El 18 de junio de este año el gobierno de Canadá declaró una Emergencia Climática Nacional. Al día siguiente, el mismo gobierno aprobó la expansión de la Trans Mountain Pipeline, a través de la cual se moverán casi 600.000 barriles de petróleo por día desde las arenas bituminosas de Alberta hasta el puerto de Burnaby en British Columbia.
Esa fuerte inversión en una de las fuentes de combustibles fósiles más contaminantes del planeta, al mismo tiempo que se reconoce un estado de Emergencia Climática parece ser una contradicción que, como veremos, tiene además implicancias de mayor alcance que las inmediatas. Hasta el momento, Canadá es la mayor jursidicción única en haber declarado una Emergencia Nacional para enfrentar el cambio climático, siguiendo a naciones como Escocia, regiones como Cataluña y ciudades como Vancouver o San Francisco.
Hoy, alrededor de 83 millones de personas viven en las 623 jurisdicciones que han realizado una declaración de emergencia del tipo que estamos analizando y la gran mayoría de ellas fueron declaradas en los 6 últimos meses.
Energencia Climática vs. Estado de Emergencia
El término “Emergencia Climática” evoca intencionalmente a los “Estados de Emergencia” que normalmente se declaran para atender dificultades especiales de algún tipo, pero no significan lo mismo. La declaración de un Estado de Emergencia le da a los estados o las administraciones los poderes necesarios para desarrollar acciones específicas e inmediatas (cortar carreteras o puentes, autorizar o prohibir ciertas actividades, realizar movimientos de personas o materiales, facilitar las importaciones de medicamentos, etc.).
Una declaración de emergencia climática, en cambio, no supone ninguno de esos poderes y por lo general se limita a la creación de planes de investigación o proyectos de campañas de toma de conciencia, aunque no sea eso lo que los ciudadanos o las organizaciones preocupadas por el cambio climático esperan que suceda.
Quienes están informados acerca de lo que significará el cambio climático en nuestras vidas, esperan una dramática reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderao, acuerdos para no retirar los combustibles fósiles de los lugares en que están, o el fin de los subsidios a las industrias productoras de energías contaminantes y apoyos efectivos para el desarrollo de enregías renovables. Pero ese no parece ser el camino adoptado por el gobierno al menos por ahora.
Ese estado de cosas, que el Director del Instituto de Energía y Políticas Ambientales de la Universidad de Queen Warren Mabee describía hace sólo dos meses como una “disonancia cognitiva” a nivel de gobierno, tuvo hace pocos días su correlato a nivel de la ciudanía. De acuerdo a una investigación reciente, entre los ciudadanos canadienses que tienen intención de votar en las próximas elecciones, existe una disonancia similar.
En torno al cambio climático existe un debate que se da en términos de “esto o aquello”. O bien se atiende el tema debidamente y se toman las medidas que correspondan aunque estas impliquen reducción de la producción de combustibles fósiles, o bien se llega a la conclusión de que el cambio climático no existe o no nos importa y seguimos entonces con las mismas políticas energéticas implementadas hasta hoy.
Sin embargo, de una encuesta realizada a nivel nacional por el Angus Reid Institute a principios de este mes, se desprenden algunas cifas paradójicas y preocupantes.
Siete de cada diez mujeres de todas las edades y siete de cada diez hombres jóvenes (73%) opinan que las acciones para detener el cambio climático deben ser de la más alta prioridad para el próximo gobierno.
Al mismo tiempo, seis de cada diez consultados (el 60%) ve como de máxima prioridad que la extracción y el uso de combustibles fósiles continúe y aumente.
Entre los primeros, un 75% comparte la opinión de los segundos, mientras que el 80% de éstos últimos responden que están muy preocupados por el medioambiente.
Que existan personas cuyas prioridades no sean excluyentes no es necesariamente un problema y, por el contrario, podría ser visto como un ejemplo de tolerancia y apertura mental. Pero lo que preocupa es que esa ambivalencia podría estar motivada en una toma de conciencia demasiado debil y poco informada con respecto a qué siginicfa una opción y qué significa la otra.
Para decirlo con la brevedad que requiere este espacio. Las señales que brinda el gobierno tomando medidas contradictorias como las mencionadas al principo de esta nota, podrían estar dando, como resultado adicional, que muchas personas carezcan de las herramientas conceptuales necesarios para analizar la situación y piensen realmente que el incremento del uso de energías contaminantes no es algo que interfiera con el cuidado del mundo que habitan. Y en un país en el que los efectos del calentamiento global parecen estar produciéndos a mayor ritmo que en el resto del mundo, eso es muy grave.
Toda medida de gobierno tiene un efecto didáctico sobre la ciudadanía que, a su turno, será luego la encargada de optar entre quienes se ofrecen para representarla. Las decisiones de gobierno y la opinión pública se retroalimentan. Y cuando existe poca claridad y contradición en un nivel, no se puede esperar que no haya confusión en el otro.
En la nota que publicamos en este número Cambio climático, pobreza y derechos humanos, de tres especialistas en el tema, queda claro por qué este es un tema al que debemos atender prioritariamente.
