Inmigrantes en EE.UU. esperan una señal positiva de Joe Biden

Inmigrantes indocumentados de América Latina y de otras áreas del mundo que viven sin permiso legal en Estados Unidos, o que aspiran a viajar a ese país, esperan una señal positiva del nuevo presidente de la principal potencia del mundo, Joe Biden.

Tienen esperanza en que el político demócrata, que derrotó a su rival, Donald Trump, connotado adversario de los inmigrantes, en las elecciones del 3 de noviembre pasado, les permita algún día disfrutar lo que ellos denominan como el “sueño americano”.

Desde las primeras horas en su puesto en la Oficina Oval, Biden firmó más de 20 órdenes ejecutivas, que tenían como fin echar por tierra disposiciones de su antecesor en varias esferas de la vida.

Una parte considerable de esas acciones aborda un grupo de disposiciones para enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19 desde los puntos de vista de salud pública y de la economía afectada por la grave crisis sanitaria, y también tuvo en cuenta la difícil coyuntura que enfrentan los inmigrantes en la nación norteña.

Durante sus cuatro años en el poder, Trump obstaculizó de manera significativa las aspiraciones de vivir en suelo estadounidense de los indocumentados que llegaron a la nación norteña en diferentes periodos, y que en total se calcula sean unos 10,5 millones, según entidades humanitarias.

Biden prometió un cambio de 360 grados con un acercamiento más estrecho a los intereses de los inmigrantes  en la campaña para los comicios del 3 de noviembre de 2020, y reiteró su deseo de presentar proyectos de leyes para lograr tales fines.

Esto lo intenta concretar ahora al presentar la llamada Ley de Ciudadanía Estadounidense (U.S. Citizenship Act) 2021, enviada al Congreso por Biden el primer día en su cargo, una pieza legislativa que algunos expertos califican como “la más progresista en la historia” de ese país.

Esta iniciativa prevé que aquellos extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2021 podrían solicitar una residencia temporal,  y estarían en capacidad de lograrla de forma permanente al cabo de cinco años.

Quienes se acojan a esta iniciativa, cuando la apruebe el Congreso, tendrían que someterse a un chequeo estrecho de antecedentes penales, entre otros requerimientos básicos.

El proyecto prevé además el otorgamiento de un millonario fondo anual para países de América Central, que de acuerdo con los patrocinadores de la medida, servirá para ayudar a gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, a luchar contra algunos de los problemas de fondo causantes del éxodo hacia Estados Unidos.

Pero nada está asegurado en cuanto a la aprobación del proyecto, por lo que algunos legisladores estadounidenses son escépticos sobre el futuro de esta medida. Para aprobarla se necesitan al menos diez votos de senadores republicanos y dentro de ese partido ya se escucharon criterios de rechazo al plan.

Los menos optimistas recuerdan que en 2013, y con un proyecto que expertos consideran menos progresista que este, la administración de Barack Obama no consiguió que su propuesta obtuviera el aval de la Cámara de Representantes, que en esos momentos estaba controlada por los republicanos.

Algunos aseguran que Biden, como vicepresidente de Obama tiene al menos una parte de responsabilidad e influencia sobre la política del mandatario, a quien se le denominó con el apelativo de “Deportador en Jefe” por sus constantes acciones de repatriación de individuos a sus naciones de origen.

En 2014, Obama anunció una nueva política para hacer cumplir las leyes migratorias, que pretendía priorizar la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

Según el sitio digital The Intercept, menos de una quinta parte de los inmigrantes deportados en todo el país bajo tales disposiciones fueron condenados por delitos violentos, y más del 40 por ciento no tenía ninguna condena penal.

De acuerdo con cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , el 85 por ciento de todas las expulsiones y devoluciones durante el año fiscal (AF) 2016 fueron de no ciudadanos que habían cruzado recientemente la frontera de Estados Unidos de manera ilegal.

En el AF-2016 el DHS realizó 530 mil 250 detenciones y 344 mil 354 deportaciones, en comparación con 462 mil 388 aprehensiones y 333 mil 341 remociones un año antes.

Algunos especialistas insisten en que hay que darle un voto de confianza a Biden y su equipo en cuanto a la política migratoria, y por lo menos asumir que las nuevas disposiciones darán una oportunidad a quienes aspiran a regularizar su estatus y alejar al menos por ahora el fantasma de las deportaciones y el perjuicio de estas a los indocumentados y sus familias.