilateral de libre comercio entre los dos países exige específicamente la presentación de informes sobre derechos humanos, las empresas mineras canadienses tienen activos por valor de 1.383 millones de dólares en Colombia y Canadá asistió a la firma del acuerdo de paz de 2016 con el compromiso de apoyar su implementación.

Como académicos comprometidos con el liderazgo positivo de Canadá en el mundo y con los derechos humanos y la construcción de la paz en Colombia, consideramos que las siguientes acciones son urgentes.

• Canadá debe ir inmediatamente más allá de su declaración del 9 de mayo para instar al gobierno colombiano a respetar los derechos humanos fundamentales de los manifestantes, para permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita transparente al país del 8 al 10 de junio con acceso directo a las víctimas y sus organizaciones, comprometerse a implementar las recomendaciones de la Comisión y resolver la crisis actual a través del diálogo.

• Canadá también debe revisar cualquier cooperación actual o proyectada con la policía o el ejército colombiano y prohibir cualquier venta futura de armas o vehículos blindados ligeros por parte de empresas canadienses hasta que Colombia haya reformado su Policía Nacional, entre otras cosas para abolir el ESMAD y excluir la aplicación del foro militar a policías.

• Por último, Canadá debe aprovechar esta oportunidad para reevaluar su política exterior en Colombia, incluyendo el nexo entre comercio, inversión extranjera y derechos humanos. Específicamente, Canadá debe brindar a las comunidades locales un recurso efectivo en Canadá contra individuos y corporaciones canadienses cuyas acciones comprometen los derechos humanos y por lo tanto interfieran con el diálogo democrático.

Le agradecemos la consideración dada a esta carta y esperamos su respuesta.

Atentamente,

Leila Celis

Profesora, Departamento de Sociología, Université du Québec à Montréal

celis.leila@uqam.ca

Christopher Campbell-Duruflé

Candidato al doctorado, Facultad de Derecho, Universidad de Toronto

c.campbell.durufle@mail.utoronto.ca

Luis van Isschot

Profesor, Departamento de Historia, Universidad de Toronto

luis.vanisschot@utoronto.ca

Daniel Tubb

Profesor, Departamento de Antropología, Universidad de New Brunswick

dtubb@unb.ca

(En total hay más de 220 firmantes de la misiva)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí