Nueva propuesta de ley busca reforzar control de armas

El primer ministro, Justin Trudeau, anunció esta semana la introducción de una nueva legislación para fortalecer aún más el control de armas en Canadá y mantener a los ciudadanos a salvo de la violencia armada.

El proyecto de ley C-21 presenta algunas de las medidas de control de armas más estrictas en más de 40 años.

Tras los sucesos de Uvalde, Texas, donde 19 menores y 2 adultos perdieron la vida tras un tiroteo en una escuela primaria, fuerzas políticas de varias naciones se han manifestado a favor de aumentar los controles de armamento.

Hace dos años, Canadá prohibió más de 1500 tipos de armas de fuego de asalto de estilo militar. También previamente se fortalecieron las leyes de control para ampliar las verificaciones de antecedentes y evitar que las armas de fuego caigan en manos equivocadas.

Sin embargo, esta nueva propuesta contempla varios puntos destinados a continuar reduciendo las muertes e incidentes relacionados con armas de fuego.

Entre las acciones que se proponen se encuentra implementar un congelamiento nacional para evitar que las personas traigan armas a Canadá y compren, vendan y transfieran las mismas dentro del país.

Se apuesta además por  quitar las licencias de armas de fuego a quienes participen en actos de violencia doméstica o acoso criminal, como el acecho.

El gobierno aboga por luchar contra el contrabando y el tráfico de armas aumentando las sanciones penales, brindando más herramientas para que las fuerzas del orden público investiguen y fortaleciendo las medidas de seguridad fronteriza.

Se propone además abordar la violencia de pareja, la violencia de género y las autolesiones con armas de fuego mediante la creación de una nueva ley de “bandera roja” que permitiría a los tribunales exigir que las personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros entreguen sus armas a las fuerzas del orden público, protegiendo al mismo tiempo la seguridad de la persona que solicita el proceso de bandera roja, incluso mediante la protección de su identidad.

También el gobierno invertirá $ 6,6 millones para ayudar a crear conciencia sobre la nueva ley y brindar apoyo a los grupos vulnerables y marginados para asimilar las disposiciones.