Justicia que castiga y también sana: la propuesta de la diputada Kelly DeRidder

Por
EQUIPO EDITORIAL
-

El debate sobre cómo enfrentar el narcotráfico y la crisis de las adicciones en Canadá suele oscilar entre dos extremos: el castigo severo y la prevención social. La diputada conservadora Kelly DeRidder, representante de Kitchener Centre, ha decidido colocar sobre la mesa una iniciativa que busca tender un puente entre ambos enfoques. Se trata del Proyecto de Ley C-240, presentado el 24 de septiembre y secundado por el parlamentario Todd Doherty.

Este proyecto, que propone enmendar el Código Penal, reconoce que la justicia no debe limitarse a encarcelar. En palabras de la propia DeRidder, “nuestro sistema de justicia debe hacer más que castigar: debe también sanar”. Con esa lógica, plantea dar a los jueces la facultad de ordenar programas de rehabilitación estructurados que incluyan educación, capacitación laboral y tratamientos de recuperación. El objetivo: que la privación de la libertad no sea solo un tiempo perdido, sino también una oportunidad de reinserción real.

La propuesta no es complaciente. De hecho, endurece el castigo para quienes trafican con fentanilo en grandes cantidades, al establecer esta práctica como un factor agravante en las sentencias. La idea es clara: diferenciar entre quienes caen en delitos vinculados a sus propias circunstancias de vulnerabilidad y quienes lucran con un negocio que está devastando comunidades en todo el país.

Entre las medidas destacadas del proyecto figuran:

La posibilidad de que los tribunales ordenen medidas de rehabilitación adicionales durante la condena, desde programas educativos hasta terapias especializadas.

La consideración de los avances en rehabilitación al momento de evaluar la libertad condicional, lo que convierte la recuperación en un criterio decisivo y no en un aspecto marginal.

El establecimiento de sanciones más severas para el tráfico de fentanilo a gran escala, en reconocimiento al enorme daño social que este narcótico provoca.

La importancia de esta iniciativa radica en que integra principios de salud pública en el corazón del sistema judicial. No se trata de “ser blandos con el crimen”, como suele criticarse en debates apresurados, sino de ser inteligentes en la forma de quebrar el ciclo de reincidencia. Si se logra reducir la repetición del delito a través de la rehabilitación efectiva, la seguridad de las comunidades se fortalece y el costo humano y económico de las cárceles disminuye.

Ahora bien, el reto será lograr consenso en un Parlamento donde los discursos sobre seguridad tienden a polarizarse. Los conservadores, tradicionalmente más duros en materia penal, dan aquí un paso hacia un enfoque más integral, mientras que otras bancadas podrían ver con recelo la combinación de castigo severo y programas de reinserción obligatorios.

En un contexto donde el fentanilo se ha convertido en la droga más mortífera de Norteamérica, la pregunta no es si Canadá debe actuar, sino cómo hacerlo. El Proyecto de Ley C-240 parece ofrecer una respuesta equilibrada: castigar con mayor dureza a quienes alimentan el tráfico y brindar una salida más humana y efectiva a quienes pueden reencaminar su vida con apoyo, educación y tratamiento.

Si prospera, esta propuesta podría marcar un antes y un después en la manera de concebir la justicia en Canadá: no como un muro de contención que se resquebraja una y otra vez, sino como un puente hacia la recuperación y la seguridad colectiva.

+ posts

Artículos relacionadosMás del autor