VISITA DE ACTIVISTAS Buscan apoyo contra la demanda de la canadiense OceanaGold

En 2013, OceanaGold adquirió Pacific Rim cuando la minera estaba al borde de la quiebra, y mantuvo la demanda contra El Salvador.

Una delegación de El Salvador inició esta semana una visita a Canadá para recabar apoyos contra la minera australiano-canadiense OceanaGold, que demanda 301 millones de dólares al país centroamericano por negarle el permiso para explotar una mina de oro.

 

La delegación está encabezada por la Procuradora para la Defensa al Derecho al Medio Ambiente de El Salvador, Yanira Cortez, e incluye a Marcos Gálvez, presidente de la ONG salvadoreña Cripdes, que representa a comunidades afectadas por proyectos mineros en el país centroamericano.

 

Cortez y Gálvez tienen previsto participar hoy en un evento en el centro de estudios progresista Canadian Centre for Policy Alternatives, en Ottawa, y reunirse en los próximos días con parlamentarios canadienses así como con representantes de organizaciones civiles y sindicatos para recabar apoyos para El Salvador.

 

Pero Cortez lamentó en declaraciones a Efe que ningún representante del Gobierno canadiense haya mostrado interés en reunirse con ella.

 

“Creo que se han girado algunas invitaciones pero no ha habido respuesta aún. Sería interesante que las autoridades de Canadá escuchasen la posición de la Procuraduría salvadoreña”, dijo Cortez.

 

La Procuradora recalcó que la demanda de OceanaGold contra El Salvador puede sentar un “peligroso” precedente y supone una grave amenaza para la economía del país centroamericano.

 

El caso se remonta a 2009, cuando la compañía canadiense Pacific Rim presentó una demanda contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo para Diferencias Relativa a Inversores (CIADI) del Banco Mundial por no permitir la entrada en funcionamiento del proyecto El Dorado.

 

Pacific Rim demandó 301 millones de dólares a las autoridades salvadoreñas al estimar que el proyecto de la mina de oro de El Dorado, situado en el departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, tiene un gran potencial económico.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos salvadoreños negaron la concesión de la licencia de operación de El Dorado por la amenaza que la mina representa para el agua potable de gran parte del norte del país y otros daños medioambientales.

 

En 2013, OceanaGold adquirió Pacific Rim cuando la minera estaba al borde de la quiebra, y mantuvo la demanda contra El Salvador.

 

Cortez destacó que los más de 300 millones de dólares que OceanaGold reclama es “el presupuesto combinado para salud, educación y seguridad de tres años” de El Salvador.