Las cárceles y la infamia en tiempos de pandemia

Las cárceles latinoamericanas son una bomba de tiempo siempre, pero en tiempos de pandemia esta situación es muchísimo peor.

Y el desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas nos muestran desde establecimientos carcelarios que están a punto de transformarse en lugares de ejecución en masa, hasta presidentes a quienes una súbita piedad parece estar empujándolos a la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad, algo que prohiben expresamente los acuerdos internacionales.

La prisión preventiva

El instituto de la llamada prisión preventiva, vigente en la legislación de la totalidad de nuestros países, permite, a través de diversos mecanismos, que alguien sea encarcelado antes de que esté acreditada su culpabilidad. En las prisiones latinoamericanas son más los detenidos sin condena que aquellos que han sido encontrados culpables. Eso, además de ser injusto para quienes padecen directamente la situación, crea condiciones de hacinamiento que terminan siendo un castigo adicional para todo el resto.

Basta que el juez considere que es posible que el acusado puede fugarse si queda en libertad mientras se sustancia el juicio, o que crea que está en condiciones de ocultar o destruir pruebas en su contra, para que alguien sea privado de su libertad desde antes y no después de la condena.

Los usos de esta institución son variados y en los últimos años se hicieron particularmente notorios en la República Argentina. Allí, una argucia legal bochornosa que durante el gobierno de Mauricio Macri se comenzó a conocer pomposamente como “Doctrina Iriurzun”, sostenía que cualquier miembro del gobierno anterior que estuviera acusado de hechos de corrupción debía ser detenido/a preventivamente aunque los hechos no estuvieran probados, porque podía conservar “contactos residuales” en la administración pública que les permitiera alterar las pruebas que, eventualmente, pudiera haber en su contra. Ese uso de la prisión preventiva tenía una obvia destinataria (la ex-Presidenta entonces y actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) que fue, durante 4 años, algo así como una obsesión contínua de gobernantes, jueces, fiscales, agentes de inteligencia y periodistas de los principales medios.
Pero no engañaríamos si pensáramos que las víctimas de la prisión preventiva son solamente los personajes molestos que caen en desgracia y a quienes se quiere “desactivar” a través de la persecución política mediante el sistema judicial.

Las principales víctimas son los pobres.

Los pobres y los diferentes son las principales víctimas del sistema judicial no necesariamente porque los jueces, tomados de uno en uno, deseen llenar de pobres las prisiones latinoamericanas, del mismo modo en que quizás los jueces, en los Estados Unidos y en Canadá, no deciden cada mañana mientras desayunan que ese día harán lo posible para que en las cárceles haya una proporción desatinada de negros y latinos. Los habrá que desayunen todas las mañanas con esa idea, por supuesto, pero el sistema no funciona de esa manera. Funciona con micro-acontecimientos.

Funciona con sectores sociales que están más cerca de la precariedad laboral, de la pobreza estructural y de la carencia de viviendas dignas que otros. Por esa razón, esos sectores están siempre cerca de caer en situación de infrigir alguna ley o alguna reglamentación. No más cerca que otros, pero sí más cerca de ser descubiertos. Funciona con cuerpos policiales a los que les es más fácil perseguir pequeños delitos o a personas caídas en desgracia, que a quienes tengan una ubicación social que les permita defenderse. Funciona con sistemas judiciales a los que ya llega una desproporción de personas pobres y diferentes. Pero esa desproporción en la “llegada” se ve complementada con los prejuicios, el racismo y el clasismo de muchos jueces, a lo que se suma el “clamor” de las clases medias y la prensa que piden cada día con mayor insistencia, más seguridad, penas más largas y manos más duras. De ese modo, en la “salida” del sistema judicial, aquella desproporción que vimos en la entrada se ve aumentada.

El resultado son cárceles atiborradas de personas jóvenes, de piel oscura, habitantes de los suburbios de las grandes urbes, con posibilidades de contratar un abogado cercanas a 0 y que después del paso por todos los errores y horrores del sistema, serán decididamente más peligrosos cuando salgan de la cárcel de lo que pudieran haber sido cuando se los encarceló “preventivamente”.
En ese contexto, existe el peligro que un virus como el Covid-19 entre en cárceles atestadas y sin las condiciones mínimas de higiene, que se convertirían así en cámaras de muerte y en focos de multiplicaciónn del contagio (porque no hay que olvidar que los carceleros viven fuera y van a sus casas diariamente). Para prevenir eso, tanto los organismos de defensa de los derechos humanos de los diferentes países latinoamericanos como los organismos internacionales como la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, han recomendado la rápida liberación de las personas con grados altos de vulnerabilidad y que no presenten una peligrosidad manifiesta, como mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, detenidos que están a pocas semanas de su liberación, o quienes padecen enfermedades incurables.

No parece algo desproporcionado a la gravedad que una pandemia presenta para todo el conjunto social y no parece algo difícil de entender para gobernantes con algún grado de sensibilidad social, pero siempre hay excepciones.

Un presidente generoso con sus viejos amigos

Una de esas excepciones, quizás en este momento la más indignante es la de Sebastián Piñera. El presidente de Chile, que se ha hecho famoso ya en el mundo entero por su incapacidad para comprender lo que pasa en su propio país, ha exeptuado de la liberación a los detenidos a causa del estallido social de octubre-noviembre, casi todos ellos jóvenes a quienes aún no se ha juzgado y que en la gran mayoría de los casos no tienen siquiera acusasiones serias. Eso ya es demostrativo de una mentalidad algo obtusa, pero Piñera ha ido más allá. No lo ha decretado ya, pero ha anunciado su voluntad de que sean indultados los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar que asoló al país entre 1973 y 1983.

Los acuerdos internacionales de los que Chile es signatario, determinan que las condenas por delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulos, amnistías ni liberaciones anticipadas, ya que el efectivo cumplimiento de esas penas es una de las pocas garantías que la sociedad tiene para evitar que esos hechos se vuelvan a producir.

Quienes en Chile han sido condenados por violación a los Derechos Humanos,cumplen sus condenas en establecimientos especiales en los que disfrutan, sin que existan razones válidas para ello, de beneficios y posiblilidades de esparcimiento y cuidado de la salud que no disfrutan el resto de los chilenos. Utilizar la excusa de la pandemia para liberarlos mientras no se libera a los pobres, a los diferentes o a los rebeldes es, realmente, otraa infamia inconcebible.